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Durante décadas, los jóvenes solteros, sobre todo de México y tiempo después de Centroamérica, hicieron todo lo que pudieron para cruzar la frontera, escabullirse de los agentes fronterizos, y así llegar a Los Ángeles, Atlanta y otros lugares que necesitaran de su mano de obra.
Hoy en día, personas de todo el mundo cruzan la frontera sur, la mayoría de ellas igual de dispuestas a trabajar. Pero en lugar de intentar eludir a las autoridades estadounidenses, la abrumadora mayoría de los migrantes buscan a los agentes fronterizos, a veces esperando horas o días en campamentos improvisados, para entregarse.
Ser metido a empujones dentro de un vehículo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y que te lleven a una instalación de procesamiento no es una contrariedad. De hecho, es un paso crucial para tener la oportunidad de solicitar asilo, que ahora es la manera más segura de que los inmigrantes permanezcan en Estados Unidos, incluso si, en última instancia, pocos van a ganar sus casos.
Vivimos en una época de migración masiva, impulsada por los conflictos, el cambio climático, la pobreza y la represión política y alentada por la proliferación de videos en TikTok y YouTube en los que se relatan los viajes de los migrantes a Estados Unidos. Unos seis millones de venezolanos han huido de su turbulento país, el mayor desplazamiento de población en la historia moderna de América Latina. Los migrantes de África, Asia y América del Sur están hipotecando las tierras de sus familias, vendiendo sus automóviles o pidiendo dinero prestado a usureros para embarcarse en viajes largos, a menudo peligrosos, y llegar a Estados Unidos.
Solo en diciembre, más de 300.000 personas cruzaron la frontera sur, un número nunca antes visto.
No es solo porque creen que podrán cruzar la frontera sur de más de 3200 kilómetros, sino que también están seguros de que una vez que lleguen a Estados Unidos podrán quedarse.
Para siempre.
Y, en general, no se equivocan.
Estados Unidos está tratando de administrar un sistema de inmigración con una fracción de los jueces, funcionarios de asilo, intérpretes y otro personal que necesita para manejar a los cientos de miles de migrantes que cruzan la frontera y cada año llegan a ciudades de todo el país. Esa disfunción ha hecho imposible que la nación decida con rapidez respecto a quiénes pueden permanecer en el país y quiénes deben ser enviados de regreso a su patria.
“No conozco a nadie que haya sido deportado”, dijo Carolina Ortiz, una migrante colombiana, en una entrevista al final de diciembre en un campamento en las afueras de Jacumba Hot Springs, a poco menos de 96 kilómetros del sureste de San Diego y muy cerca de la barrera oxidada que separa a Estados Unidos de México.
Para la mayoría de los migrantes, Estados Unidos todavía representa la tierra de las oportunidades. Muchos vienen a buscar trabajo y harán lo que sea para conseguirlo, incluso si eso significa presentar una solicitud de asilo deficiente, dijeron varios abogados.
Para calificar para asilo, los solicitantes deben convencer a un juez de que regresar a su país de origen resultaría en daño o muerte debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.
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Ortiz, de 40 años, dijo que tenía la intención de solicitar asilo basándose en la violencia de Colombia. Sus posibilidades de ganar son escasas, porque la violencia en sí misma no suele cumplir el estándar de persecución. De todas maneras, estará protegida de la deportación mientras su solicitud esté pendiente y calificará para un permiso de trabajo.
Los tribunales de inmigración, sin los fondos necesarios, juzgan las solicitudes y se ven presionados por el número cada vez mayor de casos, por eso las solicitudes no avanzan durante años y, así pues, los inmigrantes construyen sus vidas en Estados Unidos.
Ortiz, una enfermera, dijo que había pedido prestados “millones” de pesos colombianos (varios miles de dólares) para pagar a los contrabandistas que la llevaron hasta las puertas de Estados Unidos, un hueco en el muro promovido por el expresidente Donald Trump. Esperó dos días bajo los fríos vientos del desierto que azotaban su tienda a que los agentes vinieran y se la llevaran.
Cuando los agentes se presentaron, transportaron a Ortiz a una instalación donde le entregaron documentos que decían que había ingresado al país de manera ilegal, que había sido puesta en proceso de deportación y debía comparecer ante un juez de inmigración.
La fecha de la audiencia que le dieron: 19 de febrero de 2026.
Luego fue puesta en libertad. En la mente de Ortiz, todo iba según lo planeado. “Quería hacer todo de la manera correcta”, dijo días después al llegar a Colorado. Le habían asignado un número de “extranjero” utilizado para rastrear casos de inmigración.
En última instancia, la mayoría de las solicitudes de asilo son rechazadas. Pero incluso cuando eso sucede, algunos años después, es muy poco probable que los solicitantes sean deportados. Hay millones de personas en el país sin un permiso legal, por eso los funcionarios de deportación estadounidenses dan prioridad al arresto y expulsión de personas que han cometido delitos graves y representan una amenaza para la seguridad pública.
Casi 2,5 millones de personas cruzaron la frontera sur en el año fiscal 2023, más de los que viven en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Eso ha convertido a la frontera en un tema cada vez más polémico, para los alcaldes y gobernadores que enfrentan grandes olas de inmigrantes, y para los líderes republicanos deseosos de echarle la culpa al presidente Joe Biden mientras hace campaña para la reelección.
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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha insistido en que nada debería ser más importante para Estados Unidos que asegurar la frontera. “Debemos insistir con énfasis en que la frontera sea la máxima prioridad”, dijo Johnson a los periodistas en enero después de una reunión con Biden y otros líderes del Congreso.
El presidente ha manifestado su voluntad de aceptar la mayoría de las demandas republicanas, aunque las posibilidades de un acuerdo disminuyeron la semana pasada después que Trump, el favorito para la nominación republicana, vociferó su oposición a los términos.
Pero algunos defensores de una vigilancia más estricta dicen que tomar medidas enérgicas en la frontera no es suficiente.
“Necesitamos más tropas sobre el terreno. Necesitamos más infraestructura fronteriza”, dijo Michael Neifach, un experto en seguridad fronteriza que fue asesor legal principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.
“Pero hacer eso no es suficiente para solucionarlo”, dijo. “Necesitamos entender que la frontera no es el final”.
El sistema de inmigración estadounidense no ha sido objeto de una reforma en casi 40 años. Y ya pasó una década desde la última vez que los republicanos y demócratas en el Congreso entablaron negociaciones serias para intentar realizar cambios estructurales en el sistema.
En cambio, avivar la preocupación por la inmigración se ha convertido en una parte vital del manual político de Trump y muchos líderes republicanos. Piden una mayor vigilancia en la frontera, pero dicen poco de lo que queda del caduco e inservible sistema de inmigración.
“Los políticos quieren financiar agentes de la Patrulla Fronteriza, cercas y otros aspectos visibles de la vigilancia fronteriza”, dijo Doris Meissner, directora del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria, un laboratorio de ideas no partidista.
“Pero hasta que no se aumenten los recursos para otras funciones de inmigración, el problema fronterizo no podrá resolverse”, dijo Meissner, exjefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
En un sistema que funcione, la mayoría de los migrantes que buscan asilo serían entrevistados en la frontera para evaluar si tienen un temor creíble de persecución en caso de que se vieran obligados a regresar a sus países de origen. Está pensado como el primer paso en el proceso de asilo, y los migrantes que no tengan una solicitud creíble pueden ser deportados con rapidez.
Cada día se realizan unas 500 entrevistas de este tipo (más que nunca). Pero esas representan solo una fracción de los migrantes que llegan: con frecuencia 5000 o más. La mayoría de las personas que cruzan la frontera nunca pasan por ese control inicial. Son liberados con una fecha de audiencia en una ciudad, a menudo años después.
Si los migrantes dicen a los jueces que han estado viviendo desesperados en la pobreza y vinieron a Estados Unidos en busca de trabajo, podrían ser deportados con rapidez. Por eso los migrantes solicitan asilo, pues saben que así tendrán una oportunidad de luchar para quedarse.
Según la ley estadounidense, los solicitantes de asilo pueden permanecer en Estados Unidos al menos hasta que concluyan sus casos.
En 2012, había 300.000 casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Hoy hay un número de casos similar solo en el estado de Nueva York. En total, más de tres millones de casos languidecen en los tribunales de inmigración, un millón más que hace apenas un año.
Unos 800 jueces de inmigración están en funciones. En 2020 había 520 jueces en funciones. Pero este aumento de funcionarios se produjo después de años de inacción y en ese tiempo los retrasos se dispararon, según TRAC, Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación de la Universidad de Syracuse.
Incluso con más jueces, pueden pasar varios años hasta que se decida un caso de asilo. El Servicio de Investigación del Congreso ha estimado que se necesitarían unos 1000 jueces más a fin de eliminar el atraso actual para el año fiscal 2032.
Hasta hace unos años, Katy Chávez, abogada de inmigración en Carolina del Norte, solía recibir un puñado de llamadas al año de personas que buscaban sus servicios para solicitar asilo. Ahora recibe un par de docenas al mes. Muchos son migrantes que huyeron de profundas dificultades económicas.
“Están llamando porque quieren su permiso de trabajo”, dijo. “Ni siquiera entienden qué es el asilo”.
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