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Margarita*, una mujer indígena de 23 años, comunera del resguardo indígena de Polindara en Cauca, trató por todos los medios de interrumpir su embarazo. Tenía derecho a hacerlo, pues tenía poco más de diez semanas de gestación y, desde febrero de 2022, en Colombia, es legal abortar de forma libre hasta la semana 24, según una sentencia histórica conocida con el nombre de “Causa Justa”. Pero su EPS, la Asociación Indígena del Cauca, se negó a practicar el procedimiento. Su caso terminó entre tutelas y peticiones que, incluso, llegaron a la Corte Constitucional que revisó el caso y, pese a ser la instancia que más ha defendido que las mujeres en Colombia tienen el derecho a abortar, le dio la espalda a Margarita.
Al resolver el caso de esta mujer indígena, la Corte tomó una polémica decisión que ignoró su propia línea jurisprudencial, en especial la sentencia Causa Justa, que había dejado claro que cualquier persona podía abortar de forma libre si tiene 24 semanas o menos de gestación. A partir de ese plazo, se activan tres causales para poder hacerlo. Tan problemática fue esa decisión que ahora se conoce que el alto tribunal tuvo que retractarse y corregir el error, al anular dos de sus propios fallos en los que aseguró que el aborto no era un derecho. Uno de esos expedientes es el de Margarita, quien se vio obligada a parir por decisiones de jueces que ignoraron sus propias sentencias.
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El segundo caso es el de Iris*, una niña indígena de 12 años, que también pidió el auxilio de la justicia. Le pidió a la EPS Asociación Indígena del Cauca que le practicara una interrupción voluntaria del embarazo, cuando tenía apenas seis semanas de gestación. Además, fue su mamá la que le advirtió a las autoridades que el embarazo podía ser producto de una violación sexual y que la menor presentaba signos de daños psicológicos que la llevaron a tener pensamientos suicidas. Y de nuevo, la justicia y la propia Corte Constitucional le dieron la espalda y no le quedó de otra que continuar con un embarazo que ni buscó ni quería.
Por los alcances que tuvo la posición del alto tribunal, la Corte tuvo que corregirse así misma a finales del año pasado. Para empezar, aceptó que, cuando estudió las tutelas de Margarita e Iris, hizo una interpretación “incorrecta” de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. También reconoció que, ante cualquier debate jurídico sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que debe prevalecer son las garantías para las mujeres. Y agregó que “la decisión de abortar corresponde únicamente a la mujer. Es de carácter intransferible” y nadie, ni una EPS, autoridad indígena o judicial, puede interceder en una decisión que es íntima y de las profundas convicciones de una persona gestante.
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Para Sara Méndez Niebles, abogada y vocera del movimiento Causa Justa, la organización que estuvo detrás de la sentencia de 2022, es muy relevante la nueva postura de la Corte, “no solamente en términos de reconocer el aborto como un derecho, sino de reafirmarlo desde su jurisprudencia. No solo se trata de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, sino de todo el desarrollo del derecho al aborto que viene desde 2006″. Agrega que, cuando se afecta la posibilidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, también se ocasionan daños sobre la vida, integridad, autonomía y dignidad de las mujeres, niñas y personas gestantes.
Méndez Niebles concluye que, así como es importante que la Corte haya reafirmado que el aborto es un derecho, es igual de trascendental que el Estado, incluyendo los jueces, eliminen las barreras que obstaculizan que cientos de mujeres accedas, de manera libre y segura, al procedimiento. La experta recuerda que no es común que el alto tribunal anule sus propios fallos y solo se da cuando existe “una vulneración trascendental y relevante al debido proceso”. Méndez puntualiza que, en este caso, sucedió lo extraordinario, pues la Corte evidenció que los derechos de Margarita e Iris estuvieron en riesgo, incluso, por una decisión de la justicia que, desde un inicio, debió protegerlas.
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Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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