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La pandemia disparó el uso de tapabocas. ¿Cómo se está manejando ese tema desde el sector del reciclaje, contemplando los riesgos de salud?
Hay un reto por trabajar porque en ninguna parte del mundo estábamos preparados para una situación así; sin embargo, en Colombia estamos dando pasos importantes y avances hacia un proceso de economía circular que no solamente contemple el plástico, el cartón o cualquier material de tela del que estén hechos los tapabocas para la pandemia actual, sino todos los empaques que sean sujetos a algún grado de aprovechabilidad.
Estar en casa incentivó el pedido de domicilios y, en este caso, el uso del plástico. ¿Subieron las cifras de reciclaje durante la pandemia?
No, no han subido las cifras de reciclaje durante la pandemia, digamos que a nivel mundial el 12 % de todos los residuos que se generan son plástico. En Colombia estamos en un nivel de aprovechamiento del 17 % de todos los materiales —pulpa, cartón, metales, plásticos y vidrios— muy encima del promedio regional, pero por debajo de países avanzados donde llevan más de treinta años en ello, como Alemania, Francia e Israel.
¿Qué tanto residuo genera una persona y cuánto se recicla?
En Colombia se generan doce millones de toneladas de residuos al año, significativo; a nivel regional está considerado que una persona genera 6,6 veces su peso en residuos por año y, como le decía, de doce millones de toneladas el 17 % está siendo aprovechado. Ahí tenemos un reto, nosotros desde la Corporación Punto Azul, más allá de los avances y normativas en los cuales el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante, como colectivo del grupo de empresas, nuestra meta es que para el 2030 lleguemos al 40 % de materiales aprovechables de las empresas que hacen parte de este colectivo.
¿La separación de residuos ha funcionado en el país? ¿Se conocen de multas a quien no cumple?
En materia de reglamentación actualmente Colombia es un ejemplo en Latinoamérica, somos un país con más de 10 años en esquemas de posconsumo en sectores específicos, por ejemplo la resolución 371 para el tema de medicamentos, las de pilas, las de plaguicidas, las de baterías, etc, los siete sectores que están reglamentados y ahorita desde 2018 la resolución 1407 que reglamenta de manera genérica todo el sector productivo para cualquier importador o productor que ponga en el mercado un producto que tenga cualquier tipo de empaque o envase. Esa norma empieza a tener vigencia desde el primero de enero de este año. Pienso que hay un reto cultural muy grande en Colombia, si bien hemos tenido efectos importantes en sectores como el farmacéutico, con residuos peligrosos, Colombia es el país con mayores índices de recolección de residuos en todo Suramérica. Nosotros desde la Corporación Punto Azul hemos hecho inversiones de más de 10 millones de dólares en todo este proceso de gestión de residuos para la industria farmacéutica, ese es un sector específico y ejemplo a nivel global de la región. Hay un reto enorme a nivel cultural de cara hacia el futuro desde el primero de enero donde la reglamentación de la resolución 1407 empieza en vigor para las empresas. Para los consumidores y personas del común, más que tratar de enmarcar esto en un terma coercitivo, sería importante trabajar y hacer una inversión colectiva desde el sector privado y desde el Gobierno en un proceso de sensibilización y educación sobre los efectos nocivos que tiene la disposición inadecuada de todos estos residuos.
¿Cómo están las empresas? ¿Cuáles son sus compromisos? ¿Están cumpliendo para pasar de ese 17 al 40 %?
Uno de los puntos clave lo toca usted: los compromisos están, más allá de la reglamentación, las empresas, todas, deberían tener en su ADN un compromiso con el medio ambiente y la salud pública del país. Como segunda medida, considero que quienes ya se han vinculado a estas empresas han hecho un esfuerzo importante, ha habido una inversión a través de Punto Azul de las 450 empresas que se han involucrado de más de US$10 millones en donde hay componente de educación y sensibilización a la comunidad, puesta en marcha de mecanismos para que las personas del común tengan acceso a estos puntos de reciclaje y hay un compromiso en investigación y desarrollo importante. Pero quienes no lo han hecho, pues la obligatoriedad en este momento de la norma está en establecer un plan para el aprovechamiento de los residuos que ponen en el mercado; de lo contrario, estos residuos serían trasladados a través de una externalidad ambiental que genera costos sociales que debemos asumir como país en un mundo donde estamos consumiendo 1,7 planetas cada año. El mensaje es claro, pero más allá de una obligación normativa y un marco sancionatorio que comienza el 1° de enero, es un compromiso ético y moral que las empresas deben asumir ya.
¿Bebidas como las gaseosas se deberían vender en botella de vidrio para reducir el consumo de plástico? ¿El pan se debería vender en bolsa de papel?
No, no lo he mencionado y no creo que sea una salida hacia un proceso de economía circular. Considero que sí se debe implementar una cultura de economía circular. Nosotros estamos acostumbrados a producir, consumir y desechar, una economía lineal, pero el impacto en la huella de carbono es muy importante. Cuando hablamos de economía circular se produce, se consume y se recicla para reinsertar esos empaques o envases nuevamente en un ciclo productivo. La salida está en la implementación de estos modelos que en el cambio de un material por otro. Lo que sí considero que puede pasar es que las empresas, en el marco de la economía circular, deben implementar estrategias de ecodiseño, para que los materiales que usen, si son de plástico, tengan un alto grado de pureza y reciclabilidad. Eso se debe trabajar fuertemente desde el Ministerio de Ambiente, reglamentarlo, y desde las empresas que podamos hablar de manera seria de procesos de economía circular.
¿Qué efecto ha tenido en el país el impuesto a las bolsas de plástico ?
Ha desincentivado el uso de bolsas que tienen baja densidad y estaban terminando en los cuerpos de agua. Naciones Unidas estima que si no cambiamos los patrones de consumo en este momento, para el 2050 va a haber más plástico que peces en el mar. En Colombia ese impuesto ha desincentivado el uso de ese tipo de plástico y ha generado una inversión en proyectos ambientales a través de ese cobro. Es una iniciativa, es positiva, pero no es suficiente.
La era digital, la cuarta revolución industrial, trajo otro reto: basura tecnológica. La pandemia aceleró el uso y desecho de estos productos…
El Ministerio emitió una norma hace un par de años sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en donde a través de una serie de mecanismos todas las empresas están obligadas a una implementación de un plan para poner a disposición del consumidor mecanismos de desechos y disposición final adecuada. Es una iniciativa nueva, por eso no se conocen tantos mecanismos de disposición, pero fue un acierto del Ministerio de Ambiente haber implementado esta reglamentación. Falta sensibilización, difusión. Como iniciativa, la que mayor impacto va a tener es la de empaques y envases, porque es trasversal para todos los sectores productivos. Es importante que todas las empresas se vinculen y tengan noción y conocimiento de este tema, por la relevancia de todo el proceso. Ahora mismo se está evaluando el proceso de adquisición de una planta de alta tecnología para clasificación y segmentación de residuos, una tecnología que hoy no existe en Latinoamérica y va a generar un impacto de volúmenes importantes para el país.
¿Con el modelo de centro de acopio?
Sí, se centralizaría toda la logística nacional de lo que nosotros hacemos y se segmentaría por tipo de residuo: plástico, vidrio, papel, pulpa, metales, y dentro de los plásticos pues una segmentación de los siete tipos de plásticos. Es alta tecnología, automatizada, no hay muchas en el mundo y estamos evaluando la implementación de esta iniciativa. Estaría en las afueras de Bogotá, es una inversión cercana a los US$5 millones que traerá un gran beneficio ambiental. Estamos en la evaluación del proyecto y vamos en una fase final.
¿Cuándo podría tener esa planta el país, si pasa el examen financiero?
De dos años y medio a tres años.
Por Edwin Bohórquez Aya
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