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El pasado viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dio a conocer que prepara otro mecanismo para atender a la población migrante venezolana que se encuentra en el país, diferente al recientemente establecido Permiso Especial de Permanencia para tutores (PEP-Tutor). Se trata de una nueva categoría de visa visitante tipo V (Visitante Especial, como se le bautizó), la cual les permitiría a los venezolanos y a las venezolanas permanecer en el país por un período de dos años con la posibilidad de trabajar y estudiar.
“Se otorgará a nacionales venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional y que hayan ingresado al país antes de la fecha de expedición de la presente resolución… Los faculta para que puedan cotizar a la seguridad social, y en general vincularse positivamente a la sociedad en calidad de cotizantes, contribuyentes y puedan enrutarse hacia el cumplimiento de requisitos para acceder a un estatus regular en el territorio nacional. Así mismo, el otorgamiento de un visado permite el acceso a derechos”, señala el borrador de la resolución que ya se encuentra firmado por el canciller, Luis Gilberto Murillo.
Una visa “especial” para migrantes
A pesar del entusiasmo con el que la Cancillería colombiana puede presentar este nuevo mecanismo para atender a la población migrante, son muchas las preguntas y fallas que se observan en el borrador. La principal duda por resolver: ¿por qué crear un nuevo mecanismo de protección (una nueva categoría de visa, en este caso) y no extender el Estatuto Temporal de Protección de 2021, que ya permitió la regularización ordenada de dos millones de personas?
Dicho Estatuto, al que pudieron acceder las personas migrantes hasta el 28 de mayo de 2023, le abrió la puerta a esta población a derechos básicos por 10 años y los puso en la ruta para que, de manera escalonada, pudieran acceder más adelante a la Visa de Residente. Según la investigadora María Gabriela Trompetero, experta en migración y candidata al doctorado en sociología en la Universidad de Bielefeld, Alemania, el que se haya optado por crear un nuevo mecanismo y no por sostener el Estatuto es una cuestión ideológica de este gobierno.
“El Estatuto (aprobado en 2021) tiene como una de sus justificaciones legales la crisis político, social, humanitaria y económica en Venezuela. Esos aspectos son inexistentes en la justificación del nuevo mecanismo. Por ello, extenderlo (el Estatuto) sería admitir que los venezolanos huyen de una crisis multicausal y claramente eso no le conviene al gobierno colombiano frente a su relación con Venezuela”, señaló Trompetero.
La experta agrega que “el ETPV explicaba textualmente que había una crisis política, económica y social en Venezuela. Tenía muy clara esta base de necesidad y se juntó la necesidad de regularizar y la de entender que es una población que tiene un alto nivel de vulnerabilidad que no cuenta con requisitos como pasaportes vigentes o antecedentes penales”. Este nuevo mecanismo, la categoría Visa V-Especial, no reconoce esas condiciones.
Para Trompetero, esto va en sintonía con el discurso del gobierno colombiano frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el cual ha optado por no denunciar violaciones de derechos humanos en el país vecino. Las autoridades colombianas no han sido claras a la hora de justificar por qué no continuar con el mecanismo que venía funcionando bien. Sin embargo, la cuestión de por qué no continuar con lo que ya servía solo es una parte del problema.
El mecanismo dio a conocerse al público en un momento delicado. El director de Migración Colombia, Fernando García, dejó el cargo en medio de una citación a la Comisión de Acusaciones que no ha sido aclarada del todo. Algunos medios han apuntado a señalamientos por presuntas irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’ en 2022, algo que García niega. Esto, para Andrés Besserer, licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, que lidera el esfuerzo por redactar comentarios públicos sobre el nuevo mecanismo que presentó el Gobierno, es perjudicial.
“La salida de García es muy poco conveniente porque le agrega una capa de complejidad innecesaria a un tema que es muy importante. No he tenido un acercamiento a esta administración, sé que hay mesas de diálogos, pero efectivamente este gobierno no se ha destacado por su ímpetu en políticas migratorias”, dice Besserer.
Ahora, además del recambio en la institución, la publicación de esta resolución confundió a investigadores e investigadoras de temas migratorios, pues llegó el mismo día en el que se oficializó el PEP-Tutor. Muchos, dice Trompetero, no sabían de qué trataba un mecanismo y por qué se presentaba otro al tiempo. Y, como si no fuera suficiente, se abrió una ventana extremadamente corta para recibir comentarios sobre el borrador de la resolución que puso Cancillería en su sitio web para este nuevo mecanismo: del 27 de septiembre al 1 de octubre. Esto se traduce en solo tres días laborales para que investigadores y sociedad civil pudieran revisar a fondo esta política y su impacto.
“Hubiera sido mucho mejor que el Estado colombiano se acogiera al mecanismo que ya existe, que sabemos que funciona por diversos estudios, que la comunidad venezolana ya conoce, que confía en él, y que tiene un diseño que es armónico con otras partes del entramado legal colombiano, desde la tarjeta plastificada que se parece mucho a una cédula, hasta la vigencia que permite endosarse con la visa de residencia”, dice Besserer.
¿Por qué la Visa V-Especial no es la ruta óptima? En primer lugar, el nuevo mecanismo permite una regularización por apenas dos años sin renovación. Es decir, contrario al ETPV, este mecanismo no ofrece un período de tiempo para que el beneficiado cumpla con el requisito para hacer el tránsito al régimen ordinario de regularización.
En otras palabras, dos años, como se plantea acá, son insuficientes para que un migrante opte más adelante por una Visa de Residente que le permita asentarse en el país. Y, según expertos, este es el objetivo de cientos de miles de migrantes en Colombia. Besserer recuerda que el ETPV, al tener un plazo de 10 años, sí estaba en sintonía con los requisitos de la Visa R y las necesidades de los migrantes. Por otro lado, también se pedirían requisitos para acceder a este visa que no son los indicados, entendiendo las condiciones humanitarias de los venezolanos.
“Se están formulando políticas sin entender el contexto de los venezolanos. Además del asunto del tiempo, se piden requisitos que son muy altos como antecedentes judiciales emitidos por autoridades de su país que deben estar debidamente apostillados. La migración en Colombia sabe que los servicios gubernamentales en su país están colapsados. Así que esto es un costo altísimo para el solicitante. Solicitar esto a un venezolano reduce el número de personas considerablemente que van a pedir esta visa”, explica el experto.
Para miles, este sería un proceso engorroso y hasta nocivo. Besserer recuerda que hay migrantes que no quieren informarle al gobierno de su país que han salido de Venezuela, pues han sufrido persecución o temen sufrirla. Muchas veces, agentes del Estado venezolano, en conjunción con pandillas, acosan a la ciudadanía y la obligan a abandonar su país.
Por otro lado, esta burocracia obliga a que muchas personas dejen de lado sus procesos de regularización, pues se encuentran en el mercado informal y no pueden dedicar jornadas enteras a la búsqueda de los documentos solicitados por el Estado colombiano. “Este punto es extremadamente sensible y desincentiva a mucha gente de solicitarlo”, explica Besserer.
Finalmente, está el lío de la temporalidad. Besserer dice que el mecanismo establece que quienes pueden acceder a esta visa son aquellas personas que se encuentran en el país al momento de la expedición del decreto mediante el cual se formaliza este mecanismo. Esto, en palabras del experto, no reconoce que más personas van a seguir llegando al país desde Venezuela debido a su contexto político, social y económico. Así que, con esta observación, el Gobierno deberá preparar otro mecanismo más adelante para atender la misma situación.
“Es un poco amarrarse las manos. El Estado colombiano no prevé que en el futuro inmediato van a llegar más personas y, por lo tanto, tener que emitir un nuevo instrumento. El Permiso Temporal de Protección contemplaba esto para no estar doblando esfuerzos. Al final, cuando existen muchos instrumentos simultáneos, eso confunde a la población. Es una oportunidad perdida”, destaca el experto.
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