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Aunque el grueso del país mantiene la intención de que su cúpula institucional logre acuerdos concretos que deriven en una paz política que le baje a la polarización que permea el debate público actual, las cabezas de los dos sectores más marcados en esta disputa mantienen posiciones muy distantes que están impidiendo que los puentes tendidos sean de largo plazo y que los pactos de no agresión se sostengan con fuerza.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el líder del Congreso, el senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), están enfrascados en una fuerte disputa por las formas en que se interpreta la Constitución y el devenir institucional en medio de esas diferencias. De hecho, en las últimas 48 horas se han dedicado varios dardos señalándose mutuamente por la ruptura de los acuerdos.
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Y eso que a instancias de la Iglesia Católica, y por más de dos horas, Petro y Cepeda se sentaron en una misma mesa para intentar un acercamiento, pero fuentes del entorno de quienes asistieron a esa cita confirmaron que, tal como lo contó este diario, más allá de un saludo frío no se dieron concordancias que permitan superar la tensión existente.
“He firmado el acuerdo con la Iglesia Católica y representantes de instituciones del Estado, que versa sobre las formas, buscando reducir la violencia verbal (…). Reducir violencia verbal no es apagar los argumentos, diremos nuestros argumentos con máxima decencia; al contrario, el debate es sobre argumentos”, aseguró este martes Petro. “De nada vale firmar un documento si luego se actúa de otra manera, lo tengo que lamentar”, precisó Cepeda.
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Esas dos posturas muestran que el documento que se suscribió con la Conferencia Episcopal como garante, y cuyo objetivo central es “desarmar la palabra”, está cargado de buenas intenciones que difícilmente podrán materializarse por falta de voluntad política de ambas partes.
¿Y por qué todo está en cabeza de ellos? La razón es sencilla: Petro es el jefe de Estado y en parte debido a su verbo –para la oposición “virulento contra sus contradictores”– se ha encendido con más fuerza la discusión pública. Y Cepeda, por su parte, se erigió como el principal opositor del mandatario y lo ha señalado de tener “actitudes dictatoriales”, lo que para el progresismo es un irrespeto a la misma institucionalidad.
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Pero de fondo lo que está sobre la mesa son las apuestas por el poder, las cuales tienen su objetivo final en las elecciones de 2026. La izquierda pura que representa el actual jefe de Estado no había gobernado antes y lo que quiere es una segunda oportunidad en la Casa de Nariño, mientras que la derecha lo que busca es recuperar esos espacios que perdió en las urnas y que hoy la dejan en la orilla de la oposición.
Es en ese tire y afloje que la tensión institucional es creciente y, pese al atentado sicarial del pasado 7 de junio contra el senador y precandidato Miguel Uribe (Centro Democrático) –un episodio de violencia política que revive los fantasmas del terrorismo que azotó al país hace tres décadas–, los ánimos no se merman. En las primeras horas tras el ataque se habló de unidad y búsqueda de puentes, pero los intereses particulares de cada bando regresaron la discusión casi que al mismo punto previo en el que estaba.
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De hecho, el presidente Petro firmó el decreto con el que convoca a una consulta popular el 7 de agosto próximo, desconociendo la decisión que la plenaria del Senado tomó el pasado 14 de mayo cuando no le dio concepto favorable a ese proceso. El Gobierno quiere ir a las urnas para medir la fuerza electoral de la izquierda bajo la tesis de darles aire a unas reformas que no han logrado consensos en el Capitolio.
Cepeda, como vocero visible de la oposición, ratificó que ese paso es la muestra de que el Ejecutivo –a su juicio– no quiere acuerdos, sino “imponer” sus propuestas. Por eso, le habían pedido a la Registraduría que acudiera a la “excepción de inconstitucionalidad” para no avalar el decretazo de la consulta, lo cual resolvió este martes Hernán Penagos, líder de esa entidad, al decir que se requiere de al menos tres meses para organizar una votación de esa naturaleza y que tampoco la puede ejecutar hasta que las altas cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado) se pronuncien de fondo.
“Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta”, aseguró Petro al indicar que su objetivo es que ese proyecto pase de acuerdo con sus intereses más allá de si se dan o no debates en el Capitolio.
A esto se suma que la Comisión Séptima de Senado ya tiene ponencia para el tercer debate de la reforma a la salud, otra iniciativa de la Casa de Nariño y que se relaciona con la segunda consulta que quiere el mandatario le sea tramitada en el Congreso; también hay una postura alternativa que impulsa la ASI. Si pasa la laboral, y esa cirugía al sistema de salud mantiene avances, el Gobierno podría dejar de lado la intención de anticipadamente ir a urnas.
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Los otros frentes abiertos
Pero estos temas, la consulta popular y las reformas, son apenas dos de los que mantienen la grieta entre petrismo y oposición. En efecto, el tercer asunto que los distancia es la asamblea constituyente, pues al final es el objetivo principal del mandatario al ver que sus propuestas progresistas no encuentran eco en el resto de la institucionalidad.
Para el mandatario y en especial sus ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre, esta lucha no se debe dejar de lado por los acontecimientos que rodean la coyuntura de país y –por eso mismo– han respaldado al jefe de Estado para que avance con ese propósito.
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La intención es que ese escenario se dé el próximo año, lo cual ha abierto un frente de polémica fuerte, pues la oposición lo rechaza y lo ve como un supuesto intento de extender en el tiempo a la actual administración. Eso sí, para que se dé, se requiere también que haya concepto del Congreso y de las altas cortes, lo cual hace que el debate se mantenga y tome visos electorales.
A esto hay que sumarle que el manejo económico se mete de lleno en toda esta discusión, ya que el Gobierno decidió suspender la regla fiscal para subsanar el déficit de las cuentas públicas y, entre otros, señala al expresidente Iván Duque de supuestamente terminar un periodo presidencial con varias inconsistencias que derivaron en esto. Incluso, ha dicho que el Banco de la República también tiene responsabilidad al no bajar con más celeridad las tasas de interés, aunque las proyecciones y los expertos le dan la razón al emisor.
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Mientras el Ejecutivo sostiene –en palabras de Petro– que lo que presuntamente se quiere es “asfixiar al gobierno del cambio”, y por lo cual hasta planteó una nueva reforma tributaria por $19 billones, la oposición recuerda que, desde su óptica, hay un manejo “irresponsable” de las finanzas públicas, lo cual quedaría en evidencia en que durante los tres años de la actual administración han pasado, contando al actual (Germán Ávila), cuatro ministros de Hacienda (ya salieron José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla y Diego Guevara).
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Y el quinto punto que tiene frenados acuerdos de fondo es el manejo de la política de paz y seguridad. La oposición no criticó que llegara el general (r) Pedro Sánchez a la jefatura del Ministerio de Defensa tras colgar su uniforme de militar luego de unas tres décadas de servicio activo, y el progresismo esquivó la discusión de que volviera un uniformado en retiro a dirigir esa cartera.
Pero los constantes ataques de los grupos criminales y la falta de resultados concretos de la denominada paz total tienen este aspecto como un punto de confrontación directo entre las dos partes. Para la oposición, en algo que también ha tomado la vocería el expresidente Álvaro Uribe (Centro Democrático), se deben fortalecer a las Fuerzas Militares y de Policía para evitar que la ilegalidad siga creciendo, incluso poniéndoles punto final a las negociaciones abiertas actualmente.
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Y desde la Casa de Nariño y sus adeptos el cierre de las conversaciones no está en los planes, aunque sí se ha reconocido que se requiere de mayor efectividad en el combate de las bandas narcotraficantes (urbanas y rurales) que se han salido de la paz total. En medio de todo esto, como lo ha venido contado este diario, es que es incierta la continuidad de Otty Patiño en la Oficina del Comisionado Consejero de Paz.
“Con el tiempo acabándose para la actual administración, es fundamental que se puedan salvar la mayor cantidad de acuerdos, incluso si eso implica entregarle al próximo gobierno la posibilidad de ser el que termine la negociación”, dijo El Espectador en su editorial de este martes.
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Es en medio de todo este panorama que se siguen buscando acuerdos y varias organizaciones civiles, empresariales y –entre otras– sociales han venido ofreciendo buenos oficios para dejar atrás, así sea en parte, la actual polarización. Pero al final el reto lo tienen que asumir quienes lideran actualmente el escenario político y eso pasa, necesariamente, por la voluntad que deben mostrar Petro y Cepeda. La duda está en hasta qué punto cederían justo cuando se avecina una nueva cita a urnas.
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