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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó hace cinco días su decisión de inhabilitar a María Corina Machado y Henrique Capriles, los principales opositores de Nicolás Maduro en la carrera presidencial, para ocupar cargos públicos por 15 años. Más allá de las fronteras venezolanas, la noticia impactó en la comunidad internacional, que ha comenzado a acusar al régimen en Venezuela por la falta de transparencia con la que se desarrollarían los comicios este año. Sin embargo, al cierre de esta edición, ni la Cancillería, en cabeza de Álvaro Leyva, ni el presidente Gustavo Petro se han pronunciado al respecto, una decisión que, a su vez, tiene a varios sectores exigiendo que ese “silencio estruendoso” se rompa.
Y es que la situación en Venezuela va más allá de la inhabilitación de opositores de cara a las elecciones. La persecución política contra la oposición sigue siendo evidente, al igual que el desequilibro de poderes. Hace a penas unos días fueron arrestados tres asesores de Machado, señalados por presunta conspiración para tumbar a Maduro. Y, en diciembre, el Fiscal ordenó capturar a 14 personas, acusándolas de traición a la patria por la disputa del territorio de Esequibo, entre Venezuela y Guyana, situación ante la cual Petro reaccionó varios días después diciendo que se debería “evitar el conflicto”. Organizaciones internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han rechazado estas decisiones de detención arbitraria y han exigido la liberación de los presos políticos.
“Ya es insostenible el silencio de Colombia ante el atropello contra la participación de la señora Machado en las elecciones en Venezuela”, dijo este miércoles el senador Humberto de la Calle. El congresista agregó que cuando “el silencio es estruendoso, al menos deberían explicarnos cuál es su fundamento y qué propósito se busca”. Sin embargo, cuando este diario le preguntó al Ministerio de Relaciones Exteriores por este asunto, desde allí aseguraron que aún no hay claridad sobre si se dará o no un pronunciamiento, ni entregaron detalles en torno a las razones que fundamentarían esa decisión.
Hay muchos factores que podrían entrar en juego para que el gobierno del presidente Petro prefiera guardar silencio ante la situación electoral, social y económica venezolana. Entre ellos, el hecho de que Venezuela sea garante en los diálogos de paz con el ELN, el restablecimiento de las relaciones bilatares entre los dos países e incluso la cercanía entre los gobernantes, como lo contó Nastassja Rojas, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.
“Esto pasa por unos asuntos netamente de orden interno y de interés del presidente. El proceso con el ELN ya está entrando en otra etapa, esto genera una presión mayor sobre el gobierno colombiano, y cualquier transición política que se dé en Venezuela, va a afectar la agenda interna política de Petro”, afirmó la Rojas. La reconstrucción del lazo entre Colombia y Venezuela comenzó muy pronto en el llamado “gobierno del cambio”. La reapertura de las fronteras se dio el 26 de septiembre de 2022.
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Otros países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Chile sí han manifestado su postura con respecto a lo que pasa en Venezuela. Los tres primeros, en un comunicado conjunto, instaron al gobierno venezolano a “cumplir con sus obligaciones derivadas de la Carta Democrática Interamericana, y a actuar en línea con los objetivos de los acuerdos de Barbados”. Por su parte, la Cancillería chilena expresó su “preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las presidenciales”.
Estados Unidos ya le impuso sanciones a Venezuela, como la revocatoria de licencias de explotación de oro y la no renovación de las de petróleo y gas. La Casa Blanca le dio a Maduro dos meses para que permita la participación de candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales. Y la Unión Europea denunció que estas decisiones del TSJ, “solo pueden socavar la democracia y el Estado de derecho”. Por este tipo de pronunciamientos por parte de otros países, el exsenador conservador Juan Camilo Restrepo habló de una “hipocresía diplomática” desde la Casa de Nariño.
Como Colombia, Brasil, a la cabeza de Luiz Inácio Lula da Silva, también ha preferido guardar silencio. Al respecto, Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que Maduro ha sido un aliado complejo para los gobiernos progresistas de América Latina y que, en esa medida, Petro y Lula señalan a las sanciones internacionales como la causa estructural de la crisis venezolana, “desconociendo que esas sanciones son causadas por la dinámica de violación de derechos humanos”.
“Apoyar a Nicolás Maduro en la arremetida que tiene contra la oposición sería vaciar sus discursos al interior de sus propios países, pero no apoyarlo puede llegar a tener un alto costo con un aliado que ha sido bastante leal”, explicó Rodríguez. El líder venezolano, por ejemplo, ha servido como caja de resonancia para el mensaje de defensa medioambiental que ha caracterizado los discursos internacionales de Petro. “Ahí es donde Petro prefiere guardar silencio para evitar tensiones con el régimen venezolano”.
Mientras tanto, otros congresistas siguen ejerciendo presión para que Petro o el canciller Leyva -que aunque fue suspendido por la Procuraduría por el escándalo de la licitación de pasaportes sigue ejerciendo funciones- se pronuncien ante la comunidad internacional. Ejemplo de ello es Paola Holguín, senadora del Centro Democrático en la Comisión Segunda, que trata los temas de política internacional. “Duele, pero no sorprende la decisión del gobierno de Gustavo Petro de guardar silencio. Seguramente esta decisión obedece a que el manejo de las relaciones exteriores del gobierno Petro está basado en la afinidad ideológica que muchas veces raya en complicidad criminal”, afirmó la senadora.
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El que Petro condenara la decisión del TSJ no significaría un apoyo para Machado o un rechazo a Maduro. Los analistas consultados por este diario aseguran que esta decisión es, sencillamente, una cuestión de defensa a los derechos políticos y las garantías electorales. Como se lee en el editorial de El Espectador este miércoles: “Para un mandatario que se ha posicionado como defensor de la Carta Democrática Interamericana, que ha recorrido el planeta denunciando las injusticias contra los derechos humanos, su punto débil venezolano es cada vez más problemático”.
Y es que este “silencio estruendoso” se da luego de que Petro fuera muy enfático en su rechazo a lo que sucedió en Guatemala hace dos semanas. Desde Ciudad de Guatemala, manifestó que había un complot para sabotear la posesión de Bernardo Arévalo como primer mandatario de ese país. Dijo que se quedaría en el país centro americano hasta que el presidente electo asumiera el cargo, incluso si eso significaba cancelar su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Asimismo, el presidente suele citar el Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual estipula que los derechos políticos de los ciudadanos. Así lo hizo recientemente con Jorge Agudelo, cuando el Tribunal Superior de Santa Marta tumbó la tutela que le había permitido ser candidato a la alcaldía de esa ciudad por el partido Fuerza Ciudadana. Pero en el caso de Venezuela no ha apelado a este argumento.
Más aún, otro asunto que han criticado sobre este silencio es el hecho de que la decisión que tomó el tribunal venezolano ni siquiera está soportado en un documento de razonamiento jurídico, pues la sentencia sobre los 15 años de inhabilidad para Machado no ha sido publicada. Rojas incluso afirma que el proceso inicial donde se habla de la inhabilitación de la excandidata de oposición es un proceso muy similar vivió el mismo Petro y que llevó al sistema interamericano.
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Por Daniela Cristancho
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