Dos meses de cierre fronterizo

 Este lunes se cumplen dos meses desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela en el paso del puente internacional Simón Bolívar, en Norte de Santander. Desde entonces, el cierre se ha prolongado a otros departamentos: La Guajira, Cesar, Arauca y Vichada. El 21 de agosto Maduro decretó el estado de excepción, inicialmente en cinco municipios del estado de Táchira, todos fronterizos con Colombia. Desde entonces lo ha ampliado a otros cinco municipios fronterizos. Esto incrementó la cifra de colombianos deportados y retornados desde el vecino país. Según el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia, ya son más de 1.900 deportados oficiales y 22.000 retornados. Las decisiones de Maduro tuvieron, en principio, un fuerte impacto en Cúcuta, que enfrentó entonces el reto de recibir y atender a más de 20.000 personas. No obstante, en estos dos meses muchos colombianos han sido enrutados hacia otras regiones del país. Las cifras de deportaciones se han estabilizado y el trato hacia los colombianos por parte de las autoridades venezolanas ha cambiado. Donamaris Ramírez, alcalde de Cúcuta, dice que los casos de deportaciones masivas o deportaciones irregulares han disminuido ostensiblemente: “Con la visibilización de los hechos en organismos como la Comisión Interamericana y la Corte Penal Internacional, y en los medios de comunicación, Maduro quedó expuesto. El trato hacia los colombianos cambió. Ahora, no se pueden olvidar esos precedentes en materia de derechos humanos y la necesidad de investigarlos”. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó la frontera a mediados de septiembre emitió un informe preliminar en el cual expresó su preocupación por deportaciones realizadas de forma “sumaria, arbitraria y colectiva”. Señaló que se estarían violando normas internacionales al no cumplir garantías de debido proceso migratorio, y que entre los deportados y retornados hay más de 150 casos de solicitantes de asilo y refugiados colombianos, con lo cual se violan principios como el de no retorno (non refoulment). Hoy en Cúcuta, dice Ramírez, está  una  cara de la ciudad que sigue adelante, donde el cierre de la frontera crea oportunidades. “Antes, los cucuteños y nortesantandereanos iban a comprar a Venezuela; hoy se quedan en Cúcuta. Eso, unido a la exención del IVA, permite que la ciudad tenga cierta autonomía”. Además, ante la crisis fronteriza llegaron compromisos del Gobierno Nacional, como llevar inversión estatal en obras públicas para tratar de solucionar el problema del desempleo y abrir espacio a la mano de obra no calificada. Justo este sábado, el Gobierno anunció una inversión de $3,4 billones hasta 2018 “para disminuir la brecha entre zonas de fronteras y el resto del país, y transformar las fronteras en polos de desarrollo”. Otra cara de Cúcuta es la de la ciudad en donde queda un albergue con alrededor de 400 personas que han sido deportadas o retornadas, “pero donde hay otras 4.000 que quedaron con subsidios de arriendo en diferentes partes de la ciudad. A los que se quedaron en Cúcuta hay que darles las oportunidades que se les han prometido”, dice el alcalde. Por vía diplomática no se ha logrado la reapertura de la frontera. En la reunión celebrada el 21 de septiembre en Quito, entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, con la compañía de sus homólogos de Ecuador y Uruguay, se planearon encuentros ministeriales para normalizar progresivamente la situación limítrofe. En materia de seguridad ambas partes dicen que hay resultados. La semana pasada Maduro anunció que la frontera seguirá cerrada hasta que se logre “construir una frontera de paz”, y que sólo en el estado de Táchira, fronterizo con Cúcuta, han sido detenidas 250 personas, entre ellas 66 militares, 28 policías y 34 presuntos paramilitares colombianos, presuntamente vinculadas al contrabando hacia Colombia de productos subvencionados por Venezuela. El presidente venezolano añadió que “en algunas zonas de la frontera ha disminuido el 96% el terrorismo, secuestro, descuartizamiento, asesinato”, y que la Fiscalía venezolana solicitó a Colombia en extradición a un supuesto jefe paramilitar que sería responsable del secuestro y asesinato de jóvenes venezolanos. El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, también afirmó que desde el cierre fronterizo los índices de criminalidad han disminuido. Según él, en toda la frontera colombo-venezolana se ha registrado un descenso de los homicidios del 20% en lo que va del año, y en los últimos 60 días un 10% adicional de caída. El ministro resaltó, además, que en ese período se produjo un descenso de 39% en lesiones, de 19% en hurtos a personas, de 70% en hurto a automotores y de 84% en la extorsión. Mientras que entre agosto y octubre de 2014 se registraron 40 casos de extorsión, la cifra para el mismo período de este año es seis. En Cúcuta, los delitos comunes y las muertes violentas también han disminuido. Sin embargo, dice Donamaris Ramírez, el logro no se debe malinterpretar, la solución para esto no es tener la frontera cerrada. “Lo bueno es que esto se logre con la frontera abierta”.