Centroamérica: corrupción al detal

Guatemala se apresta hoy a elegir a su presidente, vicepresidente y autoridades regionales, apenas días después de que el expresidente Otto Pérez Molina fuera puesto en prisión preventiva por, al parecer, liderar una red de corrupción llamada La Línea, junto con la exvicepresidenta —ya en prisión— Roxana Baldetti. El levantamiento popular en Guatemala, que ejerció una gran presión sobre Pérez, ha hecho pensar a algunos analistas que la región está cada vez más atenta a las movidas de sus mandatarios. Ya Guatemala había vivido un caso parecido: el expresidente Alfonso Portillo pagó una pena de año y medio de cárcel en EE.UU. por lavar US$2,5 millones provenientes de sobornos del gobierno de Taiwán. Centroamérica ha estado signada por gruesos casos de corrupción en las últimas décadas e incluso hoy algunos mandatarios han perdido el apoyo popular por supuesta malversación de fondos.

Uno de los más señalados ha sido el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, hoy refugiado en Miami. Martinelli, quien ejerció la presidencia entre 2009 y 2014, es acusado por presuntas irregularidades en contratos que suman US$45 millones y que estaban destinados al Programa de Ayuda Alimentaria, extendido en las instituciones escolares del país. Al término de su presidencia el Tribunal Electoral le quitó su fuero, lo que permite investigarlo por su participación en el círculo de corrupción. Martinelli, sin embargo, salió del país y dijo que la estrategia sólo era una persecución política por parte del nuevo mandatario —vicepresidente suyo por un tiempo—, Juan Carlos Varela. Su juicio está pendiente. Una docena de sus más cercanos colaboradores tienen medidas cautelares.

En una situación similar se encuentra el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, quien hace algunos meses aceptó que parte del dinero de un desfalco de US$200 millones al Instituto Hondureño de Seguridad Social sirvió para financiar su campaña. El desfalco había sido cometido durante el mandato de Porfirio Lobo (2010-2014), quien conocía los detalles de la malversación y, según sus opositores, prefirió quedarse en silencio. Hernández ha dicho, como Martinelli, que no conocía ningún detalle sobre las cuentas de su campaña. En las calles de Honduras, los ciudadanos y la oposición han pedido su renuncia. Algunos incluso han propuesto la creación de una comisión contra la corrupción, similar a la que investigó en Guatemala a Otto Pérez, para observar los casos. La idea no ha calado.

La misma propuesta corre en El Salvador. El aumento de la violencia mafiosa y su supuesta intervención en el poder habrían corroído ciertas instituciones. El Salvador ha firmado convenciones anticorrupción de las Naciones Unidas y es vigilado de manera constante. Sin embargo, los ciudadanos protestan, entre otras razones por la presunta malversación de fondos entre las fuerzas militares, el sector salud y las obras públicas. El más reciente recuerdo de esta clase recae en el expresidente Francisco Flores (1999-2004), hoy en prisión por el desvío de US$15 millones donados por Taiwán para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001. La pérdida de otros US$55 millones, de la misma fuente, habría sido también su responsabilidad. Flores, en espera de su juicio, enfrenta una pena de entre 15 y 25 años de cárcel por peculado y enriquecimiento ilícito.

Costa Rica aporta dos casos a la contabilidad de la corrupción: los expresidentes Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). El primero fue culpable de recibir US$440.000 a cambio de beneficiar a empresas que vendían equipos médicos al Seguro Social. Fue condenado en 2009 a cinco años de prisión. El segundo tuvo a bien ser intermediario, durante su ejercicio como presidente, para que la firma Alcatel recibiera millonarios contratos. Su intervención lo llevó a cinco años a prisión, después anulados por vicios en el proceso.

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la región es proclive a la corrupción porque carece de reformas fiscales y la vigilancia pública resulta, en ocasiones, precaria. Dicha carencia produciría un crecimiento menor (4%) de la economía de la región en los próximos años y, además, estancaría el ambiente político. En todos los casos, recuerda el instituto, los más afectados son los más pobres, pues muchas de las estrategias corruptas suceden en programas de subsidios y de obras públicas, cuya explotación reduce la calidad de vida nacional.

Un caso de reseña es el de la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua. A cargo del país desde 2007 (también fue mandatario entre 1985 y 1990), Ortega ha sido acusado de desviar, con la anuencia de las instituciones públicas nicaragüenses, cerca de US$4.000 millones provenientes de convenios petroleros con Venezuela a cuentas privadas. El 62% de esa suma, según el gobierno nicaragüense, fue destinado para realizar negocios con ánimo de lucro —esto, según observadores, aumenta la posibilidad de corrupción— y el resto fue enviado a ayudas sociales. La concesión del canal interoceánico, entregado a un empresario chino, se saltó los procesos formales y está hoy entre nieblas. Ortega, además, ha nombrado a su esposa y a tres de sus hijos en cargos públicos de alto rango.

Nicaragua ostenta también un antecedente fatal. En diciembre de 2003 el expresidente Arnoldo Alemán fue sentenciado a 20 años de prisión por lavado de dinero y corrupción: las cuentas de un hotel lujoso en Bali y otro en India, cargadas a las tarjetas que paga el Gobierno, fueron dos de las pruebas principales. A pesar de que Transparencia Internacional clasificó al exmandatario entre los diez políticos más corruptos, la Corte Suprema levantó los cargos contra Alemán y éste de prisión en 2009. Los opositores de Ortega dijeron por entonces, y hoy lo sostienen, que el poder del presidente sobre las cortes y su amistad con Alemán impulsaron su liberación.