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Por fin se conoció la semana pasada la sentencia de la Corte Constitucional (C-359/16) referente a las normas de la ley del plan que hacen posible que los espacios del Canal Uno sean adjudicados a una sola sociedad. Esta decisión –con una exigua mayoría- marca un hito en la historia de la televisión y puede ser una caja de pandora.
Dentro de las razones que expresó la Corte para darle la bendición a ese cambio legislativo está la de que en nuestro país existen “más de 40 canales de televisión abierta radiodifundida, cada uno de los cuales tiene la entidad suficiente para convertirse en un vehículo o instrumento para difundir una amplia variedad de ideas e informaciones con carácter plural y diverso.” La cuenta de los 40 canales es un sofisma. Como bien lo advierte el magistrado Luis Guillermo Guerrero al explicar su voto en contra, de esos canales solo tres tienen cobertura nacional y operan con fines comerciales.
La sentencia quiere hacer creer que la mayoría que se impuso conoce la realidad del mercado de la televisión abierta en Colombia. Según la Corte, en los últimos 15 años esta modalidad del servicio ha perdido casi 20 puntos porcentuales de participación en el mercado publicitario, como consecuencia de los medios digitales vinculados con la provisión de servicios por internet. Esta circunstancia la refiere la Corte como justificación también de que pueda existir un único concesionario de espacios en el Canal Uno. Lamentablemente la Corte pasa por alto los efectos que ello puede tener en los derechos constitucionales que invoca para bendecir ese esquema de concesión y en general describe un panorama de mercado como si no pasara nada.
La consecuencia más grave de la sentencia en cuestión es que le dio paso a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para iniciar el proceso de licitación pública para la concesión de esos espacios, como si la crisis del sector no mereciera cautela y ponderación, antes de salir corriendo a adjudicar contratos.
Es sorprendente que ni siquiera le hagan caso a estudios como el de Planeación Nacional que concluyen que se requieren profundos cambios en la regulación del servicio de televisión.
@jcgomez_j