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Incluso mientras los tribunales cuestionan la legitimidad de varios gravámenes, el presidente de EE. UU. dispone de otras formas de imponer aranceles y ha indicado que está dispuesto a utilizarlas.
La legitimidad de los aranceles del presidente Donald Trump está siendo cuestionada por los tribunales estadounidenses, pero el presidente no muestra señales de renunciar a su herramienta favorita.
El miércoles, los aranceles que Trump impuso al acero y al aluminio extranjeros se duplicarán al 50 por ciento, una medida que, según el presidente, protegerá mejor a los fabricantes nacionales de metal.
En los próximos días, el gobierno estadounidense se enfrentará a los estados y empresas que han presentado demandas por los aranceles del presidente, y ambas partes deberán presentar más información mientras los jueces trabajan para tomar decisiones definitivas sobre la legalidad de los aranceles más elevados de Trump.
El pasado miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que algunos de los aranceles más elevados que Trump había impuesto eran ilegales, lo que supuso un importante revés para el programa político del presidente.
Menos de 24 horas después, otro tribunal suspendió temporalmente esa decisión. Mientras los jueces sopesan esa apelación, se espera que los aranceles en cuestión —que incluyen los gravámenes que Trump impuso a Canadá, México y China por lo que, dijo, era su papel en el comercio de fentanilo, así como los aranceles globales que Trump anunció, y luego pausó rápidamente, en abril— sigan en vigor al menos hasta el 9 de junio.
El domingo, uno de los principales asesores comerciales de Trump insistió en que el presidente seguiría encontrando formas de golpear a otros países con aranceles, incluso después de que el tribunal de comercio fallara en contra del elemento definitorio de la estrategia de Trump.
“Tengan por seguro que los aranceles no van a desaparecer”, dijo Howard Lutnick, secretario de Comercio, durante una aparición en Fox News Sunday. Dijo que el presidente posee “tantas otras facultades” que si el tribunal finalmente falla en contra de la Casa Blanca, Trump aún puede “traer otra”.
Un fallo en contra del gobierno privaría al presidente del uso de una autoridad legal que ha utilizado para subir y bajar los aranceles a capricho, al declarar primero el fentanilo y luego el déficit comercial estadounidense como una “emergencia económica internacional”. El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que el Congreso no había otorgado al presidente una autoridad tan amplia.
Pero, como señaló Lutnick, el presidente dispone de muchas otras formas de imponer aranceles y recientemente ha indicado que está dispuesto a utilizarlas. En una visita a una acería de Pensilvania el viernes, Trump dijo que duplicaría los aranceles que había impuesto al acero y al aluminio extranjeros a principios de este año, con efecto a partir del 4 de junio.
“Nuestras industrias del acero y el aluminio vuelven como nunca antes”, escribió después el presidente en Truth Social. “Esta será otra GRAN sacudida de grandes noticias para nuestros maravillosos trabajadores del acero y el aluminio”.
Los aranceles sobre el acero y el aluminio se impusieron en virtud de un estatuto jurídico relacionado con la seguridad nacional, conocido como Sección 232. Para imponer ese tipo de aranceles, el presidente primero debe iniciar una investigación sobre si las importaciones de un determinado artículo suponen una amenaza para la seguridad nacional. Si la investigación determina que suponen una amenaza, el presidente tiene autoridad para gravar esas importaciones.
Trump ya ha utilizado esa autoridad para ordenar la imposición de aranceles a los automóviles y piezas automotrices extranjeras. Y su gobierno lleva a cabo investigaciones en muchos otros ámbitos, como los productos farmacéuticos, los semiconductores, la madera, el cobre, los aviones, los camiones y los minerales críticos.
Estas investigaciones podrían utilizarse para imponer más aranceles pronto, independientemente del resultado de los procesos judiciales. Ha habido otras investigaciones históricas en las que no se tomaron medidas, pero podrían tomarse, como sobre el uranio y el vanadio, utilizados en la producción de aleaciones de acero.
Brad Setser, economista del Consejo de Relaciones Exteriores, estimó que los casos de la Sección 232 actualmente en vigor o en proceso podrían abarcar potencialmente alrededor del 40 por ciento del comercio estadounidense.
El presidente cuenta también con el caso comercial que inició contra China en su primer mandato, que podría reutilizarse para imponer rápidamente aranceles adicionales a los productos chinos. En ese caso se utilizó otro estatuto legal conocido como Sección 301, que también exige una investigación sobre si las importaciones perjudican a las empresas estadounidenses antes de emitir aranceles u otras medidas para ayudarlas. Hay un puñado de otras leyes que también otorgan al presidente la autoridad para imponer distintos tipos de aranceles.
Setser dijo que replicar con estas otras autoridades la escala de los aranceles que el tribunal podría anular sería “inminentemente factible”.
“Solo llevará más tiempo, mucho más proceso y no permitirá al presidente la misma capacidad de subir o bajar los aranceles durante un fin de semana sin que los grupos de interés afectados por los cambios arancelarios tengan la capacidad de hacer comentarios”, dijo. “En otras palabras, la guerra comercial se ralentizará”.
Lutnick y sus homólogos en el gobierno habían dicho inicialmente al tribunal que un fallo adverso podría alterar las negociaciones con otras naciones y socavar la influencia del presidente.
El domingo, Lutnick se mostró más optimista, al afirmar que la sentencia “nos ha costado una semana, quizá”, e insistió en que “todo el mundo volvió a la mesa” y que el presidente lograría su objetivo de cerrar muchos nuevos acuerdos comerciales con otros países.
También dijo que no se espera que el presidente prorrogue su pausa original de 90 días para los aranceles globales que impuso al utilizar la autoridad de emergencia que al menos un tribunal ha declarado ilegal.
Funcionarios del gobierno también reiteraron el domingo que China había violado los términos del acuerdo que alcanzó con Estados Unidos en Ginebra a mediados de mayo, por el que ambas naciones redujeron mutuamente las barreras comerciales. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, sugirió en la cadena ABC que podría haber una discusión esta misma semana entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, aunque luego dijo que no había nada programado.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo por separado en la CBS que las conversaciones con China se habían estancado. Acusó a Pekín de frenar sus exportaciones de minerales de tierras raras, que son fundamentales para las cadenas mundiales de suministro industrial.
Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.
Tony Romm cubre política económica y el gobierno de Donald Trump para el Times desde Washington.
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