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En entrevista con El Espectador, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se desliga de aquellas versiones que la señalaban de apoyar la infundada gestoría de paz de alias Pichi, señalado mayor traficante de estupefacientes en Bucaramanga. La jefa de cartera aclara que, en sí, ha apoyado de manera general la política de Estado de los gestores de paz, que han ayudado a los gobiernos desde hace décadas y cuya puerta ha sido abierta hasta a figuras del conflicto armado de la talla de Salvatore Mancuso. Asimismo, Buitrago se niega a apoyar un cierre prematuro de la JEP, a la que categoriza como un modelo para el mundo, aunque esté en deuda de emitir sanciones. Asimismo, en diálogo con este diario, habla del proyecto paz total, a pesar de la suspensión de los diálogos con el ELN.
En la opinión pública hay confusión por información cruzada entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia, con respecto a la supuesta gestoría de paz de alias Pichi, ¿con qué información contaba usted?
La cartera de Justicia nunca habló de alias Pichi. La pregunta se da en un contexto del Festival de Conciliación en Bogotá. Me preguntan si estoy de acuerdo o no con las iniciativas de la gestoría de paz. Lo que sucedió es que el Ministerio de Justicia envió un concepto al Consejo de Estado, para aprobar la gestoría de paz ante una demanda ciudadana, y en ese contexto yo respondo que los gestores de paz son figuras muy importantes, y que no son de ahora, son de siempre. La confusión no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia. Nunca me pronuncié sobre el caso en particular.
La gestoría de paz tiene su origen en la Constitución de 1991, que implicó una serie de mecanismos para llegar al tema en particular de lograr la paz. La Ley 2272 del 2022 también genera esta figura. Ahora, en el caso particular de las personas que son nombradas, yo nunca entro a decidir, porque eso es competencia del señor presidente. Y ya el comunicado oficial de la Consejería para la Paz aclara que ellos nunca le han concedido esa condición a alias Pichi. ¿De dónde salió esa información? No tengo ni idea. Pero, según el rastreo que se ha hecho, hay muchas que llevan hablando de ello tres o cuatro días. Habría que hacer una indagación.
¿Por qué para el gobierno, según el concepto enviado, es importante mantener la política pública de la gestoría de paz?
No es una política pública, es de Estado. La figura del gestor de paz ha existido desde la Constitución de 1991 y se ha desarrollado en varias legislaciones. Ustedes podrán acordarse de que también fueron nombrados en gobiernos anteriores. La demanda a la que respondimos reclama un supuesto exceso de facultades y una confusión de las funciones de los gestores. Resulta que, en realidad, no hay ninguna confusión y la decisión de si se levantan o no las órdenes de captura es en realidad judicial, porque intervienen la Fiscalía y los jueces. El presidente no puede, a modo propio, levantar una orden de captura. Y la gestoría de paz es una facultad presidencial que radica en un marco constitucional y legal, dispuesto en la Ley 2272. En ese sentido, no nos pronunciamos a ningún caso en concreto, ni a una persona en especial. Solo intervenimos así en la demanda.
Metiéndonos en el caso particular, de todas formas, quiero preguntarle por lo qué significaría el llamamiento a gestoría de paz de una persona con antecedentes por microtráfico y uno de los más buscados de Bucaramanga…
Yo no conozco el caso de alias Pichi. Ni he generado ninguna posición. Pero, yo sí te puedo decir que se nombró gestor de paz a una persona que, incluso, tuvo toda una tradición en un grupo al margen de la Ley, como Salvatore Mancuso. El marco general de las leyes establece quienes pueden estar y quienes no en la gestoría de paz. El análisis pasa por varios factores, por Constitución, por Ley y por decisión frente a las condiciones que puede aportar una persona en un proceso de paz. El presidente tiene la autonomía, pero quienes deciden levantar las restricciones son los funcionarios judiciales.
Si los jueces avalan, quieren decir que han hecho un elemento de ponderación para considerar que se cumplen los requisitos constitucionales y de ley. El levantamiento nunca es automático. Si un juez considera que sea quien sea cumple los requisitos, lo debe decir la justicia. Lo claro aquí es que alias Pichi no ha tenido ningún reconocimiento y no ha sido nombrado en ninguna categoría.
El comisionado de paz, de otro lado, ha dicho que podríamos ir pensando en cerrar la JEP. ¿Qué opina de poner esa discusión en este momento?
La Jurisdicción Especial para la Paz es una apuesta a la paz. Tiene un periodo constitucional y legal. Le queda todavía tiempo y sobre esos elementos, la Jurisdicción tiene un compromiso con la articulación de un mandato de paz. Tenemos claro que ha contribuido en el desarrollo de muchas de investigaciones. Necesita empezar a producir decisiones, como ellos mismos lo han dicho, pero están en la tónica de emitir sanciones propias. Asimismo, la JEP es una herramienta de justicia transicional que también abarca desde el año 1985 hasta 2016, y tiene competencia para evaluar hechos y marcos macrocriminales que permitan generar una respuesta a una multitud de víctimas que fueron objeto de graves violaciones de derechos humanos.
La JEP es una herramienta a la que le apostó el sistema colombiano y tiene sus propias dimensiones y estipulaciones, que están reglamentadas. Sabemos sobre los macrocasos, en los que hay discusiones interesantes y que están sintiendo las víctimas. Es un marco completamente dialógico, que pone al centro a la víctima. Y ha contribuido en el esclarecimiento de muchos casos: tanto en las historias de verdad de las ejecuciones extrajudiciales, como en el reconocimiento de verdad por parte de las FARC. Hay que dejar actuar a la JEP. La relación con el Ministerio de Justicia ha sido permanente. Hemos tenido mesas en común.
El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, ha alertado de la falta de recursos por $450.000 millones. ¿Ustedes, como parte de gobierno, participan en esas decisiones?
No, nosotros no. Eso tiene que ver con un fondo que tiene a disposición la JEP. Antes de mi llegada hubo manifestaciones por parte de los funcionarios de esa Jurisdicción, hasta donde hemos verificado, de que en el periodo anterior no fue necesario ejecutar los recursos. De hecho, ellos mismos estaban proponiendo una serie de actividades con ese presupuesto, que va dirigido al impulso de las sanciones propias. Lo que se dice sobre la falta de recursos, puede ser una equivocación porque ellos tienen y tuvieron los recursos, y por razones “x” o “y” razón no los han ejecutado.
La JEP está impulsando procesos de justicia restaurativa. Pero hay expertos que no están de acuerdo del todo y, de hecho, algunas víctimas también rechazaron temas como poner al general (r) Henry Torres Escalante a plantar árboles. Usted, que está impulsando ese tipo de programas, ¿cómo ve ese desarrollo?
Todo lo que usted menciona lo conocemos. Las propias víctimas han hecho afirmaciones en medios de que no se sienten restauradas o reparadas. Es claro que ambas figuras se han discutido a nivel mundial. ¿Qué repara a una víctima? No solo la necesidad de escucharlas y de que sean el centro, sino de reconocer sus razonamientos para llegar a una reparación. Desde ahí podemos decir que ha habido serias discusiones, como las hubo en Justicia y Paz. El trípode que se ha querido establecer es el de la verdad, justicia y reparación. Dimensiones sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus decisiones, han sostenido posibilidades de rehabilitación, recomposición y hasta, si se pudiera, volver al estado anterior al hecho victimizante.
Una tarea a veces imposible, como en casos de alta violencia como en las ejecuciones extrajudiciales…
Si ya le matan al hijo, al hermano, al padre, es imposible restablecer al hecho anterior. Pero es importante entender qué significa intentar restaurar a esa persona en concreto. Y se ha apostado por el acceso a la justicia, el derecho a la verdad, y saber efectivamente qué pasó y proponer posibilidades. La Corte IDH, en las decisiones que tiene en responsabilidad contra el Estado, ha establecido tablas de reparación que también acogen varios elementos, que van más allá del indemnizatorio. Todo ello significa decirle a la víctima qué podría pensarse frente a su agresor. Y no hay que generalizar. Hay víctimas que se sienten reparadas, como me consta a mí, con solo saber qué pasó. En el caso de los falsos positivos he oído que las víctimas han perdonado a sus agresores en la JEP. Otras víctimas solo buscaron limpiar el nombre de su familiar.
Hay muchas acciones que también han funcionado de manera simbólica. Se han hecho antimonumentos con las armas de las FARC, lo que no es un concepto colombiano, sino mundial. Pero, desde luego, hay que escuchar a las víctimas que no están conformes. El tema del trabajo colectivo y ciudadano de los victimarios, puede ser un restablecimiento, si yo creo que eso va a servir para la sociedad. No solo es plantar árboles, puede ser también construir casas. Todos estos elementos lo que permiten decir es que estamos trabajando, estamos viendo cómo reparar, pero esto es un compromiso muy serio. La tarea implica que los mecanismos tienen que ser audaces y tener un compromiso social.
El crudo ataque del ELN en Puerto Jordan (Arauca) llevó al presidente a suspender los diálogos de paz. ¿Ese freno también significó un punto y coma en sus iniciativas de radicar en el Congreso el marco jurídico de la paz total y el desarme?
Hay dos fenómenos importantes. El primero es que quien incumpla la paz debe asumir las consecuencias de haber violado los acuerdos. Lo segundo, no hay justificación para una agresión cuando se está sentado en la mesa de conversación. Haber estado en la mesa significaba un acto de confirmación en la búsqueda de la paz. La defraudación de esta expectativa genera que se actúe, por parte del gobierno, de manera clara y concreta frente a acciones de guerra. Cuando nosotros estamos hablando del proyecto de paz, le estamos apostando a una verdadera y no a una mentirosa. La sociedad no puede sufrir las consecuencias de esa agresividad. El tema del acuerdo de paz con el ELN está claro. Incumplieron.
Los proyectos de sometimiento a la justicia tienen dos características. Para los Grupos Armados Organizados (GAO), como el ELN, están plenamente desarrollado el camino y la viabilidad. Desde ahí, el proceso de sometimiento creo que está cubierto por la justicia ordinaria. Pero hay otros grupos para los cuales se está construyendo ese marco jurídico, que ya está próximo a salir. Requiere maduración. Sobre esa base estamos pensando presentar ese proyecto con discusión previa entre la comunidad, la academia, pero también con el mismo gobierno. Tendrá que ser socializado A efectos de tener consensos, para saber cual es la vía más representativa para la desmovilización de grupos que no tengan características políticas. El tema de la desmovilización tiene algunos problemas, pero desde ahí aportamos desde el Ministerio. Los proyectos de ley no pueden ser improvisados.
¿Qué es lo que más le preocupa del diseño?
Todo. Un proyecto de esta naturaleza implica hablar de derecho penal, carcelario, y de la paz. Todos estos elementos tienen que ir muy bien equilibrados para poder hacerse de manera adecuada. Una norma, como lo dice sociología jurídica, puede influir en lo bueno y en lo malo. Una vez se aprueba una norma, tiene todo el efecto de moldear una sociedad. De participar en una asignación de roles que ya después no se puede deshacer fácilmente.
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