Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La nación del Pacífico Vanuatu, con una población de 300.000 personas, alcanzó una “victoria para la justicia climática” en la votación de la Asamblea General de la ONU este pasado miércoles 29 de marzo. Con el respaldo de 130 estados, exceptuando Estados Unidos y China, se aprobó una resolución que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que de su dictamen sobre las obligaciones de cada estado en la crisis climática.
La CIJ es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas y se encarga de resolver las disputas entre los Estados, así como de publicar informes sobre temas o preguntas sobre las que indagan distintos órganos de la ONU.
Aunque los países del mundo se han comprometido a cumplir con lo que quedó consignado en el Acuerdo de París —el compromiso climático más grande que existe, de momento—ese tratado no es vinculante. Esto quiere decir que los países que no cumplan con la reducción de sus gases asociados al cambio climático, por ejemplo, no enfrentan ningún tipo de “castigo” práctico.
Esto no solo crea un problema en cuanto a la efectividad de los acuerdos climáticos, sino que también contribuye a la existencia de vacíos sobre hasta qué punto llegan las responsabilidades y obligaciones nacionales de los países que firmaron el Acuerdo de París. (También puede leer: El paso a seguir tras el acuerdo que busca salvar la biodiversidad mundial)
Con la resolución de la ONU, la Corte Internacional de Justicia tendrá audiencias y escuchará pruebas sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, con vistas a emitir una opinión consultiva en 2024. Aunque este dictamen tampoco es vinculante a nivel nacional, distintos líderes consideran que este es un “momento histórico” y un “avance importante” en la lucha contra el cambio climático.
En general, este es el primer intento de establecer obligaciones de acción climática en el derecho internacional, lo que podría significar un empujón a los litigios climáticos. Se espera que la posición de la CIJ ayude a determinar si existe una obligación legal de que los países cumplan con lo establecido en tratados como el Acuerdo de París o que protejan a sus poblaciones de riesgos climáticos y si su incumplimiento puede tener “consecuencias legales”, establece la resolución.
Esta opinión podría servir como una especie de guía para los tribunales nacionales de todo el mundo. Dependiendo del dictamen de la Corte, además, los compromisos voluntarios que hicieron los países en París en 2015 podrían convertirse en obligaciones legales, si se cobijaran, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la medida “ayudaría a la Asamblea General, a la ONU y a los Estados miembros a tomar las medidas climáticas más audaces y contundentes que nuestro mundo necesita tan desesperadamente”. (Le puede interesar: El programa que busca proteger más de 20 millones de hectáreas de áreas protegidas)
Concretamente, la resolución aprobada contiene dos preguntas, que son las que responderá la CIJ: ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras? Y ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente?
Un grupo de estudiantes de la universidad de Fiji está detrás de lo que surgió en esta resolución. Hace unos años, iniciaron una campaña para salvar sus islas, que pueden desaparecer por el aumento del nivel del mar. Su idea, justamente, conseguir respuesta a este tipo de preguntas.
Desde el año pasado, Vanuatu empezó a promover la resolución y otros países insulares se unieron a la iniciativa, así como algunos de África y Asia. Cuando el proyecto de resolución se sometió a votación en la Asamblea General, 105 países habían firmado como copatrocinadores.
“Hoy hemos sido testigos de una victoria de proporciones épicas para la justicia climática”, dijo Ishmael Kalsakau, Primer Ministro de Vanuatu. “La histórica resolución de hoy es el comienzo de una nueva era en la cooperación multilateral sobre el clima, una era que se centra más plenamente en la defensa del estado de derecho internacional y una era que sitúa los derechos humanos y la equidad intergeneracional en la vanguardia de la toma de decisiones sobre el clima.”
La resolución, han declarado quienes la impulsaron, está enfocada en resaltar los derechos humanos en la lucha contra el cambio climático, así como el apoyo diferencia a países vulnerables, elementos que no se abordan frecuentemente en esa conversación.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Conoce más