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El viernes pasado, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La publicación del documento suele contar con una audiencia ciertamente especializada, y si bien siempre es un texto importante, la edición de este año estuvo entre las más críticas de la historia reciente.
¿Por qué? Porque incluyó la suspensión de la regla fiscal, mediante la utilización de una cláusula de escape que se puede invocar ante situaciones de extrema necesidad que amenacen la estabilidad macroeconómica del país.
¿Estamos en ese punto? Sí y no. Sin embargo, la cláusula es vista como la única fórmula para decir, de verdad, cómo están las cuentas del país después de varios años de supuestos llenos de optimismo y poca sustancia que nos han llevado, en últimas, hasta este momento.
El documento presentado por el Ministerio de Hacienda incluye una nueva reforma tributaria que, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, buscaría recaudar un mínimo de $19 billones. La iniciativa iría por el lado de modificar “la estructura del IVA para reducir gasto tributario. Modificación del ImpoConsumo. Modificaciones adicionales al impuesto de renta de personas naturales”.
Las cuentas del Plan Financiero, que el Gobierno presentó en febrero, decían que en 2025 el déficit fiscal (la brecha entre ingresos y gastos) quedaría en 5,1 %, pero en el Marco Fiscal se estima que cerrará el año en 7,1 %. Para el próximo año el déficit se ubicará en 6,2 %.
No obstante, más allá de los supuestos y datos del marco, lo que queda claro es que la próxima administración nacional asumirá retos de gran calado para volver a enderezar el norte fiscal del país hacia terrenos más cercanos a la sostenibilidad y la responsabilidad que hacia los de la emergencia y la incertidumbre.
Desde el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana analizan cómo se encuentra el panorama y hacia dónde vamos.
Los retos fiscales del futuro en Colombia
Colombia se acerca a su mayor déficit fiscal desde la pandemia, sin haber atravesado una emergencia comparable. A diferencia de 2020, cuando el covid-19 obligó hacer un esfuerzo fiscal extraordinario, esta vez el desequilibrio ha sido progresivo, previsible y, en buena parte, autoinfligido.
En 2024, el déficit fiscal del Gobierno Central cerró en 6,7 % del PIB, superando por más de un punto la meta oficial de 5,6 %, presentada apenas seis meses antes del cierre del año. Esta desviación fue causada por una caída significativa en el recaudo tributario, que pasó del 16,7 al 14,4 % del PIB, regresando a su tendencia histórica tras el pico excepcional de 2023.
En 2025 la situación no ha mejorado. A pesar de que el Gobierno proyectó en febrero un déficit del 5,1 % del PIB, los datos más recientes sugieren que la brecha entre ingresos y gastos seguirá ampliándose. Solo en el primer trimestre, la DIAN reportó una caída real del 2 % en el recaudo, con faltantes superiores a $7,7 billones frente a lo proyectado. Mientras tanto, los compromisos de gasto inflexible, que representan más del 90 % del presupuesto nacional, continúan ejerciendo presión. A esto se suma el rezago presupuestal de $60 billones del año pasado (3,5 % del PIB), que compite por la caja de 2025.
En este contexto, el Gobierno Nacional decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal y suspender su aplicación por tres años. Este instrumento impone límites al déficit y al endeudamiento, garantizando la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.
La estrategia de simular cumplimiento de la regla fiscal en 2024 mediante las llamadas transacciones de única vez (TUV), por un valor del -1,9 % del PIB, carecía de sustento técnico y deterioró la credibilidad institucional. La activación de la cláusula, aunque esperada, implica sincerar las cuentas y reconocer el verdadero tamaño del desequilibrio fiscal.
La cláusula de escape fue diseñada para situaciones excepcionales que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Hoy, sin una crisis externa o una emergencia de gran magnitud, su activación plantea serias dudas sobre el compromiso del país con la disciplina fiscal. Sin embargo, parece ser el único camino posible y que confirma que el Plan Financiero 2025 y el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 sobreestimaron los ingresos y evitaron reconocer la magnitud del ajuste necesario.
Con este giro, la mayoría de los analistas anticipan un déficit cercano al 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto de la historia reciente, solo superado por el de 2020. El endeudamiento aumentará, en un contexto donde la deuda neta ya bordeó el 60 % del PIB en 2024 (muy cerca del límite de sostenibilidad del 71 %), y el pago de intereses alcanza el 5 % del PIB. Esto se traduce en menos espacio para inversión pública, mayor costo del financiamiento y riesgos crecientes para la estabilidad económica.
El momento exige responsabilidad fiscal. La credibilidad del país está en juego. Sin un ajuste claro, esta decisión podría comprometer la calificación crediticia, encarecer las tasas de los TES y amenazar instrumentos estratégicos como la Línea de Crédito Flexible del FMI.
La coyuntura, no obstante, va más allá de una cifra o una cláusula. El deterioro acelerado de las cuentas públicas y la creciente desconfianza sobre la capacidad del Estado para cumplir sus promesas hacen de este Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) uno de los más relevantes de las últimas décadas. No solo se trata de recuperar equilibrio fiscal, sino de restaurar la confianza ciudadana y la credibilidad de nuestras instituciones.
En la recta final del actual Gobierno, y con una retórica cada vez más polarizada, es probable que el ajuste propuesto sea insuficiente o poco convincente. Por eso, el país reclama un pronunciamiento claro del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que ponga límites y ofrezca lineamientos técnicos al debate.
La magnitud de los retos fiscales que enfrentará la próxima administración es histórica.
El primero de ellos es el fracaso en consolidar una base tributaria sólida, pese a reformas frecuentes. Las exenciones, beneficios especiales y zonas francas han erosionado el recaudo estructural. Es urgente una reforma tributaria verdaderamente progresiva que revise los tratamientos preferenciales y refuerce la tributación territorial.
El segundo es la inflexibilidad del gasto público, atado casi en su totalidad a funcionamiento, deuda y transferencias obligatorias. Esta estructura impide ajustes racionales y castiga de forma desproporcionada la inversión pública. Superar esta rigidez requiere herramientas como la presupuestación por resultados, la revisión del gasto y el fortalecimiento de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso.
El tercer desafío es la implementación de reformas del actual Gobierno que aumentan el gasto sin fuentes claras de financiación. La reforma pensional, por ejemplo, generará presiones fiscales crecientes desde 2026; el Acto Legislativo que duplica las transferencias del SGP añade otra carga creciente a lo largo de la próxima década. Sin ajustes paralelos, estas medidas comprometen la sostenibilidad del sistema.
El cuarto desafío es más estratégico: restaurar la confianza en el manejo fiscal como condición para el crecimiento. Para ello se necesita recuperar el diálogo con el sector privado, atraer inversión y promover la formalización laboral.
El próximo Plan Nacional de Desarrollo debería incluir una estrategia fiscal integral que incluya la inversión privada, elemento que fue excluido del Plan actual.
En suma, reconstruir la sostenibilidad fiscal no será cuestión de un decreto ni de una reforma aislada. Requerirá un esfuerzo de largo aliento para repensar el gasto público, fortalecer la base tributaria, establecer alianzas con los privados y recuperar la confianza institucional, en un escenario de expectativas sociales crecientes y menor margen de maniobra económica. El verdadero reto será construir un nuevo pacto fiscal con la ciudadanía, que permita al Estado cumplir con sus promesas sin hipotecar su viabilidad futura.
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