“Posconflicto estable y sostenible”

Lo que hemos vivido en estas semanas de cara a ese sueño no es de ninguna manera el punto de llegada, sino el punto de partida en la construcción de una sociedad distinta. Por ello los desafíos que siguen nos hacen pensar que haber logrado la firma de los acuerdos de paz, sin perjuicio de su importancia y relevancia, son el peldaño sencillo, de muchos más escalones de mayor complejidad en donde tendremos que trabajar en temas tan difíciles como el desarrollo regional, el fin de la corrupción, la equidad, la competitividad, la reformar a la justicia, el fortalecimiento institucional y muchos más. Recorriendo con inteligencia, prudencia, sensatez y responsabilidad estos nuevos y complejos caminos, podremos allí sí vivir en un país en paz, que sea capaz de brillar como se merece en el concierto internacional.

Es entonces obvio que ante la dimensión del logro muchas veces se desborde el optimismo de lo que viene a continuación y se nos olvide que aún tenemos temas por resolver con mucho tino. Uno de esos es el financiamiento de eso que hemos llamado el posconflicto. Algunos, por ejemplo, aun utilizando expresiones de herejía, han propuesto tres cosas: no hacer una reforma tributaria estructural, endeudarse más allá de lo que plantea la regla fiscal o simplemente cambiarla y no atender las inquietudes de las calificadoras de riesgo internacional.

Sin que signifique no discutir lo anterior, sí se hace conveniente recapitular sobre algunos asuntos de fondo. Entre 2012 y este año la deuda pública total se ha incrementado en un 40 % y la deuda pública externa entre 2008 y hoy ha crecido en casi un 100 %. Esto significa que a la fecha el porcentaje de la deuda pública sea de casi el 60 % PIB, valor que es ya muy alto en relación con estándares internacionales de sostenibilidad fiscal de largo plazo. Derivado en parte de lo anterior, el déficit fiscal a la fecha es cercano al -4 % del PIB y tiene una presión muy fuerte sobre el presupuesto nacional de 2017, en el que el servicio de la deuda representa el 25 % del total del presupuesto.

Fruto de lo anterior, la Contraloría General de la República ve con preocupación, en uno de sus recientes informes, la sostenibilidad de la deuda pública en relación con la capacidad tributaria del aparato productivo para honrarla y el margen de capacidad de pago tributario de los contribuyentes (como cada uno de nosotros). Como dicen ellos, no hay mucho margen de maniobra para seguir elevando más los tributos. Pero de la misma manera la regla fiscal, que es una forma ordenada de aumentar la capacidad de deuda y el déficit fiscal mismo, ya no tiene más para dónde extenderse, porque el riesgo es caer en lo que la ANIF ha llamado Juegos de Ponzi (v.g. pirámide) en el manejo tributario, que significa terminar financiando el pago de intereses de la deuda con más deuda.

Viendo los hechos y las expresiones internas de preocupación de la Contraloría, no se trata de que adoremos el “becerro de oro” de las calificadoras de riesgo, sino que debemos ser muy prudentes en la forma como financiemos el posconflicto para que sea sostenible. Lo que no es prudente es terminar como Brasil, con deterioro en su calificación de riesgo, deuda desbordada, déficit fiscal cercano al -6 %, inflación superior al 10 % y caída en el crecimiento.

Pensemos más bien en un posconflicto financiado con cero evasión (penalizando, actuando en forma contra los paraísos fiscales y aprendiendo del modelo español contra la evasión en pymes y medianos contribuyentes), y en segundo lugar, generando ingresos con un ambiente proclive al crecimiento en el que se aclare el tema de tierras, se reduzcan los costos excesivos en energía, impuestos empresariales, transporte y logística, y en el que solucionemos las demoras en consultas previas y licencias ambientales.