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El próximo jueves 8 de febrero, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) volverá a las calles del país para defenderse, según dice la convocatoria, de una “acción sistemática orientada a estigmatizar, señalar, levantar falsas imputaciones y difundir una campaña de odio infundada” en contra suya y del presidente Gustavo Petro. Desde hace dos semanas el sindicato de maestros está bajo la lupa de las autoridades por una donación de $500 millones que regaló en mayo de 2022 al Partido Colombia Humana, con destino a la campaña del ahora primer mandatario. Al parecer, se trató de una triangulación de dinero por encima de la mesa que tiene en líos judiciales a la campaña política del presidente Petro, pues la ley no permite que personas jurídicas donen dinero a una campaña presidencial.
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La Fiscalía estuvo en las oficinas de Fecode buscando información que le permita consolidar una investigación sin antecedentes en el país, pese a que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las últimas campañas presidenciales ha sucedido exactamente lo mismo que hoy reprocha el mundo político y judicial. La pista que sigue la entidad en cabeza de Francisco Barbosa es que el cheque que giró el sindicato al Partido Colombiana Humana, en realidad, fue a parar a gastos de la campaña presidencial. En el expediente ya hay evidencias de que el dinero se habría destinado para la contratación de una empresa que le sirviera como una especie de supervisor durante las elecciones y garantizar que no perdieran ni un solo voto.
El propio Fecode ya aceptó que la donación existió y los documentos que probarían la triangulación de dinero ya están bajo la revisión de los investigadores, no solo de la Fiscalía, sino también de los magistrados del CNE, la máxima autoridad en asuntos de vigilancia electoral. Es allí por donde también han pasado episodios casi idénticos a este último escándalo para el presidente Petro, pero que no han tenido igual atención de las autoridades. El caso más reciente es la campaña del expresidente Iván Duque, que pasó por la evaluación del Consejo entre febrero de 2020 y octubre de 2021. En esta investigación existieron evidencias de que, al igual que en el caso de Fecode-Petro, personas jurídicas donaron plata para la campaña presidencial, a través del partido del candidato, el Centro Democrático.
La empresa de Mattos y las otras donaciones a la campaña Duque
En total, según el CNE, el partido recibió $661 millones, entre mayo y agosto de 2018, de parte de tres empresas (que son las personas jurídicas, como también lo es una fundación, corporación o federación). La primera fue de parte de Ingenio Risaralda, de la Organización Ardila Lülle, que giró $100 millones al Centro Democrático, con la única intención de que el dinero llegara a la campaña de Iván Duque. La aclaración quedó por escrito en un oficio que firmó el representante legal de la compañía y les envió a las cabezas del partido el 10 de mayo de 2018. Un mes después, la empresa Comtek S.A.S., una distribuidora de soluciones de comunicaciones, regaló $1 millón con la misma aclaración: “La donación es a la campaña presidencial del candidato que representa al Centro Democrático”.
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La tercera donación, y la más jugosa, se aprobó el 27 de agosto de 2018, por la junta directiva de la Inmobiliaria CMB S.A.S. En total, la empresa giró $560 millones y en el acta de una reunión extraordinaria de la junta directiva volvió a quedar claro que el dinero se donaba explícitamente para la campaña presidencial de Iván Duque. Luego de las elecciones presidenciales, cuando los partidos entregaron la información de sus campañas y cuentas al CNE, se supo un dato más sobre esta última donación: que el dueño de esa empresa era nada menos que Carlos Mattos Barrero, el condenado empresario que pagó sobornos e intentó engañar a la justicia en medio de un proceso judicial que puso a temblar su poderoso negocio de venta de carros marca Hyundai.
Quien fuera uno de los hombres más ricos de Colombia, cumple una condena a nueve años de prisión en una mansión que compró en Barranquilla, precisamente a través de la empresa Inmobiliaria CMB S.A.S. que sigue activa y con jugosos negocios en la costa Caribe. Todas las evidencias de que las personas jurídicas donaron dinero a la campaña de Duque fueron revisadas por el CNE que, sin mayor explicación, resolvió archivar la investigación contra el expresidente y su gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverry, el 28 de octubre de 2021. Solamente un magistrado dejó por escrito sus “peros” a la forma en que se investigó la campaña presidencial. Se trató del exmagistrado Luis Guillermo Pérez, quien salvó su voto y, sobre las donaciones de empresas, dejó claro que el CNE no indagó lo suficiente.
“Era fundamental ahondar en esfuerzos investigativos que permitieran contar con la certeza de que el dinero de las donaciones de personas jurídicas no había ingresado de manera directa ni indirecta a la campaña de Duque (…) la Comisión no indagó por dichos aspectos antes de tomar la decisión de abstenerse de formular cargos, cuestión que este despacho reprocha, pues a su juicio aún existían actuaciones probatorias que podían haberse desplegado antes de adoptar una decisión de cierre”, aclaró Pérez. El magistrado puntualizó en su salvamento de voto que la “voluntad inequívoca” de los donantes de que el dinero fuera a parar en la campaña no era un mero indicio, sino una “plena prueba de la financiación irregular de la campaña”.
Los tres partidos en la reelección de Santos
Así como el CNE tuvo bajo su lupa las donaciones de personas jurídicas a la campaña de Iván Duque, lo mismo sucedió con el caso de la campaña para la reelección del expresidente Juan Manuel Santos en 2014. Aunque sin el mismo nivel de detalle, la conclusión fue la misma: pese a que empresas donaron cientos de millones de pesos para apoyar al candidato presidente, el dinero terminó consignado en las cuentas de los partidos políticos que lo apoyaron: la U, Cambio Radical y Partido Liberal, y el CNE poco o nada hizo para determinar cuánto de ese dinero realmente sirvió para gastos de campaña. Al igual que la campaña de Duque, la de Santos salió bien librada, no sin que personas de su entonces círculo cercano dieran detalles de cómo es que en las campañas se maneja ese dinero.
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Lo hizo el expresidente del Partido de la U Sergio Díaz-Granados: “A los que querían aportar a la campaña se les pidió aportes a los partidos. La mitad de los recursos los gastamos en reforzar el mensaje de paz, sin tener el nombre específico a favor del candidato”, explicó el político en diálogo con La Silla Vacía en marzo de 2017. Según una publicación de ese mismo medio de comunicación, el total de dinero que entró de donaciones de personas jurídicas que quisieron apoyar la reelección de Santos fue de más de $30 mil millones y, todas, se tramitaron a través de los partidos políticos que respaldaron la campaña. Eso sí, ni en el caso de Duque ni en el de Santos la Fiscalía allanó las oficinas de las empresas que regalaron dinero para las campañas presidenciales.
Mientras en el ente investigador terminan de recoger las pruebas para determinar si hay mérito para abrir una investigación penal en contra de quienes habrían permitido una financiación ilegal de la campaña Petro Presidente, el primer mandatario insiste en que está en medio de una “persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la Fiscalía”. Como ya es usual, el fiscal Barbosa reaccionó: “Yo le pediría al presidente Petro que frene las críticas virulentas contra las ramas del poder público, que respete a la Fiscalía”. Fuentes del búnker le confirmaron a este diario que fiscales e investigadores trabajan a toda máquina para que la cúpula de la Fiscalía pueda tomar una decisión antes del 13 de febrero, el último día de la administración del fiscal Francisco Barbosa.
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