Más allá del 2 de octubre

La primera quimera tiene que ver con el narcotráfico dado que este negocio, de lejos, es el principal generador de violencia en el país. Con la firma del Acuerdo en La Habana, el Gobierno y los medios nos han dado a entender que el fin del narcotráfico está a la vuelta de la esquina. Nada más alejado de la verdad. Los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas en 2013 a 159.000 hectáreas en 2015 (232%) y en 2016 se acercan a las 200.000 hectáreas. La producción de cocaína está disparada. Colombia sigue en la ‘lista negra’ y los gringos manifiestan que nuestro país “ha fallado manifiestamente en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.” Muchos, con ingenuidad rayana en la demencia, en su día soñaron que el fin del Cartel de Medellín o el de Cali era el fin del narcotráfico. Recorrer Colombia es recorrer las huellas extintas de carteles y de narcos desaparecidos. Con el cartel de las Farc va a pasar exactamente lo mismo: cuando una parte de este grupo terrorista abandone el narcotráfico, instantáneamente otros bandidos, seguramente más sanguinarios, van a llenar el vacío. 

Otra quimera es que el Acuerdo de La Habana implica la paz y el inicio del posconflicto. Siendo las Farc sólo uno de los actores de la conflagración, quedan en plena actividad los ‘elenos’, las ‘bacrim’, los narcotraficantes actuales y por venir. En un país en que se suspenden las leyes penales porque nuestros códigos castigan, como señalaba Kerensky, a quienes matan, secuestran, extorsionan o roban salvo que estos delitos atroces sean cometidos por bandas que manifiestan que sus actos son exclusivamente políticos, podemos tener la absoluta certeza de que –alimentados por dineros ilícitos– los delincuentes van a seguir adelantando una guerra en contra del Estado y de la legalidad. Esta guerra la van a adelantar en la certeza de que sus crímenes quedarán impunes una vez se sienten en una mesa de negociación. Si es un hecho que no ha terminado el conflicto, ¿hablar de posconflicto no es pensar con el deseo? La enorme preocupación que muchos albergamos es si hay voluntad política y capacidad militar para combatir el resto de bandidos que siguen y van a seguir delinquiendo.

Finalmente, causa enorme desasosiego un tema relacionado con la Justicia Transicional y el Tribunal Especial de Paz. Según informe de El Espectador, “El asesor jurídico de las Farc, Diego Martínez, rechazó el anuncio del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre que las empresas obligadas a financiar a los paramilitares y a esa guerrilla no rendirán cuentas ante el Tribunal Especial de Paz. ‘Preocupa que el fiscal diga que no se investigarán esas conductas’, dijo Martínez”. En principio, no es Néstor Humberto Martínez hombre que se deje intimidar ni manipular. El problema, como lo reseña la revista Semana, es que el Acuerdo estipula que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos tienen la misma facultad que la Fiscalía para hacer denuncias y esas ONG detestan a las Fuerzas Armadas y a todo lo que representa la democracia de libre empresa. La enorme duda que albergamos es si mientras que los extorsionadores van a gozar de absoluta y total impunidad, ¿los extorsionados terminarán perseguidos y empapelados por el Tribunal? El tufillo de venganza ya permea el ambiente y no es entendible que sean los pájaros los que les disparen a las escopetas.