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Luego de 57 días de audiencias, terminó oficialmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Un hito en la investigación en contra del exjefe de Estado y en el que se escucharon un total de 92 testigos, incluyendo a varios peritos, desde el pasado 6 de febrero.
El paso siguiente es la presentación de los alegatos de conclusión en los que todas las partes del proceso le explicarán a la jueza Sandra Heredia por qué, en su opinión, debe condenar o absolver a Uribe Vélez, para que luego ella elabore el fallo final. Antes de entregar en esa recta final del expediente, cuyas audiencias arrancan el próximo martes, El Espectador habló con dos figuras claves en esta historia: el senador Iván Cepeda y el abogado Jaime Granados.
Cepeda, quien es víctima acreditada en el caso, señaló que la práctica probatoria de la defensa se trató de una “caótica presentación de testigos en su gran mayoría insustanciales”. También, mencionó que el expresidente Uribe no pudo demostrar ninguna prueba de su inocencia, y no pudo negar “su conocimiento de la existencia del paramilitarismo y su actividad en San Roque, y en la propia Hacienda Guacharacas”. Esta entrevista hace parte de una entrega de dos conversaciones, en la que del otro lado habló Jaime Granados Peña, abogado titular del expresidente Álvaro Uribe.
¿Cómo evalúa esta segunda tanda de testigos de la defensa?
En lo que a nosotros como bancada de víctimas compete estamos realmente muy complacidos por varias circunstancias. La primera es haber logrado llegar a este punto de la actuación judicial. Hemos tenido que superar innumerables barreras, dificultades y obstáculos para poder estar hoy ante una decisión de la justicia.
Segundo lugar, constatamos que los tan anunciados hallazgos o planteamientos contundentes de la defensa, eran sencillamente falsos y lo que tenemos hoy ante nosotros es un muy pobre resultado del ejercicio probatorio que han hecho los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, y en general los defensores del expresidente Uribe.
¿Qué sensación le deja la culminación de esta fase? ¿Cómo evalúa todo ese panorama?
Ese llamado método reconstructivo que anunció con tanto énfasis el doctor Lombana, al final resultó siendo una caótica presentación de testigos en su gran mayoría insustanciales. Personas que estuvieron en un momento, en algún lugar, dijeron que habían contactado a otras que a su vez habían contactado al expresidente. Hechos absolutamente irrelevantes en su gran mayoría.
A la defensa le fueron al final decretados 77 testigos, de los cuales renunciaron a 20 y cuatro guardaron silencio. Hecha esa resta, queda por evaluar los testimonios esenciales, comenzando por el del propio acusado. A pesar de que fue un largo testimonio que tomó varios días, en el contrainterrogatorio el expresidente Uribe quedó al desnudo.
Uribe no pudo negar su conocimiento de la existencia del paramilitarismo y su actividad en San Roque, y en la propia Hacienda Guacharacas. Tampoco de su conocimiento del señor Luis Alberto Villegas Uribe y de haberle otorgado a una persona que estaba siendo investigada por paramilitarismo la licencia para ser el director de la Convivir el Cóndor.
Tampoco pudo negar su relación con Diego Cadena. Segundo lugar, la ausencia del señor Juan Guillermo Villegas (cercano a Uribe), quien es un personaje central, no solamente porque él está señalado como uno de los fundadores del Bloque Metro, el grupo que funcionó en Guacharacas, sino también por el rol que ha cumplido en la intermediación con varios falsos testigos, en particular con la familia Monsalve. Tenemos evidencia de que hubo presiones en medio de todo este caso.
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¿Qué lectura hace usted de que la defensa decidiera desistir de tantos testigos?
Que hay una inmensa desproporción entre la grandilocuencia del anuncio de que vendrían grandes revelaciones, afirmaciones que demostraría más allá de cualquier duda razonable cierto tipo de hechos, con la realidad que se vio en el juicio. Es decir, una vez que se hicieron esos grandes anuncios, no quedo nada, solo aire. No llegaron testigos, desistieron de ellos o intentaron excusar algunas de esas ausencias.
En otros casos, sencillamente ni se brindó explicación alguna. Es más, con relación a los testigos en común con la Fiscalía, es poderosamente llamativo que no se interrogó a Juan Guillermo Monsalve, a Deyanira Gómez ni a Pablo Hernán Sierra (exparamilitar). Es la gran pregunta: Si tantas dudas y hechos había en contra de ellos, ¿por qué no se les llamó a testificar?
¿Por qué cree que fue desestimado el testimonio de Juan Guillermo Monsalve?
Creo que es con un inmenso temor de que, ahondando realmente en un interrogatorio serio, Monsalve pudiera añadir una serie de elementos sobre los cuales no se había hablado en la primera fase que podría ser supremamente incómodo para la defensa. Es más, en algunos momentos se vio que el propio ejercicio de interrogación de la defensa se autolimitó porque se estaba entrando en aguas profundas.
Recuerdo especialmente un momento en el cual el doctor Granados le preguntó a Mario Uribe (primo del expresidente y condenado por parapolítica) por una serie de hechos y él mismo le advierte al abogado que es mejor que no lo tiente porque él puede hablar de algo que va a ser supremamente incómodo. Mario Uribe le dice: “Mejor dejemos eso así”.
Un informe pericial presentado por la defensa habla de fragmentos de audio y video que habrían sido editados o alterados. ¿Qué implica eso para la credibilidad del testimonio de Juan Guillermo Monsalve?
Ninguna. Por varias razones. La primera es que, con relación al primero de los peritajes presentados, la fiscal fue muy clara en el comienzo de su contrainterrogatorio, pues formuló la pregunta de si el perito se estaba refiriendo a una de dos grabaciones. Él dijo claramente que se estaba refiriendo a una de ellas.
La otra está totalmente inalterada. O sea, que el perito ha hecho referencia a una probable copia que efectivamente muestra una alteración absolutamente superficial. Esa es una discusión que será objeto de valoración por parte de la juez, pero la realidad es que hay otra copia que está inalterada.
De los testigos de la defensa, cuatro guardaron silencio, 19 están siendo investigados por la justicia y cinco están en juicio. ¿El hecho de que tengan investigaciones o procesos abiertos puede comprometer su credibilidad?
Sí, porque son sobre los hechos que están siendo, ni más ni menos, objeto de este juicio. Personas que la Corte Suprema de Justicia investigó en su momento, que escuchó atentamente y que comprobó y corroboró que estaban diciendo mentiras. Por eso compulsó copias y después de una investigación, como en el caso de Álvaro Hernán Prada (magistrado del Consejo Nacional Electoral), lo llamó a juicio.
En el caso de otros testigos, la Fiscalía también los investigó y los ha llamado a juicio, como es el caso de Diego Cadena. Es más, en ese caso no solamente hablamos de un juicio, sino que es una persona que está sancionada disciplinariamente, es decir, que ha perdido su licencia temporalmente para ejercer sus funciones como abogado, a raíz de hechos que son parte de esta acusación.
Sumado a Euridice Cortés y otros exparas que ya fueron denunciados por falso testimonio y fraude procesal, también entran en ese escenario Óscar Monsalve Correa y Óscar Monsalve Pineda. ¿Por qué? ¿Tiene la bancada de víctimas pruebas de que sus testimonios fueron alterados, más allá de lo dicho en informes de prensa?
Lo que tenemos, lo hemos entregado a las autoridades y por eso hemos procedido ante los jueces. Decidimos apelar a una denuncia penal. No quisimos entrar a una discusión que podía dar pretextos para seguir dilatando esta actuación. Ahí están los hechos: audios que prueban que, en un primer momento, el padre de Juan Guillermo Monsalve, Óscar Monsalve Correa, ensaya en una conversación lo que está ya prácticamente pactado con terceros.
Luego de eso, la corroboración de que esta persona es escoltada a entregar su testimonio por alguien que no es una persona casual que se haya cruzado al tribunal, sino ni más ni menos que el hijo del señor Luis Alberto Villegas Uribe. Si se recuerda en el auto inhibitorio de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia demostró que los señores Villegas Uribe, y concretamente Juan Guillermo Villegas Uribe (hermano de Luis Alberto), ejercieron presiones sobre el señor Óscar Monsalve. Aquí se repite el mismo patrón.
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En una entrevista pasada usted mencionó que en esta etapa no había cabida para escenarios forzados y que, durante la tanda de testigos de la defensa, los abogados de Uribe Vélez “constituirán un imaginario de un complot contra él”. Luego de revisar los últimos 57 testimonios, ¿aún sostiene esas afirmaciones?
Sí, yo creo que el gran esfuerzo, más allá de cualquier otra clase de retórica reconstructiva, fue intentar poner el foco de atención sobre algo que es inexistente y es mi supuesta responsabilidad en algún tipo de intento de ofrecimientos a los testigos, cuando lo que debería haber hecho la defensa era probar la inocencia de Uribe.
Todo el esfuerzo probatorio, o supuestamente probatorio, que hizo la defensa de Uribe fue intentar mostrar que bien fuera yo, o el doctor (Eduardo) Montealegre (Ministro de Justicia), o el testigo Juan Guillermo Monsalve, o Deyanira Gómez (expareja de Monsalve), estábamos creando un complot para encausar a Uribe. Nada de eso tuvo ningún efecto porque se cayó a pedazos.
¿La bancada de víctimas de pronto analiza esos comportamientos para los alegatos?
Sí, por supuesto haremos referencia a eso y a muchas otras cosas en nuestros alegatos, pero es evidente que la propia defensa no ha querido entrar en el fondo de los asuntos. Se ha quedado en asuntos meramente accidentales, en supuestos hechos que alterarían la veracidad del material probatorio, en discutir la legalidad de las interceptaciones, pero no sobre los contenidos. Eso es altamente llamativo.
¿Cómo puede impactar eso en la siguiente etapa?
No podría hacer vaticinios, pero obviamente nosotros trataremos de que todos estos hechos, que están ligados con la presentación del juicio, estén en nuestros alegatos. Esta va a ser una labor de relojería. Vamos a proceder siguiendo la estructura del mismo proceso que son los siete hechos jurídicamente relevantes. Pero nos vamos a meter a fondo en cada uno de los testimonios, en su contrastación con las interceptaciones o con lo que han dicho esas mismas personas antes.
Por ejemplo, hay situaciones que son un nudo de contradicciones. Está Fabián Rojas (miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de cuando Uribe fue senador), Ángela López (abogada del exparamilitar Hernán Darío Giraldo Gaviria) o Diego Cadena. Todos tienen una versión absolutamente distinta de una misma reunión.
Lo que es el siguiente capítulo, que es todavía más una comedia de contradicciones, son los llamados testigos de la cárcel de Cómbita, hablando todos sobre asuntos absolutamente distintos: cómo conocieron al señor Cadena, cuál fue el orden en que ocurrieron los hechos cuando se les tomaron los testimonios escritos, quién escribió qué. La señora Ángela López diciendo que ella alteró el texto, pero no lo alteró demasiado. En fin, para mencionar tan solo una de tantas circunstancias. Otro detalle es que nosotros sí nos vamos a enfocar en la discusión de fondo.
¿Y cuál es esa discusión de fondo?
Que aquí no es que yo tenga que exculparme, o que lo tenga que hacer el señor Monsalve, o la señora de Deyanira Gómez, sino la pregunta de qué hizo el expresidente Uribe. ¿Por qué era riguroso y necesario que cada una de las actuaciones del señor Cadena le fueran consultadas? ¿Cómo le dio permiso? ¿Qué tanto sabía o qué tanto ignoraba de las gestiones que se estaban haciendo y de los sobornos que estaban en curso?
A estas alturas me parece que es indiscutible que sí ocurrieron. Esa va a ser la discusión real, no otra que se invente de si nosotras, las víctimas, debemos ser juzgados nuevamente por hechos frente a los cuales ya hay total claridad.
¿Cuál es la expectativa de la bancada de víctimas?
Nuestra expectativa es que haya una condena por todo. Creemos que esa debe ser el desenlace de esto, pero obviamente respetuosos de la independencia de la señora juez. Con toda la paciencia, esperaremos su dictamen.
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¿Le sorprende que esta fase probatoria haya terminado a buen tiempo, antes de la prescripción?
Creo que es muy diciente porque, hasta un punto, la defensa hizo todo lo necesario, y hasta lo imposible, por evitar que esto avanzara. Pero llegados a un punto, cuando ya se agotaron todos los recursos que se podían interponer, se estuvo ante el hecho de que no había ninguna otra posibilidad distinta y que era demasiado evidente que se estaba ya en una lógica prescriptiva. Entonces hubo que asumir el desenlace.
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