Oso expresidencial

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no sólo aprobaron por unanimidad la misión política que acompañará la desmovilización y dejación de armas de las Farc, sino que se convino un esquema novedoso de verificación tripartita entre este organismo, el Gobierno y la guerrilla, que podrá convertirse en modelo a implementarse en procesos similares futuros. Igual suerte se prevé para una segunda misión que será solicitada a la Asamblea General para acompañar la reintegración de los exguerrilleros y la garantía de su seguridad y derecho a participar en política. Por otro lado, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ha avalado el cumplimiento con los estándares internacionales en lo que a justicia transicional respecta, ya que el acuerdo vela por los derechos de las víctimas, no otorga amnistías ni indultos para crímenes de lesa humanidad y reitera el compromiso del Estado de poner fin a la impunidad.

A su vez, acaba de arrancar la Iniciativa Global de Desminado Humanitario para Colombia, liderada por Estados Unidos y Noruega y en la que 22 países adicionales, más la Unión Europea, acompañan la crucial tarea de eliminar las minas antipersonal del campo colombiano. Entre el sinnúmero de personalidades que han manifestado su apoyo, el papa Francisco, pese a declinar participar en la elección de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha dicho de forma inequívoca que es hora de poner fin a la guerra.

La contracara de tal entusiasmo es que no hay un solo gobierno, organización o figura mundial que se haya opuesto, con excepción tal vez de Human Rights Watch. De allí que resulte tan difícil de asimilar, al menos desde afuera, la oposición al acuerdo de algunos sectores de la población nacional y, más aún, el hecho de que dos expresidentes que hace poco eran enemigos políticos acérrimos —Álvaro Uribe y Andrés Pastrana— lideren la campaña por el No en el plebiscito. En un comunicado sobre la ceremonia protocolaria en Cartagena el próximo 26 de septiembre, afirman que la participación extranjera “en este acto de campaña política constituye una clara intromisión en asuntos internos de Colombia” y piden no interferir a favor del “grupo terrorista y narcotraficante Farc”.

Uribe también ha denunciado la injerencia y los intereses “ocultos” del delegado estadounidense en La Habana, Bernie Aronson, y desvirtuado el concepto favorable de la fiscal de la CPI. Además de representar posiciones que minan su credibilidad externa, así como la de sus partidos —en caso de que venza el No o de que alguno gane las presidenciales de 2018 e intente revertir lo negociado—, la desfachatez de un argumento soberanista en boca de quienes ingeniaron el Plan Colombia y la política de seguridad democrática, dos componentes de la mayor intervención internacional en la historia del país, es risible. Señores expresidentes (en especial Pastrana): ¡dejen de hacer el oso!