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Pueblo Bello es un municipio del Cesar que echó raíces en plena Sierra Nevada de Santa Marta. Si bien apenas suma poco más de 20 años en su propio trasegar en lo político y administrativo -pues hasta 1997 fue un gran corregimiento de Valledupar-, no ha estado exento de las ambiciones, conflictos y disputas que implica la política electoral. De hecho, hoy bien podría ser un reflejo de la polarización que persiste y que, incluso, se acentúa a medida que se acercan las elecciones. Y es que allí, una diferencia de apenas 248 votos en la carrera por la Alcaldía en 2019, escaló hasta una demanda por presuntos delitos electorales y, de paso, intensificó una lucha de antaño y con visos de ancestralidad.
En medio del pleito se encuentra el actual alcalde de la población, Danilo Duque Barón, quien en las elecciones de hace dos años y con el respaldo de la política tradicional –pues fue avalado por el Partido Conservador, el Partido Liberal, la U y Cambio Radical– logró 5.972 votos que lo tienen hoy como la primera autoridad del municipio. Su principal contendor, el hoy concejal Saúl Tobías Mindiola, es un indígena arhuaco -nativos de la Sierra Nevada y mayoría en la población- que quedó de segundo con 5.724 votos y que contó con el apoyo de la Alianza Social Indígena (ASI), el MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y la Alianza Verde. (Ver infografía al final)
La muy apretada diferencia entre ambos generó controversia. De acuerdo con Mindiola, el día de las elecciones hubo una serie de irregularidades que corrompieron el triunfo del alcalde, como tachones, enmendaduras o borrones en las actas de mesa y errores aritméticos, así como ingreso extemporáneo de pliegos electorales, suplantación de votantes y líos con tarjetas electorales que, al parecer, estaban asignadas a unas mesas y que fueron depositadas en otras. Pero eso no fue lo más grave.
Según denunció el concejal ante el Tribunal Administrativo del Cesar, hasta donde llevó una demanda de nulidad electoral contra Duque detallando estos hechos, pese a que en septiembre de 2019 -es decir, un mes antes de las elecciones- el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a 1.025 ciudadanos por trashumancia electoral, no se explica cómo 115 de ellos -con cédulas de Valledupar, Bogotá, Barranquilla y Pereira-, terminaron votando.
“El asunto no es de una diferencia de 248 votos. Eso me tiene sin cuidado. Lo preocupante es la maquinaria y cómo se organiza y se calcula un fraude electoral (…) como sociedad, no se le puede seguir apostando a un proceso formal y legal como el sistema electoral cuando hay tanta zozobra y una sospecha casi confirmada. Esto se oculta porque responde a las fuerzas políticas que han gobernado el territorio todo el tiempo”, dijo Saúl Mindiola a este diario, alegando también que la Comisión Escrutadora Municipal de Pueblo Bello no le permitió el acceso al reconteo de votos en algunas mesas, permitió la inclusión de actas entregadas extemporáneamente y no corrigió los errores aritméticos. Todo esto, dice, para favorecer al candidato Danilo Duque.
En medio de todo el pleito en agosto pasado hubo un concepto decisivo por parte de la Procuraduría que conoció El Espectador y que está firmado por Jesús Eduardo Rodríguez, procurador 47 Judicial II de Valledupar. Si bien el organismo de control rechazó de tajo la mayoría de los reclamos de Mindiola y advirtió falta de pruebas en los supuestos errores aritméticos, los tachones, la suplantación de votantes y la falsificación de tarjetas electorales, sí le dio la razón en un asunto fundamental: corroboró que hubo trashumancia electoral. De acuerdo con el Ministerio Público, “se logra verificar la existencia de 101 votos trashumantes, lo que basta para declarar la nulidad de la elección, (pues) los electores no eran residentes en la circunscripción”.
Para el hoy alcalde, por supuesto, la situación es diametralmente distinta. Según explicó Duque en diálogo con este diario, detrás de todas las acusaciones y la demanda hay un “plan para que se caiga mi elección” y señala que sistemáticamente ha padecido una persecución política “sin precedentes” debido al descontento y oposición de varios de los líderes indígenas inconformes con su elección por ser colono o “bunachi”. “No quieren que la inversión llegue al municipio. Hay personas con una cosmovisión distinta a la nuestra. Ellos han impedido que el proyecto de gas domiciliario llegue a Pueblo Bello (…) La consulta previa ha sido un instrumento para detener las obras. No ha sido otra cosa”.
De acuerdo con el mandatario, pese a la ofensiva y disgusto de ciertos líderes políticos, en la población ya se han logrado invertir recursos por el orden de los $25.000 millones, se han fortalecido como el primer productor de café orgánico del país y se han logrado viabilizar los recursos a los que tienen derecho por ser un municipio PDET -aquellos territorios más vulnerables al conflicto y, por ende, priorizados para su desarrollo-. Por ello, agrega Danilo Duque, ha sido objeto de una feroz oposición. “Lo que hemos hecho es aperturar el municipio al desarrollo, llevarle obras e instituciones del Estado”.
Frente a las denuncias por trashumancia electoral, Danilo Duque reclama que “el concepto que emitió la Procuraduría fue apresurado” y que aún ni siquiera se ha llegado a la etapa de alegatos. “Genera suspicacias y le hace a uno pensar que hace parte de esta persecución que se tiene en contra del alcalde”. En ese sentido, reivindica también que no hay prueba de que las personas que incurrieron en trashumancia votaron por él y no hay forma de probar una acusación de semejante calibre. “La elección fue la más transparente que pudo haber, fue la más vigilada del país. Hasta la ONU estuvo allí”.
A su turno, el abogado del mandatario, César Augusto Vargas, advierte que una muestra de la persecución contra su defendido es que, en julio pasado, en Radio Guatapurí -una de las cadenas más escuchadas en la región- los opositores lograron inducir al error a la prensa y lograron que se difundiera una información falsa sobre una orden de captura de Duque por parte de la Fiscalía por supuesta corrupción. “Causó un daño irreparable a la familia del alcalde y a la misma población, por cuanto se genera una sensación de impotencia e inseguridad jurídica”.
Además, Vargas resalta que un concepto técnico sobre las tarjetas electorales, conocido por este diario y realizado por la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2019 a petición del Tribunal, concluyó que la totalidad de esas tarjetas electorales para la elección de alcalde en Pueblo Bello “corresponden a las asignadas al municipio, puesto y mesa”. Adicionalmente, que cuentan con las características de seguridad contratadas por la Registraduría.
Hay un último detalle que permite comprender mejor el pleito, pero que está al margen del proceso judicial. De acuerdo con fuentes que conocen la movida electoral en la región consultadas por El Espectador, al alcalde Danilo Duque lo respaldó en su elección -nada menos- que el clan Gnecco, una poderosa familia dedicada a la política en Cesar y que se ha jactado de manejar alcaldías y gobernaciones. De hecho, el actual gobernador era Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a quien la Corte Suprema halló culpable de corrupción electoral. En el clan se cuentan además familiares salpicados por paramilitarismo, corrupción o contrabando.
En contexto: La turbia historia del poderoso clan Gnecco en el Cesar
“César está controlado por la familia Gnecco, a la cabeza de la matrona, que es Cielo Gnecco. Ellos manejan 23 de los 25 municipios del departamento. Están aliados con otras casas políticas importantes, como la del senador Didier Lobo (Cambio Radical) y Ape Cuello, que es representante a la Cámara por el Partido Conservador”, explicó una fuente.
Ante ello, el alcalde responde que si bien respaldó al gobernador Monsalvo Gnecco, no pertenece a esa casa política. “Siempre mi candidatura ha sido de manera independiente”. Ante los relacionamientos con Ape Cuello y Didier Lobo admite “mucha cercanía”, pues defiende que son congresistas decisivos para lograr la consecución de recursos y gestión. “Mi candidatura no salió de un día para otro. Mi proyecto duró más de 10 años para madurarse y llegar hasta donde llegó”.
La última palabra en medio de todo este pleito, que tiene aristas tanto jurídicas como ancestrales, la tiene el Tribunal Administrativo del Cesar, organismo que está llamado a garantizar que la voluntad que expresaron los habitantes de Pueblo Bello en las urnas se cumpla. Solo un asomo de justicia bastará para que no se les haga el feo a los pueblobellanos.
JAVIER GONZÁLEZ PENAGOS
Twitter: @Currinche
jgonzalez@elespectador.com
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