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La historia es conocida. En vísperas de elecciones, las autoridades -encabezadas por la Procuraduría- responden a la demanda de algún ciudadano contra algún funcionario en ejercicio que participa en política. En esta ocasión fueron separados de sus cargos nada menos que los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por decisión de la procuradora Margarita Cabello. Son acusados de participar en política. (Lea más columnas de Rodrigo Pardo sobre la campaña presidencial).
Y se repite el cuento. El debate entre quienes abogan por una revisión de las normas que prohíben la participación de los funcionarios en política, en una esquina, con el argumento de que son obsoletas, inútiles y hasta peligrosas. La gestión pública tiene una dimensión política que no se puede desconocer. En las democracias más respetadas los funcionarios participan en lo público, y en campañas electorales, con restricciones y limitaciones obvias sobre el uso y el abuso de los recursos del Estado. Pero desconocer el carácter político de la gestión gubernamental es tan inútil como dañino. De paso, es una invitación a la profundización del desprestigio de la política.
En la otra esquina están quienes son partidarios de imponer y reforzar controles. Normas que restringen el uso de los bienes y recursos del Estado en campañas electorales, con el fin de impedir que quienes están en cargos públicos tengan ventajas sobre quienes están afuera. Colombia, como es sabido, está en este grupo. Hay normas e instituciones dirigidas a combatir el uso de los bienes estatales en propósitos electorales. El propósito sano es limitar la ventaja que se deriva de participar en una campaña desde el Estado e impedir que los funcionarios utilicen los recursos del poder institucional para eternizarse en los cargos oficiales, lo cual impone una desventaja para los demás.
La discusión más reciente se produjo a raíz de la introducción de la reelección presidencial -bajo el mandato de Álvaro Uribe- en momentos en que se hacía necesario, por definición, revisar las normas que regían las campañas electorales. En espacial, las que se necesitaban para evitar que el presidente-candidato tuviera ventajas ilegítimas sobre los demás. Tanto la discusión como las normas aprobadas entonces se quedaron obsoletas con el regreso a las reglas de juego que establecen un solo período de cuatro años, sin reelección.
El debate, en fin, siempre se agita con frecuencia en tiempos de campaña: en las elecciones presidenciales -y eventualmente en las de alcaldías- porque tienen un carácter unipersonal en el que han perdido protagonismo los partidos. Y también porque ellas encabezan la fila de las prácticas políticas en las que han ido perdiendo espacio las fuerzas tradicionales.
Pero el limbo siempre es confuso y resbaloso. ¿Cómo así que en época electoral los funcionarios no pueden participar en política? ¿Acaso dejan de ser ciudadanos? Obvio: no se puede permitir el uso de los bienes públicos por parte de quienes los tienen bajo su manejo para hacer política, ni sacar ventaja del abuso de los bienes del Estado. Pero todos los ciudadanos tienen derecho al voto y a participar en una campaña. Y esos no se limitan, ni mucho menos desaparecen, para los electores que sean, eventualmente, parte del equipo del gobierno de turno.
Convendría mirar el asunto con más calma, para lo cual lo primero es que se abra la discusión en época no electoral, pues el debate surge, normalmente, en vísperas de elecciones cuando los intereses creados se imponen sobre la discusión más tranquila. Vale decir, la argumentación institucional y académica se confunde con las discusiones propias de la campaña electoral. Y en las discusiones no se cruzan argumentos, sino nombres de candidatos o de otros actores de la política. ¿Es eso lo que está pasando ahora?
Y hay más. Por ejemplo, el debate sobre las inhabilitaciones de funcionarios elegidos por voto popular, por parte de organismos de control. Los retiros de sus cargos, por ahora temporales, de los alcaldes Andrés Fabián Hurtado y Daniel Quintero. Decisiones que, en un ambiente general de hastío, son aplaudidas, pero no necesariamente justas ni duraderas: alguien las calificaba de populismo penal. Y de lo que se trata es de perfeccionar las normas y las prácticas que forman parte de la política seria. Entre ellas, las que marcan la frontera entre el ejercicio de derechos individuales y el cumplimiento de deberes frente al Estado.
* Periodista y exministro.
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