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El pasado 22 de marzo el Gobierno presentó ante el Congreso la esperada reforma pensional. Todavía queda un largo camino y, probablemente, la iniciativa sufrirá cambios en su trámite legislativo; sin embargo, expertos y organizaciones de todas las orillas están dando a conocer sus análisis.
En este contexto, hablamos con algunos analistas en el encuentro “¿Cómo cambiarían las pensiones en Colombia con la reforma de Petro?”, donde quedaron sobre la mesa las bases de la reforma, pero también algunos cuestionamientos claves.
Vea la transmisión completa: ¿Cómo cambiarían las pensiones en Colombia con la reforma de Petro?
La cobertura debe ser la meta
En Colombia, solo se pensiona una de cada cuatro personas mayores. De ahí que uno de los objetivos de la reforma debe ser ampliar la cobertura. Para Óscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, la iniciativa del gobierno Petro sí permitirá que más personas reciban un ingreso en la vejez por medio de los pilares solidario y semicontributivo.
El primero está enfocado en las personas mayores que están en la pobreza, pobreza extrema o en condición de vulnerabilidad. Si se aprueba la reforma tal como está, las personas de 65 años que no tengan pensión y cumplan con ciertos criterios recibirán una renta básica correspondiente a la línea de pobreza extrema certificada ($223.000), monto que se actualizará cada año.
Los cálculos del Gobierno indican que se beneficiarían 2,3 millones de adultos mayores y, según el Ministerio de Hacienda, con este subsidio se podría reducir en 50 % la incidencia de la pobreza en los mayores de 65 años y en 85 % para el caso de la pobreza extrema.
En cuanto al segundo, actualmente las personas en edad de pensión que no cumplen el requisito de semanas pueden solicitar que les devuelvan lo que cotizaron (en Colpensiones sin intereses), pero la reforma del Gobierno establece que ese dinero se convertirá en una renta vitalicia para quienes hayan cotizado más de 150 semanas y menos de 1.000.
Hay dos opciones. Para quienes cumplan los requisitos para el pilar solidario, la renta vitalicia será el monto establecido en ese primer pilar ($223.000), más lo correspondiente a sus cotizaciones en el pilar contributivo (los aportes hechos a Colpensiones se ajustarán por inflación). Para las personas que no entren en el pilar solidario, la mesada será solo lo correspondiente a sus cotizaciones, ajustadas por inflación, más un subsidio de 3 % para los aportes hechos en Colpensiones.
Ahora bien, Flor Esther Salazar, doctora en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad Nacional, aclara que no se puede hablar de un aumento en la cobertura del sistema pensional porque en Colombia la pensión no puede estar por debajo del salario mínimo. Es decir, más personas tendrán un ingreso en la vejez, pero eso no quiere decir que habrá más pensionados. En esa misma línea, Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de proyectos en Fescol, resalta que uno de los puntos a discutir sobre la reforma es si la prestación del pilar solidario ($223.000) es suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. “No deberíamos renunciar a la aspiración de que la pensión sea un derecho”.
Respecto al pilar semicontributivo, Salazar asegura que no implica avances. Para empezar, explica que a este iría la mayoría de los afiliados, cerca del 70 %, que son quienes hoy reciben la devolución de sus aportes porque no logran pensionarse. El problema es que la renta vitalicia que propone la reforma sería muy baja. “La exposición de motivos plantea que una persona con 900 semanas cotizadas, más o menos, podría recibir $154.000. Es decir, incluso menos que lo que recibirá alguien en el pilar solidario”. Además considera que puede ser regresivo, teniendo en cuenta que la renta vitalicia será muy baja y para acceder a ella las personas deben tener mínimo 65 años. “En el caso de las mujeres, hoy pueden obtener beneficios económicos periódicos con 57 años, ahora tendrían que esperar ocho años más”.
Un elemento destacado por expertos en cuanto al aumento de cobertura es la pensión anticipada, mecanismo que contempla la reforma para que quienes cuenten con más de 1.000 semanas cotizadas puedan pedir su pensión a los 65 años y se les descuenten mes a mes las contribuciones que hacen falta. Sin embargo, Salazar sostiene que “del 70 % que tienen devolución de saldos, solo el 6 % llega a las 1.000 semanas. Entonces no es un logro significativo”.
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La sostenibilidad es la gran incógnita
Con la reforma, en el pilar contributivo ya no habrá competencia entre regímenes, sino complementariedad y se eliminarán los subsidios a las pensiones altas que actualmente entrega Colpensiones. El documento establece que todos los afiliados al sistema pensional tendrían que cotizar en Colpensiones hasta tres salarios mínimos, y quienes ganen más de esta cifra cotizarían el excedente en alguna de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los recursos correspondientes que ya están en las AFP no se trasladarán de inmediato a Colpensiones, sino cuando el afiliado se pensione. De todas formas, como explica Becerra, en el corto plazo entrarán más recursos al régimen público (teniendo en cuenta que allí cotizarán todos los trabajadores hasta por tres salarios mínimos), por eso el Gobierno tendrá que asignar menos recursos para pagar las mesadas. Lo que preocupa es la sostenibilidad en el largo plazo. “Las contribuciones de los afiliados no alcanzan para pagar las pensiones, estos flujos de caja se gastarán en el mediano plazo más rápido de lo que se acumularon. Es importante analizar qué pasará más adelante, no solo hasta 2070, sino hasta, por ejemplo, 2100”.
Varias organizaciones han dicho que los cálculos deber ir más allá. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en su análisis de la reforma, aseguró que es fundamental que el Gobierno “sea más transparente y presente sus proyecciones hasta el 2100, año en el cual las generaciones presentes y futuras enfrentarán las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy”. En rueda de prensa, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, le solicitó al Gobierno claridad en las cifras, teniendo en cuenta que hay confusión sobre cómo funcionará el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.
Pardo dijo que los cálculos que entregó la semana pasada Minhacienda, en los que defendió la sostenibilidad fiscal de la reforma e incluso señaló que puede reducir el déficit del sistema en comparación con un escenario sin reforma, se basan en que los recursos se empezarán a gastar en 10 años, pero en el proyecto radicado en el Congreso se plantea que empezarán a gastarse en cuanto empiece a funcionar el nuevo régimen. No es un asunto menor, Pardo aseguró que “toda la sostenibilidad depende de qué tan rápido se gastará el dinero”.
Por su parte, Salazar, quien renunció al cargo de viceministra de Empleo y Pensiones a principios de febrero, considera que para hablar de sostenibilidad es indispensable que los cálculos se hagan bien y se presenten de manera transparente. Hoy los análisis que han entregado las organizaciones no coinciden con los del Gobierno, un hecho que demuestra la importancia de tener datos certeros y saber qué se está incluyendo de un lado y del otro y qué no para, ahí sí, discutir la reforma y sus implicaciones. Entre otros elementos, la experta sostiene que se debe considerar el pasivo que hay en el régimen privado por cuenta del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. La reforma no deja claro qué pasará con ese fondo ni si cuenta con recursos suficientes para cumplirles a quienes ya se pensionaron.
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¿La reforma beneficia a las mujeres?
Para Trujillo, con el texto tal como está “perdemos la oportunidad de reducir brechas de género”. La abogada explica que la Corte Constitucional ha defendido la diferencia en el requisito de edad para pensionarse (57 años para las mujeres y 61 para los hombres), teniendo en cuenta los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres para vincularse al mercado laboral y la sobrecarga en las labores de cuidado no remunerado. Según el DANE, en el período 2020-2021 las mujeres ocuparon 7:46 horas diarias en actividades de trabajo no remunerado, frente a las 3:06 horas de los hombres.
Sin embargo, la reforma pensional no contempla ninguna diferencia de edad entre hombres y mujeres para el pilar solidario y el semicontributivo, ya que en ambos casos la edad mínima para acceder a los beneficios es 65 años. Salazar dice que, pese a que el presidente Gustavo Petro prometió no subir la edad de pensión, en cierta medida la iniciativa lo hace de facto. Si bien es cierto que las mujeres a los 57 años y los hombres a los 61 años se podrán pensionar si cumplen con el requisito de 1.300 semanas (aquí hay que recordar que las personas ya no se podrán pensionar con 1.150 en las AFP), quienes no logren hacerlo (que actualmente es la mayoría) tendrán que esperar hasta los 65.
La doctora en Ciencias Económicas agrega que al calcular las rentas vitalicias en el pilar semicontributivo las mujeres recibirán mesadas más bajas, en promedio en 20 %, porque su expectativa de vida es mayor (es decir, porque el dinero tiene que alcanzarles para más tiempo).
Ahora bien, aunque el Ministerio de Trabajo ha defendido que la medida de descontar a las mujeres 50 semanas por hijo nacido máximo hasta tres hijos es una “compensación de género”, las expertas la consideran insuficiente porque hay mujeres que realizan actividades de cuidado no remunerado, pero no son madres y porque, en la práctica, puede beneficiar a muy pocas.
Estas son solo algunas de las aristas de la discusión, que hasta ahora está empezando. Hablar de pensiones es crucial en este punto porque está en juego el futuro de las personas mayores en Colombia.
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