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“Pensar con cabeza fría en tierra caliente”, escribió Juan Zapata Olivella en junio de 1979. Era una frase con la que se celebraba que Cartagena de Indias —algunos años atrás— fuese escogida como sede alterna de la Cancillería de Colombia. El médico, diplomático y escritor decía que lo mejor para la diplomacia nacional era que funcionara por un momento del año en un sitio cerca a los rumores del mar, porque “las personas que están destinadas a mantener las buenas relaciones entre los pueblos hay que darles las condiciones ambientales propicias para el manejo de los asuntos difíciles con el ánimo de que busquen soluciones, caminos y enfoques nuevos”.
Zapata dijo también que no había mejor escenario que la casa del Marqués de Valdehoyos. Que allí, entre “el zaguán, la alquería, los esplendidos patios, entresuelos, pisos inmensos y mirador de película donde la vista puede extenderse hasta el confín azul del Caribe”, se trabajaba con “menos presión, menos temperatura arisca y, por decirlo, menos lagartos merodeando a la buena vecindad”. Esto, sin duda, era un manifiesto en defensa de la necesidad de la descentralización administrativa tan cara a una nación de tradición centralista.
Para esa misma época, Roberto Méndez Villarreal, abogado, periodista y exconsejero diplomático, escribió una columna de prensa en la que señaló que lo ocurrido era una verdadera avanzada descentralizadora exigida por el país desde los tiempos de la Regeneración. No había mejor escenario para el manejo de los asuntos internacionales —decía— que el mismo “donde se troqueló la nacionalidad”. Nada mejor que “la solución soleada y abierta de sus problemas externos que la rutina doctoral y parsimoniosa del altiplano en veces demora en la maraña de las hipótesis”.
La ley 128 del 10 de diciembre de 1963 declaró a Cartagena como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El artículo 1° dice que todos los años, desde el 20 de diciembre hasta el último día de febrero, “y para efecto de notificaciones, correspondencia, trámites oficiales y relaciones con el Cuerpo Diplomático, la ciudad de Cartagena, además de la de Bogotá, será considerada como sede” de la Cancillería. A través del Decreto 1011 de 1979 —el mismo año en que Juan Zapata Olivella escribió sobre el tema— se reglamentó la ley con la reiteración de la importancia del proceso de descentralización administrativa, el favorecimiento a ciudades y regiones con la autorización de ciertos servicios y la necesidad de construir las oficinas adecuadas en la casa del Marqués de Valdehoyos para el funcionamiento de la sede alterna.
No es un hecho menor —y los cronistas de la época hablan del poco conocimiento y consciencia que Cartagena y la nación tenían de este hecho— la creación de la sede alterna de la Cancillería en el Caribe colombiano. Y no lo es por una razón sencilla: desde tiempos coloniales, el proyecto de poblamiento benefició a los territorios del interior, lo que se tradujo en un modelo de administración —que no sería ajeno a la república— que terminó condenando a las zonas del litoral. El problema es que todavía en la actualidad hay un desconocimiento de lo arriba dicho. En estos tiempos, en que la pasada cumbre de países del Caribe, celebrada entre Cartagena y Montería, parece no haber tenido los mejores réditos, y en la que incluso se sintió la ausencia del presidente de la nación anfitriona, quizá convendría desempolvar esta ley y ponerla de una vez por todas en funcionamiento.
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