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Con la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hace mes y medio, el encargo quedó en manos de la abogada Paula Robledo Silva, quien estaba al frente de la dirección de Políticas y Estrategias de la misma entidad. Aunque no puede referirse en concreto a los procesos que involucran al canciller Álvaro Leyva, quien justamente habría motivado la salida de Zamora, invitó a la Procuraduría a actuar con proporcionalidad.
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¿Qué ha pasado tras la salida de Zamora?
En este mes he tenido seis reuniones con representantes de víctimas: con la Comisión de Constatación de Identidad y Parentesco de las Víctimas; con el Ministerio de Justicia; con la viceministra de Relaciones Exteriores. Todos los encuentros han sido en el marco del rol que tiene la Agencia de acercar a las víctimas y a todas las entidades del Estado que tienen que cumplir sentencias, como la de la Unión Patriótica. Lo importante de esas reuniones es que han salido compromisos muy concretos.
¿Cómo cuál?
Un acuerdo muy relevante fue destrabar las reuniones con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Otro resultado de esas reuniones es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó hacer unos foros académicos para difusión de las sentencias. La Corte dijo que, debían ser al menos dos foros, y nosotros ya tenemos siete universidades públicas que ya contactamos y donde vamos a hacer esos encuentros durante todo el año para distribuir la sentencia de la UP, por ejemplo.
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¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora la relación entre la Fiscalía y la Agencia?
Yo estoy encargada de la Dirección General desde el 18 de diciembre. Dos días después, mandamos un oficio a la Fiscalía en donde le listamos todos esos casos que tenemos ante el Sistema Interamericano por denegación de justicia. Para la Agencia, es muy importante que tengamos una Fiscalía comprometida con el sistema interamericano, con su obligación de investigar los hechos y de avanzar de manera diligente en las investigaciones. Por eso, para la Agencia, es muy relevante que la nueva fiscal general de la Nación marque un hito en el cambio de política que hasta ahora, o por lo menos en estos últimos cuatro años, ha tenido el ente investigador.
La Agencia realmente espera que, de la manera más pronta posible, la Corte Suprema elija a la nueva fiscal, porque necesitamos empezar a hacer esas mesas de trabajo para que haya un compromiso real del ente investigador con las víctimas, además de dar cumplimiento a todas las obligaciones internacionales.
¿Cómo describe el cambio de postura que la Agencia ha tenido con el nuevo gobierno?
El Estado colombiano venía teniendo una defensa reactiva, que no obedece a una política de reconocimiento temprano de derechos, ni a una política de dignificación de las víctimas. Sencillamente, este es un gobierno que hoy sí cree en la paz y la reconciliación. Ese es un cambio de paradigma porque es entender que necesitamos reconstruir la sociedad y que, si no hacemos actos como acuerdos de reparaciones anticipadas, que si no hacemos un acto en el que dignificamos la memoria de estas personas que no tenían que haber sido desaparecidas por el hecho de militado en un grupo armado ante la ley, pues vamos a seguir alimentando mucho el odio y no vamos a cambiar como sociedad nunca.
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¿Cuál es la postura de la Agencia frente a la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva por el tema de pasaportes?
Yo no puedo dar una opinión sobre el caso en concreto porque eso me pone en riesgo de una recusación que impida que yo, como parte de la Agencia y como representante del Estado, intervenga en un proceso más adelante. Pero en términos generales, es importante señalar que una de las funciones principales de la Agencia es la prevención del daño antijurídico. La gente cree que la Agencia solamente defiende al Estado después de que lo demandan. Pero no. Nosotros tenemos una labor de prevención muy relevante.
¿Y eso qué tiene que ver con el caso del ministro Leyva?
Cuando a un funcionario público lo investigan disciplinariamente y termina absuelto en el curso del proceso disciplinario, le causan un daño que no tenía el deber de soportar. Todo daño que se derive de una medida cautelar desproporcionada e irrazonable, termina en que un funcionario público puede demandar al Estado. Entonces, desde el punto de vista de la prevención del daño antijurídico, es importante llamar la atención sobre la necesidad de un estudio riguroso para que las decisiones de la Procuraduría sean apegadas al ordenamiento jurídico, sean proporcionadas y razonables, y que estén soportadas en pruebas determinantes para la toma de esas decisiones. La Agencia tiene un lineamiento, que firmé el viernes 26 de enero, sobre la prevención del daño antijurídico en relación con decisiones generadas por sanciones disciplinarias. Sería muy bueno que la Procuraduría se lo leyera.
¿Ustedes le compartieron estos lineamientos a la Procuraduría? ¿Consideran que los han seguido?
Esos lineamientos son generales para todas las entidades. Aunque el lineamiento, como tal, se expidió el viernes pasado, eso no obsta que no haya como tal un deber legal sin el lineamiento. ¿Cuál deber? El legal que apunta a que las decisiones como Procuraduría se ajusten al ordenamiento jurídico, sean proporcionales, razonables y respeten el debido proceso. La Agencia no tiene que sacar un lineamiento para que la Procuraduría haga eso porque la Constitución ya la obliga a hacerlo. Pero esos lineamientos lo refuerzan. Es más una recomendación, pero la Procuraduría no podría en ningún momento escudarse en que no lo conocía. Es el ejercicio de su función mantenerse dentro de los parámetros constitucionales y legales y, sobre todo, enmarcado en un principio de proporcionalidad y razonabilidad.
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¿Cree que en el caso de Leyva se violaron esos lineamientos?
No puedo hacer afirmaciones respecto al caso concreto.
¿Por qué salió Ana María Ordóñez, la antigua directora internacional de la Agencia? Fuentes cercanas al caso aseguraron que ella no esperaba esa decisión…
Ana María Ordóñez, como tantos otros funcionarios de la Agencia, están vinculados mediante una relación legal y reglamentaria en un cargo del libre nombramiento y remoción. En este caso, yo no la nombré a ella, pues lleva siete años trabajando en la entidad. Según la nueva postura de la Agencia, esa dirección debe estar liderada por alguien cuya experticia sea en los Derechos Humanos y que sea un líder para ese equipo. La salida de esta funcionaria no significa que vayamos a descuidar el tema de arbitraje de inversión, sino que era un tema que había que balancear. Además, fue una sorpresa para mí cuando vi que la renuncia que radicó en el sistema de gestión documental no es la que me entregó en diciembre.
¿Cómo así?
Es una renuncia que tiene más cara de informe de gestión que de renuncia y en donde ella se autocalifica por sus logros. Ella decía que le ahorró al Estado colombiano una cantidad de plata. Entonces, primero, eso no es una versión oficial de la Agencia. Segundo, a mí me parece una falta de respeto con el equipo de trabajo, pues esa afirmación desconoce el trabajo de todo un equipo de funcionarios y funcionarios que trabajan con responsabilidad, compromiso y no lo hacen a título personal, sino a título del Estado.
Sobre la salida de Zamora…
El presidente de la República, cuando decidió cambiar el rumbo de quien dirigía a la Agencia, le manifestó a los medios de comunicación que la renuncia de Martha Lucía Zamora no obedecía a un tema puntual relacionado con el incidente con el canciller (según medios de comunicación, Zamora salió de la entidad luego de una discusión con el ministro Leyva en la que le advirtió que debía entregar el polémico contrato de pasaportes). Él mismo explicó que realmente venía estudiando el tema por meses porque no estaba conforme con muchos aspectos que tienen que ver con la defensa jurídica del Estado. Al respecto, lo que yo tengo que decir es que estoy construyendo un plan de acción para la Agencia pensado para los años que quedan del gobierno actual, con una política que cree en un proyecto de gobierno. En esa medida, es fundamental que quienes tienen la función de dirigir equipos jurídicos y técnicos, entiendan cuáles son los aspectos estratégicos en los que va a trabajar la Agencia a partir de unos lineamientos de un gobierno diferente.
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Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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