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Vamos a dar por hecho que el 2 de octubre el plebiscito es aprobado y que Gobierno y Congreso expedirán los decretos con fuerza de ley y las reformas constitucionales y legales necesarios para la implementación de los acuerdos.
Vamos a suponer también que las Farc se han desmovilizado y que aquellos que cometieron delitos políticos han sido indultados, como condenados por la justicia transicional aquellos que son responsables de delitos de lesa humanidad. Vamos a suponer, y esta es la aspiración de todo el pueblo colombiano, que si se aprueba el plebiscito, las Farc efectivamente renuncien al uso de las armas, a la extorsión, al secuestro y, por supuesto, al narcotráfico y a sus recursos. Así las cosas, las Farc se reinsertarán para hacer política con las ideas que defienden, las garantías institucionales que el Estado debe proveer y las condiciones especiales transitorias para que su partido no se extinga. Y es así como la política colombiana tendrá un nuevo actor político, cuya plataforma ideológica e instrumentos para la acción política son perfectamente previsibles.
Las Farc como partido buscarán sustituir el modelo económico imperante. A sus miembros los seduce el comunismo del siglo XX y los excita el socialismo del siglo XXI. Como partido promoverán la planificación de la economía y la intervención sin límite del Estado en el mercado. Su vocación de poder dependerá principalmente del éxito que tengan en el impulso de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de base alineadas con su agenda revolucionaria. Por ello su actividad política consistirá en la organización de movilizaciones sociales y protestas que obstaculicen el desarrollo local, la libre empresa y minen la autoridad de los gobernantes elegidos. Buscarán ser mayoría en la definición de presupuestos participativos en lo local, pretenderán manejar las decisiones empresariales por la vía de la radicalización de los sindicatos y pretenderán cogobernar por la vía de la participación en espacios populares. Demandarán ante los tribunales la aplicación in extremis del concepto de soberanía popular y sobre esta base plantearán irreconciliables controversias con la libertad individual y la iniciativa privada.
Serán los más grandes populistas. Usarán los medios de comunicación para prometer subsidios, asistencias e intervenciones oficiales por doquier en un entorno plagado de necesidades básicas insatisfechas, y buscarán convertir en súbditos a los ciudadanos por cuenta de la generosidad de las prebendas oficiales por ellos provocadas. Abusarán de los conceptos de derecho al agua, al medioambiente, a la participación y demás, para impulsar solapadamente su agenda anticapitalista. Los veremos promoviendo el cooperativismo, la propiedad colectiva y los modelos de producción comunitaria. Buscarán expulsar de Colombia a las multinacionales y en particular se dedicarán a obstaculizar por la vía de la protesta social todas las actividades extractivas. Su activismo tratará de paralizar nuestra concepción de desarrollo, que para ellos claramente representa una victoria temprana en la búsqueda del poder político.
Es claro que las Farc no se habrán desmovilizado para terminar invisibilizadas por las prácticas corruptas de la política tradicional, sino para insistir en su agenda política por otros medios. Habrá que ver si los partidos políticos tradicionales están preparados para resistir este desafío o si se están preparando para ello. Habrá que ver si se percatarán de esta amenaza electoral oportunamente o cuando ya sea demasiado tarde.