Plebiscito y deliberación pública

Debemos pasar esa página porque los problemas y retos que perduran son enormes. Entre ellos están: a) consolidar el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio por parte del Estado, lo que implica erradicar los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la minería ilegal, que son condiciones objetivas para la proliferación de actores violentos, especialmente en grandes territorios con bajísima densidad de población y condiciones espaciales complejas; b) mejorar la calidad de la educación, que muestra muy pobres resultados en las pruebas internacionales, y cambiar sistemas de enseñanza obsoletos, ajenos a un mundo que exige creatividad, flexibilidad y formación permanente; c) reducir la informalidad laboral y empresarial, que hace inviable el aumento de las coberturas en la seguridad social y es causa de los bajísimos recaudos tributarios; d) erradicar la corrupción, especialmente en la contratación pública de los departamentos y municipios; e) modernizar el Estado, que tiene un manejo gerencial de hace medio siglo y ha sido incapaz de incorporar procesos administrativos y sistemas tecnológicos y de información con los que cuentan las empresas privadas desde hace décadas; f) continuar con la modernización de la infraestructura física.

Precisamente, de visita en Colombia la semana pasada, el profesor Javier Sala-i-Martin, de la Universidad de Columbia, afirmó que, en la encuesta que realizó como insumo para la construcción del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, la violencia y la inseguridad no estaban entre los 15 problemas más serios señalados por los empresarios colombianos.

La solución de muchos de estos problemas pasa necesariamente por políticas de Estado que requieren unos consensos mínimos entre los diferentes actores políticos y sociales. Y, para lograr dichos consensos, lo que más necesitamos es poder dialogar y discutir en forma serena y razonada. De hecho, Jürgen Habermas ha argumentado que lo que diferencia a las verdaderas democracias es, precisamente, la deliberación pública en escenarios y foros bien estructurados, en donde se respeten las opiniones contrarias y en donde las partes estén dispuestas a aceptar el triunfo de los argumentos opuestos.

Y en un país en donde la mayoría de la gente aún se sienta en las noches a mirar la televisión, el Estado debería promover y financiar espacios de debate bien estructurados y con excelentes moderadores sobre los grandes problemas nacionales. De hecho, antes del plebiscito, el mismo acuerdo de La Habana debería discutirse en, por lo menos, unos tres debates en los canales nacionales de televisión, en horarios triple A, entre los voceros más destacados del Sí y del No.

Cuando muchos argumentan la necesidad de enfrentar los problemas con reformas constitucionales y legales o con cuantiosas inversiones del Gobierno, lo primero que necesitamos es una deliberación serena, razonada y razonable. Después de todo, en una sociedad abierta nadie tiene la verdad revelada y, como la ciencia, las naciones progresan a base de pruebas y eliminación de errores por medio de la deliberación y la crítica. Cuánto ganaríamos si se aceptase que la deliberación pública es tan importante para la democracia como lo es el agua para el pez.