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¿Quién le puede decir a una madre que sane su dolor luego de perder a su hijo? ¿Cómo avanzar cuando ya no están presentes ni pueden escuchar su voz? Esta y otras preguntas son las consecuencias de la violencia policial en 2020 que, según la ONG Temblores, dejó 86 víctimas en el país, en los que presuntamente participaron uniformados de esa institución. Ese año, convulso por la pandemia y el estallido social, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), ocho jóvenes murieron en la celda del CAI de San Mateo, supuestamente ante la mirada impávida de los policías, que no hicieron suficiente para salvarles la vida. Así se ha ventilado en varias audiencias de índole disciplinaria y penal en contra de los uniformados.
Tras cuatro años de esta tragedia, el dolor sigue intacto para las madres de las víctimas, quienes fundaron el colectivo Rosa Negra para honrar a sus hijos y “que la memoria sea nuestra mayor venganza”,dicen. A la fecha nadie les responde por qué no les salvaron la vida y los dejaron quemar vivos, ni han recibido una reparación que sane un poco su corazón. Según la abogada Yuly Milena Henríquez Sampayo, del Colectivo José Alvear Restrepo, quien representa a las víctimas Bernardo Pineda Gaviria y Cristian Gilberto Rincón, el proceso disciplinario es el único que avanzó, con la inhabilidad para los uniformados Aleida del Pilar González Quiroz y Jorge Eliécer Suárez Orduz.
“El 24 de octubre de 2021 se conoció la destitución e inhabilidad de González, como comandante encargada ese día, y contra Suárez, como funcionario de policía custodio. Pero en esa decisión la Procuraduría absolvió a César Augusto Martínez, comandante titular de la estación”, relató la abogada Henríquez.
Por su parte, el proceso penal inicialmente lo asumió la justicia militar, pero en diciembre de 2021 la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó que el expediente contra González Quiroz, Suárez Orduz y el patrullero Gabriel Ruiz Moreno pasara a la jurisdicción ordinaria y lo asumiera la Fiscalía Cuarta Seccional de la Unidad de Vida de Soacha. Desde entonces, los policías están imputados por los delitos de homicidio agravado por omisión y tentativa de homicidio agravado, ambos cargos a título de dolo, los cuales no aceptaron.
“La Fiscalía determinó que los policías actuaron de manera intencional y contribuyeron con su muerte”, explicó Javier Villegas Posada, abogado de las demás víctimas. Asimismo, coincidió con Henríquez. “Una masacre o un homicidio agravado ya tiene el componente del dolo y así han sido llevados a juicio. Con la práctica de pruebas de la Fiscalía, se ve como sí hubo mucha intención de no protegerlos ni de salvarlos”, enfatizó.
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A la fecha, los imputados se encuentran en libertad, luego de que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Soacha retirara la medida preventiva en centro carcelario, por vencimiento de términos, decisión que tomó a pesar de que eran tres los procesados, lo que duplicaba los tiempos procesales. “Como ha sido un proceso que se ha prolongado, las personas no pueden estar siempre privadas de la libertad”, explicó la abogada Henríquez.
El proceso penal sigue en etapa de juicio y, si nada extraño ocurre, las audiencias están programadas para el 17 de octubre, el 14 de noviembre y el 12 de diciembre, donde se practicarán pruebas técnicas y testimoniales de la defensa y algunas comunes entre Fiscalía y defensa. Fechas, en las que además, según la togada Henríquez, se comprometerá aún más la responsabilidad de estos funcionarios y principalmente la de Jorge Eliécer Suárez Orduz, quien portaba las llaves y nunca abrió la celda. “La Fiscalía ha revelado material importante que el juez tendrá que valorar”, concluyó.
“Nos dijo ‘pues quémense’”
Cada 4 de septiembre, las madres de Jesús Alirio Abril Cruz, Cristian Gilberto Rincón Caicedo, Óscar Alejandro Infante Galindo, Jeison Andrés Conde Ramírez, Juan David Rojas Órdoñez, Anderson Steven Méndez, Bernardo Pineda Gaviria y Carlos Alberto Rosales Landázuri se reúnen para conmemorar la tragedia y, al calor de una olla comunitaria, encuentran un espacio para dialogar, acompañarse y exigir justicia.
“En estos años nos han borrado los rostros de ellos, que hemos plasmado en paredes. Y este 2024 tuvimos que buscar la ayuda con los chicos de la Universidad Pedagógica, el secretario de Desarrollo, de Cultura y el IMRDS de Soacha para gestionar el mural que tenemos en el Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento”, contó Carolina Órdoñez, mamá de Juan David Rojas Órdoñez y directora del Colectivo Rosa Negra.
Ella estuvo presente el día de la tragedia. Vivía cerca del CAI de San Mateo y horas después de visitar a su hijo desde afuera, sin saber que esa sería su última conversación, empezó a ver el humo y las llamas que tomaron fuerza con rapidez. “Tomé una manguera, pero, como quedó grabado en un video, un policía me la quitó y me empujó. Junto a otros familiares quebramos una de las ventanas, pero lastimosamente el agua que salía era poca”, recuerda Carolina.
En la reconstrucción de los hechos, en una celda de no más de 25 metros cuadrados, había 11 detenidos, quienes estaban en condiciones inhumanas de hacinamiento, falta de acceso a baños y comida digna. A las 11:00 de la mañana, las familias llegaron a visitarlos, pero no se les permitió el ingreso. Fue a las 2:10 de la tarde cuando uno de los reclusos encendió una cobija que provocó el incendio.
“Si ponían problema para entrar un papel higiénico, medicamentos y hasta revolvían la comida que les llevábamos, ¿cómo hicieron para conseguir algo y prender fuego?”, cuestiona Flor Marina Tibaque, madre de Anderson Steven Méndez, de 30 años. En eso coincide la abogada del Colectivo Cajar: “Las pruebas que se han practicado dicen que el incendio inició adentro, con un encendedor. Pero si una persona está en condición de sujeción, ¿por qué lo tiene para hacerse daño o a terceros? Sigue siendo responsabilidad del Estado. Las narrativas del proceso han buscado la responsabilidad en los mismos reclusos”, cuestiona la profesional en derecho. Algo que respalda Mario Andrés Torres, abogado y magíster en Derecho Internacional. “Cuando alguien es detenido por la fuerza pública, es claro que existe una relación especial de sujeción, en la cual el Estado colombiano es responsable de garantizar la vida y la integridad de cualquier persona que se encuentre detenida”.
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Una vez la masacre tomó relevancia mediática, dos meses después del hecho, César Castro, entonces comandante de la Policía de Cundinamarca, y Carlos Holmes Trujillo, exministro de Defensa, defendieron a la fuerza pública y no se refirieron a las vidas perdidas. “Los policías llegan a tratar de sacar a los retenidos para salvarles la vida. Lo que se da en el momento es que el candado se sella y no permite el ingreso de la llave, lo que tocó romperlo de otra manera”, dijo el coronel Castro. Sin embargo, testimonios de sobrevivientes, familiares, horas de grabación y las mismas investigaciones desvirtuaron esta afirmación, concluyendo que los policías tuvieron el tiempo suficiente para resguardarlos del incendio, pero se negaron a hacerlo. “Me arrinconé, empecé a sentir que me estaba quemando las piernas. Le gritamos al custodio que nos abriera, que nos estábamos quemando y la respuesta de él fue: ‘Pues quémense’, mostrando las llaves”, dijo un privado de la libertad. “Don Jesús entró en pánico, cogió una cobija para apagar el fuego y ahí se prendió todo. Empecé a saltar y por eso solo me quemé la espalda, pero el humo me desmayó y cuando desperté estaba en el hospital”, dijo otro testigo.
Por su parte, en las audiencias disciplinarias, la Procuraduría reveló que solo había un extintor en el CAI y que tanto la comandante como el subcomandante de la estación habrían podido evitar los hechos, dado que solo les bastaba con dar “la orden de abrir la celda tan pronto como fueron informados del incendio e incluso para que la cumplieran en condiciones tales que se pudiera evitar la fuga”, pero no pasó. De hecho, la práctica de pruebas de la Fiscalía relató cómo un patrullero externo al CAI fue quien terminó abriendo la celda, tras escuchar por radio que se necesitaban refuerzos. Él fue quien le quitó las llaves a su compañero y tardó solo cinco minutos en abrir la celda y evacuar a los detenidos, que ya estaban con heridas de gravedad.
La reparación aún no llega
En esta historia, Carolina Órdoñez se ha sentido revictimizada durante el proceso penal, al escuchar cómo responsabilizan una y otra vez a los jóvenes de su propia muerte. Ella, Flor Tibaque y las otras mamás dicen que no han recibido apoyo psicosocial en estos cuatro años, como lo prometió Juan Carlos Saldarriaga, exalcalde de Soacha. “En 2020 nos reunimos con la Procuraduría y los defensores. Quedamos en que iban a prestar estos temas y en cuatro años nadie nos ha dado acompañamiento”, dijo Carolina. “Yo estoy con un tratamiento psiquiátrico, pero que me dio la EPS. Estamos olvidadas por parte del Estado”, lamentó Flor.
Y es que según Javier Villegas, abogado de una de las víctimas, si bien el proceso ha sido transparente, donde se ha garantizado la participación de las madres, “aún no se ha logrado una sanción completa de justicia, ya que han pasado cuatro años sin un fallo que determine la responsabilidad de los implicados y esclarezca por qué no se abrió el candado de la celda a tiempo para evitar la tragedia”.
En cuánto a la reparación, que aún no ha llegado, los familiares de las víctimas exigen una sanción justa contra los responsables, tanto de los individuales como de la Institución. Además, una compensación por los prejuicios sufridos, garantías de no repetición y reconocimiento de responsabilidad “para que el país sepa de manera institucional, por las vías oficiales del Estado, que se cometió un agravio a los derechos humanos”, explicó la abogada Henríquez.
De esta manera, el defensor Javier Villegas asegura que este lamentable caso muestra una vulneración generalizada e indiscriminada a los derechos fundamentales de la población carcelaria, “aunada a la prolongada omisión del Estado colombiano en el cumplimiento de sus obligaciones para preservarlos”. Por lo tanto, para lograr un cambio y evitar estas tragedias, que se han repetido históricamente, la apuesta está en recuperar la humanidad y empatía de quienes deciden ser policías.
Así lo concluye la abogada Henríquez: “En un país que ha atravesado más de 60 años de conflicto armado, se ve reflejado en la fuerza pública, quienes ven enemigos en todos lados. Por eso, una formación en respeto a los derechos humanos, manejo psicológico de las situaciones y demás ayudaría a recuperar esa humanidad que deben ejercer”.
Según el Código Penal, el homicidio agravado tiene unas penas establecidas que oscilan entre 40 y 50 años de prisión por cada víctima. Condena que anhelan con prontitud las madres de los ocho jóvenes asesinados, pero, sobre todo, esperan recibir respuestas frente al por qué los dejaron quemar vivos y que el nombre de sus hijos quede en alto. “La Fiscalía ha garantizado que el caso va a salir con un 100 % de respuesta afirmativa para nosotras y en eso confiamos. No perdemos la fe de que el CAI de San Mateo se convierta en un centro de memoria y reconciliación”, finalizó Carolina Órdoñez.
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Por María Angélica García Puerto
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