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Aunque es una problemática que viene desde hace varios años y ninguno de los últimos tres gobiernos distritales han podido darle una solución de fondo y menos desde las administraciones nacionales, el Gobierno aseguró que se vienen ejecutando diferentes estrategias para que las comunidades indígenas que han huido de sus territorios y se encuentran asentadas en Bogotá tengan una oportunidad de retorno. Y eso incluye una inyección amplia de recursos.
El grueso de quienes están en carpas y condiciones no del todo salubres –en parques como el Nacional y La Florida– son parte de la población embera que llegó desplazada a la capital hace varios meses y que, pese a los intentos de que se den condiciones seguras para su retorno, ha decidido seguir en la capital. Eso sí, sus voceros lo han repetido en varias mesas de trabajo que han tenido: la salvaguardia de sus vidas es prioritaria.
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En un documento de seis páginas que el Ministerio del Interior le remitió al Congreso, y al cual accedió este diario, hizo un repaso de las acciones que se han implementado desde el Ejecutivo para atender esta situación; y es, precisamente en uno de esos apartados, que se reveló el monto exacto de recursos que –entre 2023 y 2025– se han invertido para la “reubicación digna” de esta población.
En efecto, según el informe que le entregó ese ministerio al Capitolio –que incluye una pregunta específica sobre esa distribución de recursos–, se confirma que la destinación ha sido de $462.191.642, en lo cual se incluyen “costos de administración”.
Ese dato aparece en el documento que elaboró la Dirección de Asuntos Legislativos, adscrita al despacho del Viceministerio General del Interior, y lleva la firma de Anderson Guerrero Trujillo, director técnico de esa área.
“Se trabajó directamente con lideresas como Clisia Chamí, Luz Mery Querágama, Sebastiana Pepe y Claudia Querágama, identificando la existencia de una categoría propia de ‘violencia privada o secreta’, relacionada con prácticas ocultas o poco denunciadas al interior de los hogares indígenas. Se han realizado además jornadas de seguimiento a la población retornada en el resguardo del Alto Andágueda”, se agregó en un apartado del informe.
Además de estas acciones e inversiones, el Gobierno aseguró que se han realizado varios encuentros con autoridades tradicionales Emberá junto a la Secretaría de Gobierno de Bogotá para encontrar cuáles son los puntos más críticos de atención que deben atenderse con mayor celeridad. Las citas se han dado con las poblaciones que están en el Parque Nacional, en el asentamiento Buen Samaritano, UPI La Florida y La Rioja.
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“De estas acciones derivó el diseño de un Plan de Acción Étnico de Género, concertado con lideresas Embera y autoridades comunitarias, actualmente en implementación”, se precisó en este informe que, además, hace parte de un debate de control político que sobre esta situación están preparando los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana, Óscar Campo, Gersel Luis Pérez, José Jaime Uscátegui, Jennifer Perlaza, Juan Carlos Lozada y Juan Sebastián Gómez.
“Teniendo en cuenta los diferentes diálogos que se han llevado a cabo en las distintas mesas de la minga hemos logrado acuerdos satisfactorios en las cuales han sido beneficiadas las comunidades embera, no solo las ubicadas en el Parque Nacional, sino que también en la mesa de diálogo con líderes y autoridades de los diferentes refugios de Bogotá, el cual con algunas autoridades y líderes se han venido haciendo acompañamiento en las reuniones programadas en la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”, se agregó en el reporte.
Pero ante este panorama, y con las imágenes del regreso de los emberas a las inmediaciones del Parque Nacional desde el pasado 19 de mayo, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán ha solicitado que se adopten medidas y que haya un acompañamiento directo desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De hecho, tras lo sucedido en ese momento, se informó que al menos 150 integrantes de la comunidad que regresó a espacio público son menores de edad, por lo que se pedía atención inmediata del ICBF y de la Unidad de Víctimas.
Gustavo Quintero, secretario de Gobierno del Distrito, dijo desde esos días que “no hay condiciones para que una comunidad pueda vivir adecuadamente de manera digna y, sobre todo, para garantizarle la seguridad a las niñas y a los niños nuevamente”.
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En una línea similar se expresó en ese entonces el secretario general de la Alcaldía, Mauricio Silva, quien además recordó que la Casa de Nariño podría instruir a otras entidades del orden nacional para implementar medidas.
“La SAE (Sociedad de Activos Especiales) tiene muchos activos en la ciudad que podrían utilizar y le estamos proponiendo al Gobierno Nacional que disponga alguno de estos predios para hacer la reubicación. Esa reubicación fue ordenada por un juez de la República en octubre del año 2023 y es responsabilidad del Gobierno Nacional hacerlo”, dijo Silva en ese instante.
Lo otro que dejó claro el Distrito es que no puede proceder con un desalojo a la fuerza hasta que no haya una orden judicial de por medio, pero se ratificó que la prioridad también es proteger a los menores de edad.
En todo caso, en el reporte del Gobierno al Congreso se aseguró que están en marcha varias acciones para determinar una ruta que derive en soluciones de fondo a toda esta situación.
“Se acompañaron las tomas de reflexión frente a los efectos del restablecimiento de derechos de los niños y niñas que acompañan estos espacios, con el fin de identificar mecanismos de protección tanto para los infantes, como para las mujeres. Esto creó la mesa de género del Distrito liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Mujer por las competencias territoriales”, quedó explícito en el informe.
Por ahora, el Distrito acompaña a estas comunidades asentadas en varios puntos, mientras el Gobierno define los siguientes pasos a dar.
Estas son las acciones del gobierno Petro para atender a comunidades emberas
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