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La recta final de 2023 fue activa para el despacho del magistrado Fabio Iván Afanador García, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En las últimas semanas, a su escritorio han llegado varios documentos que engrosan un importante expediente en el que están en juego la financiación de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y la preservación de la fauna y flora de una de las reservas ambientales más biodiversas de Colombia. Se trata de la acción popular que busca frenar una obra de la Armada Nacional en el Parque Nacional Natural Gorgona, que en los últimos años ha generado polémica por su posible impacto ambiental y su escasa socialización con la sociedad civil.
El Espectador tuvo acceso al expediente de esa acción colectiva, que fue presentada en noviembre de 2022, pero que durante 2023, y sobre todo durante estas últimas semanas, ha tenido importantes movimientos de quienes hacen parte del debate jurídico ante el Tribunal de Cundinamarca. Los accionantes del recurso judicial son el Comité Salvemos a Gorgona, integrado por más de 150 personas que representan a grupos de pescadores, buzos, operadores turísticos, científicos y ambientalistas, quienes han alertado, durante los últimos años, sobre los riesgos que representaría el proyecto militar —avaluado en US$9,2 millones—, que consta de una subestación de guardacostas de la Armada, un radar y un muelle.
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El más reciente documento emitido por el magistrado Afanador, del 15 de diciembre de 2023, decidió sobre un asunto crucial que tiene los ánimos caldeados: el togado eligió cuál será la entidad encargada de dictaminar si la obra financiada por el Departamento de Estado de EE.UU. vulnera o amenaza la biodiversidad de la isla. Además, tendrá que determinar si el plan de compensación contemplado en la licencia ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto es suficiente para garantizar la conservación del parque. Se trata del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann, un organismo vinculado al Ministerio de Ambiente, cartera ministerial encabezada por Susana Muhamad, quien se ha pronunciado a favor del proyecto militar.
Esta decisión del Tribunal de Cundinamarca tiene de fondo una pelea entre el Comité que presentó la acción popular y el Ministerio de Defensa, pues este último ha pedido con insistencia que universidades como la Nacional, los Andes, la del Valle, de Antioquia y la Javeriana de Cali no fueran delegadas para dictaminar si el proyecto militar podría perjudicar al territorio insular. Según la cartera que dirige Iván Velásquez, estas instituciones educativas, al haber conceptuado en el pasado sobre la isla, no serían garantes de imparcialidad al emitir el informe sobre la estructura que, según el Gobierno, buscar ser una herramienta más para controlar el área protegida y combatir delitos ambientales como la pesca ilegal.
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Esta última postura la comparte, también, el capitán Javier Bermúdez, de la Armada, quien en noviembre del año pasado explicó en las páginas de este diario que el proyecto podía ser clave para los asuntos sobre la pesca ilegal. Según varios informes en su poder, el oficial explicó que solo entre 2021 y 2022, en el área de influencia del Parque Nacional, se incautaron 218 unidades de maquinaria utilizadas para la minería, se recuperaron 531 individuos de fauna silvestre y se decomisaron más de 150.000 kilos de pesca ilegal.
Por su parte, los demandantes le dijeron al Tribunal que “solicitar la exclusión de todos ellas [las universidades] es evidencia de que el Ministerio de Defensa quiere silenciar a la ciencia. No quiere que quienes están en mejores condiciones de identificar los potenciales riesgos y afectaciones se pronuncien, pues quedarían claros los graves impactos que genera el proyecto y que el Ministerio de Defensa quiere que no se conozcan por parte del juez popular y de la sociedad civil. Desconocer a estas entidades que vienen acompañando las grandes decisiones sobre esta importantísima área protegida es una de las razones que explican las graves deficiencias técnicas del proyecto militar en la isla”.
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La discusión en el Tribunal es tan crucial que ha capturado la atención del Congreso. Por ejemplo, en otra reciente decisión del magistrado Afanador García, también aceptó como parte de los demandantes a Fabián Díaz Plata, senador del Partido Verde, quien esgrimió una serie de argumentos para oponerse a la construcción financiada por Estados Unidos. Además, entre los autores del recurso están Manuel Rodríguez Becerra (exministro de Ambiente), el exsenador Jorge Robledo, Andrea Padilla (senadora del Partido Verde), Enrique Forero González (prestigioso botánico recientemente fallecido), Andrés Bodensiek (especialista en Derecho de Tierras), la bióloga Sara Abril, el abogado Andrés Pachón y otros.
El interés de esta discusión judicial radica en que Gorgona es considerada por la comunidad científica como la “isla ciencia” por su gran variedad de fauna y flora, tanto terrestre como marina. Se trata de 61.600 hectáreas (3 % del área selvática y 97 % del área marítima), un territorio equivalente a seis veces Suba, la localidad más grande de Bogotá. Gorgona, que tiene un ecosistema de bosque húmedo tropical, en los años 70 sufrió un grave daño ambiental a raíz de la construcción de una enorme cárcel, promovida por el Gobierno de Alberto Lleras Camargo. Ese centro penitenciario, que fue sede de graves violaciones de derechos humanos, funcionó durante 20 años, hasta que fue cerrado en 1984 y la isla fue declarada parque natural.
Parque Nacional Gorgona
océano pacífico
Playa Camaronera
El Poblado
isla gorgona
Base Militar
Playa Verde
Playa Blanca
isla gorgonilla
Detalle
Colombia
Los argumentos de las partes
Por eso, dicen los demandantes, resulta fundamental conservar el ecosistema y evitar lo que sucedió con el extinto “Alcatraz colombiano”, como fue denominada durante esos años a la megacárcel de alta seguridad. Sobre todo porque, dice el Comité, la licencia ambiental avalada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue aprobada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (el 31 de diciembre de 2015), luego de 29 días de ser radicada. Un trámite que, según los demandantes, puede demorarse meses, incluso años. La acción popular señala que el proyecto se adelantó desde entonces a espaldas de las comunidades y hasta ahora, ocho años después, es que el gobierno de Gustavo Petro se está reuniendo con ellas.
En la acción popular, de más de 600 páginas, los demandantes explican, por ejemplo, que la construcción del muelle marítimo pondría en riesgo la vida de las ballenas jorobadas, “puesto que con el aumento del tráfico marítimo, el ruido aumentaría y ocasionaría una afectación en su comportamiento, así como la posibilidad de que estas choquen con las embarcaciones que se sitúen allí. En igual sentido, dice el recurso judicial, las tortugas marinas se verían afectadas, ya que son “supremamente sensibles a la luz” y podrían ahuyentarlas y hacerlas migrar de la zona. Los murciélagos y 285 especies de peces se verían perjudicados, advierte el documento, por los campos electromagnéticos de los radares instalados para el proyecto de defensa.
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El asunto del uso de esta tecnología también genera preocupación para los accionantes, pues aún no es muy claro qué grado de influencia o acceso tendría el gobierno de los Estados Unidos sobre los radares. El director del Laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes, Juan Armando Sánchez, también conceptuó en la acción popular que “los impactos van a ser gravísimos. Con el cargue de combustibles y barcos caen gotas de gasolina al agua que, al exponerse a los rayos del sol, se convierten en una sustancia tóxica para todo el ecosistema de la isla. Eso daña los arrecifes de coral, así no estén cerca, porque el movimiento del agua mueve la sustancia”.
El Ministerio de Defensa, en un documento de 36 páginas, presentó varios de sus contraargumentos sobre la acción popular. De entrada, la cartera de Iván Velásquez señala que el proyecto militar no es una amenaza para la soberanía colombiana y que en ningún documento se establece que habrá presencia de soldados estadounidenses. Sobre el trámite de la licencia ambiental afirmó que no hay nada irregular, pues “el planeamiento del proyecto inició desde 2010 y durante las vigencias posteriores se realizaron mesas técnicas y jurídicas entre el propio Ministerio de Defensa, la Armada Nacional, Parques Nacionales Naturales y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”.
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Referente al Sistema Integrado de Tráfico y Vigilancia Marítima (torre y radar), el Ministerio sostiene que este corresponde a un equipo electrónico moderno, “el cual tiene transmisión y recepción de ondas electromagnéticas sobre superficies o reflectores metálicos y que no causarían afectación directa a especies, debido a la altura que se encuentra ubicado, y que, además de ayudar a la vigilancia y seguridad en el área marítima, también puede ser aprovechado para actividades científicas como la realización de estudios del comportamiento de cetáceos que transitan en el área del parque nacional, así como la detección de nuevas especies y la protección de las mismas”.
En febrero de 2023, al Comité que presentó la acción popular le negaron una medida cautelar que pretendía frenar la estación marítima mientras el pleito judicial finalizaba. Sin embargo, en marzo de 2023, el Ministerio de Ambiente anunció que la obra se iba a paralizar mientras se dialogaba con las comunidades que se oponen al proyecto militar. Lo que no les cuadra a los demandantes es que no existe un documento oficial del gobierno Petro que haya ordenado parar la construcción; por el contrario, dicen los demandantes, las obras se reanudarían en enero próximo, si el Ministerio de Defensa cumple con una serie de requisitos que le pidió la ANLA para volver a trabajar.
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El pasado 14 de diciembre, la Armada Nacional le aseguró al diario “El Tiempo” que ya corrigió todas las observaciones que hizo la autoridad ambiental, por lo que la construcción se iniciará en las próximas semanas. «Este proyecto lleva 10 años porque se han hecho muchas investigaciones para buscar el adecuado balance entre una necesidad militar, pero una observancia absoluta por la protección de la biodiversidad y estos ecosistemas. Tenemos todos los permisos, licencias y autorizaciones de ley exigidas. El pasado 1.° de diciembre radicamos el cumplimiento sobre las dudas técnicas que tenían los opositores”, aseguró la Armada.
Lo que está claro por ahora es que el 27 de febrero de 2024, ante el despacho del magistrado Afanador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se posesionarán los seis miembros del Instituto John Von Neumann (Dartes Danery Herrera Garcés, Leyder David Valencia Hurtado, Wendy Tatiana Vallejo Caicedo, Luis Eladio Rentería Moreno, Zoraida Quesada Martínez y Zulmary Valoyes Cardozo) para que den los primeros pasos en la construcción del informe que será pieza clave para determinar si el controvertido proyecto militar, costeado por el Gobierno de Estados Unidos, es viable ambientalmente o no. Desde ya, la comunidad científica del país está expectante sobre su labor pericial en Gorgona.
Por David Escobar Moreno
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