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Ni navegan en barcos ni saquean cofres en altamar; no esconden ron ni tabaco en las costas del Caribe; tampoco trafican con seda en rutas marítimas olvidadas, ni relojes falsos en callejones oscuros; no venden celulares robados en cuadras donde no entra ni la policía. Operan en la red. Su botín son las transmisiones deportivas. Roban señales, sortean bloqueos y venden acceso a todos los canales del mundo a precios de ganga. Desde un televisor en Bogotá, un celular en Quito o cualquier parte del mundo, millones de usuarios consumen partidos, peleas, carreras, mundiales y olimpiadas en canales ilegales. Es la piratería del siglo XXI. Surcan la red y asaltan uno de los tesoros más codiciados del entretenimiento: las transmisiones deportivas.
El fenómeno es de doble filo. Los usuarios se defienden: el costo de los paquetes deportivos es alto, cada vez más multiplicado y la calidad, en muchos casos, discutible. Por su parte, operadores y productores del contenido denuncian pérdidas millonarias y quiebres financieros en sus operaciones, que ponen en vilo la sostenibilidad del negocio. En Colombia, donde la emisión privada del fútbol sostiene gran parte de la industria, la piratería golpea durísimo. Es un dilema en tensión: acceso contra sostenibilidad.
Para entender mejor este fenómeno —y su impacto en el continente— es clave mirar el panorama completo. De las redes globales de distribución ilegal a las cifras concretas en América Latina y Colombia, la piratería digital es una amenaza que desborda fronteras.
Colombia, el segundo país más pirata del continente
La piratería digital es un negocio establecido. Y crece a toda velocidad. Detrás de cada clic en una página pirata hay redes globales que capturan y venden transmisiones ilegales de información. El usuario, muchas veces sin saberlo, no solo vulnera derechos de autor: también pone en riesgo su seguridad digital; malware, robo de datos, acceso a redes domésticas… El precio de ver un partido “gratis” puede ser mucho más alto.
El impacto no se queda en las pantallas. Se siente en la economía del deporte. En América Latina, más de 16 millones de hogares consumen televisión pirata y otros 35,8 millones acceden a señales por internet. La diferencia es simple: la TV pirata replica señales de pago mediante conexiones ilegales; la piratería online las distribuye por la red, accesibles desde cualquier dispositivo. Las pérdidas son enormes. La industria en la región deja de percibir US$6.487 millones anuales por el consumo online, y los gobiernos pierden US$1.167 millones en impuestos. El robo de señal en la TV paga genera otros US$2.492 millones en pérdidas. Además, habría que tener en cuenta las pérdidas de US$1.800 millones para los programadores y los US$768 millones que se dejan de percibir en tributos, solo teniendo en cuenta el IVA. En total, más de 35.000 empleos desaparecen en esta economía paralela. Lo que parece un atajo para ver fútbol sin pagar, en realidad, desangra el sistema que sostiene los contenidos que millones disfrutan.
“El combate contra la piratería es país por país”, advierte Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, iniciativa que une a los gobiernos del continente con los principales operadores de señal televisiva de la región (en el caso colombiano Win, DirecTV y Claro). Bacaloni no es un actor menor en esta pelea: lidera la estrategia antipiratería del Grupo Vrio —matriz de DirecTV, DGO y Sky Brasil, el mayor proveedor de TV paga en la región— y diseña iniciativas para toda América Latina. “En cada país debemos trabajar con jueces, entes reguladores y gobiernos. Y la voluntad política es clave”, le dijo a El Espectador.
El argentino le explicó a este diario que Colombia está rezagada en este aspecto, mientras que Brasil y Uruguay son espejos en la región en la lucha contra esta problemática por sus políticas públicas. “Estamos trabajando de manera muy dinámica, con avances importantes junto a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Fiscalía. Sin embargo, en Colombia todavía no estamos alcanzando el dinamismo ni la celeridad que necesitamos”. La consecuencia es clara: la piratería sigue creciendo.
Colombia es el segundo país con mayor consumo de piratería en línea en América Latina, con un 54,2 % de los hogares con internet accediendo a contenido ilegal, lo que equivale a 4.492.513 hogares. Además, el 26 % de los hogares con TV paga —unos 2,27 millones de hogares— consume señales de manera ilegal. Las pérdidas anuales suman US$434,3 millones por piratería en línea y US$255,7 millones por robo de señal de TV paga. En el aspecto fiscal, el país deja de recaudar US$82,5 millones en IVA por piratería en línea y US$98,5 millones por piratería de TV paga. En total, se estiman más de 9.000 empleos potenciales perdidos a causa de estas prácticas ilícitas.
El problema de la regulación
El mayor problema en Colombia es que no existe una regulación actualizada que permita actuar con rapidez. Aunque los operadores y la Fiscalía logran identificar a quienes cometen el delito, necesitan órdenes judiciales para bloquear los contenidos ilegales. Los procesos son largos e ineficaces. Fernando Azuero, vicepresidente jurídico de Win Sports, lo resume así: “Cuando en 2020 decidimos sacar el canal prémium, empezamos a tener problemas porque se multiplicaron los casos. Antes, cuando teníamos solo la señal básica, no era tan problemático. Sin embargo, los procesos son muy dilatados. En 2018 tuvimos el primer proceso por retransmisión ilegal del fútbol colombiano. Sacamos el proceso y le dieron cinco años de prisión al representante legal. Pero mire lo difícil: eso fue en 2018 y apenas el año pasado salió en casación: ¡seis años! Eso es imposible. Ya casi se nos van a acabar los derechos, toca renovarlos y solo hemos terminado un proceso”. Win, propiedad de RCN y Torneos, ha llegado a levantar 40 denuncias en la Fiscalía; veinte de ellas fueron archivadas. “Las mandábamos a delitos informáticos, pero el fiscal, en vez de trasladarlas, las archivaba. Hoy tenemos 19 casos activos, con procesos que llevan cuatro o cinco años”.
El debate de fondo pasa por la neutralidad de la red. La ley colombiana protege la libre circulación de datos, lo que limita la capacidad de frenar contenido ilegal en tiempo real. “La tecnología va mucho más rápido que el derecho”, advierte Diana Marcela Córdoba, jefa de Operaciones y Administración para países de habla hispana en la Alianza contra la Piratería. “Los marcos legales no alcanzan a actualizarse al ritmo en que surgen nuevas herramientas y fenómenos digitales. La neutralidad de la red es un tema central y a la vez un problema legal. Hay un debate sobre hasta qué punto se puede intervenir en el tráfico de datos sin afectar derechos fundamentales o la libre circulación de información. En el marco legal colombiano, la neutralidad de la red está muy protegida”.
El Gobierno admite la falta de regulación. “Hoy tenemos un vacío importante: falta regulación específica que permita actuar de manera más efectiva frente a este problema”, reconoce Íngrid Paola Hernández, asesora presidencial y coordinadora de Transformación Digital. “Necesitamos avanzar en ese marco legal”. Sin nuevas herramientas jurídicas, los operadores y la Fiscalía siguen limitados en su capacidad de respuesta.
Para Gale Mallol, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Asotic), la situación es crítica. “El ecosistema cambió: es digital, es inmediato y, por supuesto, la tecnología todos los días va mucho más rápido. La regulación siempre está más lenta”. Además, señala otro frente de preocupación: los nuevos actores que explotan este vacío legal. “Hoy en día tenemos operadores ‘golondrinas’, como yo los llamo. Este tipo de operadores son los que más nos perjudican, porque empiezan a competir con uno de los márgenes más bajos de Latinoamérica, que es el colombiano. Ofrecen internet de 500 megas, 100 canales, a $19.000. Es imposible competir. No somos los mismos 57 operadores que venimos desde hace 15 años; los nuevos operadores, que están generando negocios al margen de la ley, llevan a la necesidad de que actualicemos las leyes en este tema, que en Colombia son muy arcaicas”, advierte.
¿Por qué es tan difícil bloquear a los piratas?
La batalla contra los piratas no es sencilla. El sistema que permite que una señal ilegal llegue a cualquier pantalla es sofisticado y veloz. Primero, se capta la señal oficial mediante sistemas hackeados o cajas IPTV modificadas. Luego, esa señal se redistribuye a través de servicios globales de hosting —como Cloudflare, AWS, Google Cloud o GitHub—, que muchas veces no frenan el contenido ilegal. La siguiente etapa es la más masiva: grupos cerrados en Telegram, Signal o Discord venden el acceso, mientras las páginas piratas aparecen y desaparecen con la misma rapidez con que son detectadas. Los piratas siempre van un paso adelante: migran a nuevos dominios y servidores, burlando los bloqueos.
Los canales afectados, como Win Sports en el caso de Colombia, han pedido a los proveedores de internet, como Claro, o también a la Fiscalía, que bloqueen estos dominios. Sin embargo, el problema es más complejo. Muchos de estos sitios están alojados en la nube, en servicios que también hospedan contenido legítimo. Un bloqueo indiscriminado podría afectar a empresas o usuarios legales. Por eso, la industria reclama que los gigantes tecnológicos tomen un rol más activo. “Google, por ejemplo, debería ser quien bloquee directamente las aplicaciones y los sitios que infringen derechos”, sostiene Víctor Hugo Portillo, abogado antipiratería de LaLiga de España. El problema no es solo de búsqueda. “Android es un sistema de código abierto. Cualquiera puede crear aplicaciones ilegales y distribuirlas. El drama es que después, por temas de neutralidad de la red y libertad de uso de la plataforma, Google no bloquea esas aplicaciones de manera efectiva”, advierte. Por eso, LaLiga ha optado por llevar la pelea a los tribunales. “Estamos presentando querellas contra Google en distintas jurisdicciones. En Colombia, y en muchas partes del mundo, tenemos varias querellas en curso para que estos actores se hagan responsables del bloqueo en estas instancias”, explica.
El otro gran obstáculo es la propia arquitectura de internet. El uso de redes privadas (VPN), criptomonedas y apps pirateadas hace que los rastros sean difíciles de seguir. Además, el tema de la neutralidad de la red —que no solo es un obstáculo en Colombia— limita las posibilidades de bloquear tráfico en tiempo real. Por eso, aunque los operadores colaboran con los proveedores de internet para frenar dominios y rastrear conexiones sospechosas, la lucha sigue siendo desigual. La piratería digital es un fenómeno transnacional, flexible y en constante evolución.
Y ¿qué pasa con el usuario?
La Alianza contra la Piratería alerta que quienes consumen señales a través de medios ilegales se exponen a riesgos de vulneración de la privacidad. No obstante, hay otra arista que no se puede ignorar: el costo.
Cada día el deporte se privatiza más. Los modelos PPV (pay per view) obligan a pagar por cada evento o paquete específico, sumando suscripciones que pocos pueden costear. En Colombia, por ejemplo, un aficionado que quiera seguir el fútbol nacional y las principales ligas y disciplinas internacionales debe pagar suscripciones, como mínimo a Disney+, DGO y Win Sports, además del servicio de cable básico. El gasto es alto y la calidad de las transmisiones, muchas veces, no compensa. Las quejas, en redes sociales, se multiplican.
Ante este escenario, para muchos usuarios la piratería aparece como una vía de escape, un camino más asequible para un público que no tiene los recursos para costear tantos paquetes. Lo que antes se veía en televisión abierta o en una suscripción básica, hoy se fragmenta en múltiples plataformas. Y con ello, el acceso se convierte en un privilegio. La discusión sobre el derecho a disfrutar del deporte, un bien cultural y social, cobra así nueva relevancia.
El círculo se cierra. En un mercado cada vez más fragmentado y excluyente, la piratería crece alimentada por la demanda insatisfecha. Los nuevos piratas surcan la red, capturan señales y venden acceso al mejor postor. Y mientras el sistema legal intenta alcanzar una tecnología que corre más rápido, el gran dilema sigue en pie: ¿cómo equilibrar el derecho de los usuarios a acceder al deporte con la sostenibilidad de la industria que lo hace posible?
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