En dos meses, 1.251 familias fragmentadas por cierre fronterizo

 Este lunes se cumplen dos meses desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cerrar el paso fronterizo con Colombia en el Puente Internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander. Desde entonces, en otros tres departamentos se han cerrado pasos oficiales: el de Paraguachón en La Guajira, el de Puerto Páez en Arauca y el de Puerto Carreño en Vichada. Además, desde el 21 de agosto Maduro decretó el estado de excepción en cinco municipios del estado Táchira, todos fronterizos con Colombia. Ese estado de excepción se ha extendido a por lo menos 10 municipios fronterizos. (Vea: Dos meses de cierre fronterizo)

El cierre de la frontera y las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana en zonas bajo estado de excepción provocaron, en principio, deportaciones masivas de colombianos. Según Cancillería, desde el cierre de fronteras se han presentado 1.955 medidas migratorias a ciudadanos colombianos por parte del Gobierno venezolano. De estas, 1.594 corresponden a deportaciones, 25 a expulsiones y 336 a repatriaciones de menores de edad. Si bien Cancillería tiene un consolidado del número de deportados oficiales, no tiene cifras de los connacionales que han regresado por pasos no oficiales de la frontera, pues estos no siempre se registran en los albergues ni acceden a los programas que ofrece el Gobierno Nacional. Según el último reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia, la cifra de retornados rondaría los 22 mil.

En estos dos meses, las cifras de deportaciones se han estabilizado y el trato a los colombianos por parte de las autoridades venezolanas ha cambiado. Según Cancillería, el Gobierno colombiano ha expuesto al venezolano que, “si bien la medida de la deportación de colombianos es una decisión autónoma y soberana de su Estado, el respeto y las garantías para un buen trato a cada colombiano implicado es un principio al que como Gobierno seguiremos exigiendo”. Además, el cierre de los pasos fronterizos ha causado dificultades a miles de personas que tienen un relacionamiento familiar, económico y de otros aspectos como la adquisición de servicios sociales, educativos o de la salud, muchos de ellos optan por el uso de pasos informales y trochas exponiendo su integridad. Dice la Cancillería que “el gobierno de Colombia ha expuesto a las autoridades de Venezuela que se deben buscar mecanismos que no afecten ese relacionamiento histórico, mientras tanto se han adoptado una serie de medidas nacionales que buscan seguir mejorando el desarrollo social de los habitantes de la zona fronteriza”.

Pese a la disminución de los casos de deportaciones y retornos forzados, el Puesto de Mando Unificado de Atención Humanitaria aún atiende casos de personas que fueron víctimas de procesos irregulares de deportación. Según Cancillería, durante estos dos meses se recopilaron reportes de 1251 familias fragmentadas por el cierre de la frontera. Para atender estos casos, se pusieron en marcha dos medidas de reunificación familiar: la nacionalización de cónyuges venezolanos que estuvieran casados o en unión libre con ciudadanos colombianos y la asistencia consular para la reunificación de menores que hubieran sido separados de uno o ambos padres por los efectos de las medidas adoptadas por Venezuela, para que logren reunificarse y emprender un nuevo proyecto de vida en Colombia. Hasta hoy se han reunificado 144 menores a sus núcleos familiares.

Para agilizar estos trámites, mediante el Decreto 1772 de 2015 se eliminó el requisito de apostilla de los documentos públicos provenientes de Venezuela y se eximió del pago de las tasas para la expedición de la cédula de extranjería y demás servicios migratorios, así como de las sanciones económicas de las que pudieran ser objeto los venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de ciudadanos colombianos deportados, expulsados o retornados en el contexto de la crisis fronteriza. Además, desde el 15 de septiembre de 2015 entró en vigencia el Decreto 1814, por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción. Hasta hoy, según Cancillería, se han otorgado 210 permisos especiales que serán casos susceptibles de entrega de nacionalización a nivel nacional; 89 cédulas de extranjería y 89 solicitudes formales de nacionalización por parte de cónyuges venezolanos.

Otra de las acciones de Cancillería ha consistido en brindar transporte a las ciudades de origen a un total de 3.841 colombianos que regresaron desde Venezuela. De estos, 2.684 llegaron por Norte de Santander, 1.056 por La Guajira y 101 por Arauca. Con posterioridad al cierre del registro Único de Damnificados, se ha realizado atención al retorno humanitario de 196 connacionales con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones.

Hace algunas semanas el expresidente colombiano Ernesto Samper, hoy secretario general de Unasur, habló sobre un acuerdo para que los colombianos que habían sido deportados pudieran regresar nuevamente a Venezuela y regularizar su situación en ese país. Dicho acuerdo, sin embargo, no se ha logrado formalmente con Colombia. Según la información enviada por Cancillería, la recomendaciones para los connacionales que han llegado al país es que no expongan su seguridad personal ingresando de forma irregular a Venezuela. “Muchos de los colombianos que vivieron las condiciones en que se tomaron las medidas del gobierno de Venezuela confirmaron maltratos físicos y psicológicos. Las quejas y denuncias han sido atendidas y muchas de ellas resueltas. La recomendación del Gobierno colombiano ha sido que no se expongan nuevamente a ese tipo de situaciones”.