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El mensaje reiterado del presidente Gustavo Petro por llamar a todo el país a la movilización nacional en defensa de su Gobierno lo tradujo a tres idiomas: francés, italiano y árabe. En ese trino, el mandatario habló de una violación a la Constitución por las investigaciones que adelanta la Fiscalía en su contra. Según él, su mensaje se amplificó a varias lenguas con una intención: “Debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”.
Su intención de amplificar la denuncia es tal que los congresistas del Pacto anunciaron que un equipo de legisladores viajará el miércoles 7 y el jueves 8 de febrero a Washington (Estados Unidos) para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la “ruptura institucional” de la que habla Petro. La denuncia formal la radicarán virtualmente este lunes.
A esa misma corte internacional acudirá Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y opositor del Gobierno, a denunciar la situación de seguridad en el país. En agosto del año pasado, María Fernanda Cabal y Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, también elevaron hasta la CIDH su situación de riesgo buscando medidas cautelares.
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La crisis se dio en medio de un panorama político agitado por la última semana que le queda a Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía y las demoras de la Corte en elegir a su sucesora, pero también por los avances en la investigación que adelantan en contra de la campaña presidencial por el supuesto ingreso de $500 millones por parte de la Federación Colombiana de Educadores no reportados.
El presidente también tiene en ascuas a su gabinete ministerial, pues no ha definido a qué ministros mantiene en el Gobierno y a cuáles relevará de su cargo. Tampoco ha tomado una decisión de fondo sobre el reemplazo —temporal, hasta ahora— del canciller Álvaro Leyva, suspendido hace dos semanas por la Procuraduría, pero quien sigue tomando decisiones en el cargo. Ni se ha pronunciado de fondo por la suspensión de Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
En ese escenario, en todo caso, solo hay una certeza: el debate y la puja volverán a volcarse a las calles. No sería la primera vez que el presidente busca respaldo en la ciudadanía en las plazas. El 28 de septiembre de 2023 convocó a movilizaciones en las que no solo participaron ciudadanos de a pie, sino también funcionarios públicos, ministros y congresistas.
En las últimas movilizaciones, el presidente estuvo en el blanco de los entes de control por una posible injerencia política, pues las marchas se dieron en el marco de las elecciones regionales del 29 de octubre. Y uno de los impulsores —y asistentes— fue, justamente, Gustavo Bolívar, candidato de Petro a la Alcaldía de Bogotá. Desde la bancada de Gobierno ya acogieron el llamado del presidente para salir a marchar y se sumaron a las voces de rechazo en contra de lo que son, según ellos, “ataques con sesgo político contra el Gobierno” por parte del fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello. “Las constantes amenazas, mentiras y ataques perpetrados desde los entes de control representan una amenaza para la estabilidad del país y una afrenta contra la democracia”.
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Las declaraciones de Petro no calaron bien y uno de los primeros en pronunciarse fue Iván Name, presidente del Congreso, de la Alianza Verde, quien emitió una carta asegurando que estaba “sorprendido” por el “llamado a una confrontación civil” del presidente. “La respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver los conflictos”.
Frente a esa carta del Legislativo, Eduardo Noriega, líder de la Colombia Humana, le dijo a El Espectador que Name, “en vez de declararse sorprendido por las palabras del presidente, debería sorprenderse de que ocurran estos atentados a la democracia”. Y afirmó que con las decisiones de los organismos de control y el Consejo Nacional Electoral “se confirma la sospecha de la existencia de un golpe blando en marcha”.
En esa entrevista, Noriega confirmó que, además de buscar la movilización, habrá acciones jurídicas nacionales e internacionales. Una de esas es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y aunque todavía no hay fecha para las movilizaciones por la supuesta “ruptura institucional”, sí la hay para presionar a la Corte Suprema de Justicia a la elección de la sucesora de Francisco Barbosa. Fecode ya anunció un plantón frente a la Corte el próximo jueves, 8 de febrero. El afán de algunos sectores se da no solo porque la terna la tiene el alto tribunal desde septiembre, sino porque, en caso de no hacer la votación antes del 12 de febrero, quedaría Martha Mancera, actual vicefiscal, como fiscal encargada.
Por su parte, la oposición no ha anunciado marchas. De hecho, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, aseguró que esa posibilidad, al menos en el corto plazo, estaría descartada. “Le queda muy mal al presidente decir que si nosotros queremos salir a la calle es porque están preparando un golpe de Estado en su contra”, dijo.
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Sin embargo, fuentes confirmaron que el partido uribista ha estado adelantando reuniones para planear foros en todo el país en contra de las reformas sociales que volverán a la agenda legislativa el 16 de febrero.
Frente a los llamados de Petro a movilizarse, la senadora María Fernanda Cabal le pidió a la Procuraduría que “revise el alcance que pueden tener esas declaraciones en el orden público del país”. Desde esa misma orilla, el representante Andrés Forero, escribió que “ojalá la movilización que promueve el presidente (…) no termine en una nueva toma del Palacio de Justicia, similar a la que se vivió en el Congreso de Estados Unidos hace un par de años”.
Lo cierto es que los ánimos están caldeados y no son pocos los políticos que han hecho llamados a la calma por parte del presidente. El senador Humberto de la Calle se refirió a la reacción de Petro como una “tiranía esquizofrénica en redes”, y pidió que se restablezca la comunicación diplomática entre el Gobierno y la oposición “por mecanismos menos parecidos a una corraleja”.
David Luna, de Cambio Radical, también sentó una posición y advirtió que el llamado de Petro a las calles incentiva la polarización en el país. “Nadie está interesado en tumbarlo, queremos que termine en democracia su Gobierno”, dijo en un video publicado en redes sociales.
Pero la discusión política va más allá de las peleas de Petro con el fiscal y están relacionadas con la campaña política que ya se alista a dos años de las elecciones presidenciales. Aunque Barbosa ha negado tener aspiraciones políticas, el Gobierno y la oposición no descartan que su nombre aparezca en el próximo tarjetón nacional.
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