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Razón tiene el editorial de El Espectador al calificar de infundada la afirmación de que el país estaría entrando en una “dictadura fiscal” por el hecho de que el Gobierno vaya a decretar el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Sin perjuicio de las revisiones constitucionales, esos ataques tendenciosos crean malestar en la economía e innecesaria incertidumbre en los mercados internacionales de financiamiento, sin hacer justicia, por cierto, a que en general los resultados de la política de Hacienda del gobierno Petro han estado caracterizados hasta hoy por la responsabilidad.
La regla fiscal se cumplió en los años 2022 y 2023 y está previsto por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que se cumpla al terminar 2024. El Gobierno ha pagado a tiempo los compromisos de la Nación, sin ninguna renegociación. Mientras la deuda neta del Gobierno Nacional Central saltó de 48,4 % del PIB en 2019 a 60,7 % en 2020 —Colombia perdió su grado de inversión en 2021 (gobierno Duque)—, en 2023 la deuda cerró en 53,8 % del PIB. Esto ocurrió incluso con el aterrizaje de la economía en 2023, finalizados los efectos de las políticas fiscal y monetaria expansivas y el rebote económico pospandemia en 2021 y 2022.
El Gobierno ha honrado los pagos de la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional y los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Respetando el argumento de que en 2020 era necesario activar todos los instrumentos de política contracíclica, algunos de ellos debieron ser mejor focalizados y ajustados a tiempo, como es el caso del congelamiento de los precios de los combustibles. El actual Gobierno ha lidiado con la mala herencia.
Ahora, es cierto también que el Gobierno está en los límites y hay desorden. Es sabido el problema de caja que está enfrentando por cuenta del desfase frente a las promesas del recaudo de impuestos hechas a finales de 2023 —junto con el efecto de algunas sentencias de la Corte Constitucional en relación con la reforma tribuatria de 2022—. Al tiempo de la publicación del MFMP de 2024 se tuvo que hacer en junio de este año un recorte presupuestal de 20 billones de pesos. La Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional se ha convertido en la torre de control que limita las autorizaciones de gasto de todos los sectores, cuando las entidades contaban inicialmente con esos recursos. Camino indeseable y costoso para la administración pública y la planeación ante el desafío de la ejecución de los recursos. Y claramente el respaldo del Congreso de la República al PGN le habría dado un arranque con menos tropiezos a las finanzas públicas de 2025. Para mantener los logros de responsabilidad fiscal tendrán que venir recortes a muy pocos meses del decreto de presupuesto.
Absurdo sería que, luego de los resultados de la política fiscal en los dos primeros años de gobierno, el país enfrente un final de gobierno descarrilado fiscalmente. Es hora de hacer los ajustes respectivos. Hay proyectos de gobierno que, teniendo asignados los recursos, van a una marcha de ejecución menor de la esperada; en estos deben darse los recortes, de ninguna manera en los compromisos ya adquiridos por la Nación.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
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