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Las personas que rodeaban ayer la enorme ceiba que se erige sobre el parque principal de Jericó, en Antioquia, celebraron alrededor de un parlante que se había instalado excepcionalmente. No seguían un partido de fútbol ni los resultados de un evento político o de la farándula nacional. Estaban aplaudiendo el desenlace de una diligencia judicial que ocurría a pocos metros de allí, en el Juzgado Promiscuo Municipal.
Luego de que el juez anunciara que no acogería la solicitud de la Fiscalía 147 Especializada, hubo gritos, saltos y abrazos. Los once campesinos de la región, conocidos como “Los 11 de Jericó”, no serán sometidos a una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras el proceso continúa. Sin embargo, no podrán salir del país y deberán presentarse ante las autoridades cuando lo requieran. También deberán mostrar buena conducta.
El grupo de aquellos campesinos, que tienen entre los 44 y los 86 años, fueron recibidos como una banda de rock, tras bajar las empinadas escaleras que los condujeron desde la sala del juez. No era para menos, creen muchos en este pueblo. Después de todo, “vencieron” en la primera batalla judicial a la multinacional minera sudafricana AngloGold Ashanti, que, a través de su filial Minera Quebradona, los denunció penalmente hace poco más de un año y medio por la presunta comisión de tres delitos. El caso, ha dicho monseñor Noel Antonio Londoño en sus últimas homilías en este pueblo conservador y creyente, hace recordar el relato bíblico de la batalla entre David y Goliat.
Mientras la movilización daba una segunda vuelta al parque, esta vez en compañía de los campesinos —la primera fue en horas de la mañana y luego de una corta misa—, Claudia Serna Cardona, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la bancada de defensa de los campesinos, fumaba un cigarrillo para intentar calmar los nervios tras la audiencia.
“Es un gran logro para nosotros que no se les haya privado de su libertad”, dijo minutos después. “Nuestra mayor preocupación era que, en aras de buscar la protección de unas víctimas y una sociedad en sentido abstracto, terminaran limitándoles la acción política o la participación social a través de la protesta”.
Si bien Serna Cardona aclara que, por el momento, no es posible hablar de una judicialización de la protesta, pues no existe una sentencia condenatoria, le hace un llamado a los jueces y a la judicatura para que “no permitan que se instrumentalice el derecho penal para criminalizar la protesta”.
Su objetivo, agregó la abogada antioqueña, es lograr una sentencia absolutoria y demostrar que “estamos frente a defensores del territorio y frente a hechos de protesta social contra una multinacional minera que está a buscando a toda costa instalarse en este municipio”.
Un conflicto que se ha agudizado
Aunque el origen del conflicto socioambiental que divide a Jericó podría remontarse a 2007, con la llegada de AngloGold Ashanti y sus planes de extraer cerca de 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre (80 %), oro y otros minerales, en los últimos años se ha agudizado.
En octubre de 2021, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la licencia ambiental que presentó la empresa y que requiere para iniciar la explotación. Desde entonces, la compañía ha recibido prórrogas del periodo de exploración para, entre otras cosas, adelantar nuevos estudios que les permita subsanar las falencias presentadas en el primer documento.
Los hechos por los que han sido acusados los campesinos se han presentado desde 2022. El de secuestro simple, explica Serna, se remonta a nueve eventos entre 2022 y 2023 que, a sus ojos, se dieron en el marco de la protesta social. El de hurto calificado tiene como base, para la Fiscalía, lo sucedido el 12 de diciembre de 2023. Esa noche, un grupo de entre 100 y 200 campesinos desmontaron un piezómetro (un dispositivo que sirve para medir el nivel del agua en el subsuelo) que la compañía había instalado en una finca que es propiedad de la esposa de Rafael Arteaga, exalcalde del municipio.
El dispositivo, señalaron por su parte los campesinos, había sido instalado de manera ilegal y poco transparente por parte de la empresa, que aprovechó las horas de la noche para adelantar la diligencia. Arteaga y Minera Quebradona interpusieron nuevas querellas.
Las querellas, que superaron las 60 y estuvieron dirigidas en contra de campesinos, periodistas e incluso una hermana que hace parte de Las Lauritas (una congregación religiosa), dieron paso al proceso penal en el que la Fiscalía 147 Especializada acusó a los 11 campesinos de dos delitos generales (secuestro simple y hurto calificado) y lesiones personales a un campesino en particular.
Esta medida, señalan desde Censat Agua Viva, una organización que ha acompañado el proceso, “ha sido interpretada por múltiples organizaciones de derechos humanos, sociales y ambientales como una acción desproporcionada, carente de fundamentos y orientada a infundir miedo”.
A finales de mayo, unos días después de la primera audiencia contra los “11 de Jericó”, la Defensoría del Pueblo rechazó la judicialización de los campesinos. “Esta situación no puede entenderse de manera aislada ni exclusivamente bajo una óptica penal”, señaló la entidad. “Se enmarca, de forma clara y contundente, en un conflicto socioambiental estructural que ha marcado la vida del municipio durante las últimas décadas”.
Mientras tanto, Minera Quebradona publicó un comunicado en la tarde de este lunes en el que aseguró que “es absolutamente respetuosa del ordenamiento jurídico y acata fielmente las competencias y atribuciones de todas las autoridades legítimamente constituidas”.
Sin embargo, para Tatiana Rodríguez Maldonado, coordinadora general de Censat Agua Viva, el número de querellas interpuestas por la empresa en los últimos años (y el tipo de personas querelladas, como la hermana de Las Lauritas) muestran que es una estrategia que viene en aumento.
“Antes de los ”11 de Jericó» se hablaba de los querellados, que son personas a las que se les puso una querella pero no se ha avanzado en el proceso para resolverlo, pero es una amenaza y también una medida de estigmatización y de descrédito en el territorio“. Christian Torres, coordinador del área de Conflictos Mineros de esta organización, agrega que esta “ha sido una estrategia de desgaste de la empresa, de intentar apaciguar la movilización social del suroeste antioqueño, que es de larga data”.
A ojos de Gabriel Ignacio Gómez, abogado especialista en derecho administrativo y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, “este proceso nunca debió haber iniciado”. “El hecho de que se haya acudido al derecho penal y a un proceso penal para un conflicto que es más profundo me parece desproporcionado, como lo ha dicho la Defensoría”, complementa el doctor en Estudios de Justicia de la Universidad de Arizona (Estados Unidos).
Aunque las organizaciones sociales que han acompañado este proceso, como Censat Agua Viva, y académicos, como el abogado Gómez, celebran la decisión del juez, tienen algunas preocupaciones sobre el futuro de la movilización social y campesina en la región.
“Una de las cosas que no sabemos es el efecto que pueda tener en el resto de la región (el proceso contra los ”11 de Jericó“)”, apunta Luisa Fernanda Pedraza, de Censat. “No sabemos si la gente se va a atrever a manifestarse o a presentar sus inconformidades, porque así la decisión de hoy haya sido como un sorbo de agua en una carrera bien ruda, el camino sigue”.
“Me preocupa que no se pierda la posibilidad de comprender bien lo que hay detrás”, concluye Gómez. A lo que se refiere el abogado es que “para Anglo Gold los campesinos son delincuentes, una especie de enemigos que hay que combatir a través del derecho penal”.
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