Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En octubre de 2021, tras un proceso exprés de dos años y medio que adelantó mientras cumplía sus deberes de tiempo completo como contralor general de la República, Felipe Córdoba estudió y se graduó de abogado del Politécnico Grancolombiano. Además, obtuvo un título de doctorado de la Universidad de Jaén, en España. Según explicó, su fórmula para lograr estas metas, que a la mayoría de estudiantes les tomaría unos cinco años, fueron las homologaciones y su disciplina, pero los académicos lo dudan. Lo cierto es que, en el caso del contralor, con apenas 43 años, parece que todo fluye en tiempo récord. (Le puede interesar: Paro Nacional de 2021: Cali, la ciudad de la furia)
El contralor Felipe Córdoba cuenta que se formó en Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y que además tiene una especialización en Alta Gerencia y una maestría en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana. Del plan de estudios que cursó en el Externado, le homologaron en el Politécnico más de ocho materias obligatorias para el pregrado en Derecho. Esta universidad concede el título de abogado con 140 créditos en ocho semestres. Es decir, 18 créditos por semestre. El contralor insiste que la clave fueron las homologaciones y un convenio que “se estructuró y perfeccionó” entre el Politécnico y la Contraloría.
El convenio que menciona Córdoba es el 276-19, que estableció una cooperación académica entre esta institución universitaria y la Contraloría, suscrito el 12 de agosto de 2019. El numeral nueve del documento, como lo resaltó el periodista Juan Pablo Barrientos en Caracol Radio, establece que se “ofrece la posibilidad a profesionales de cursar y homologar completamente un programa conducente a título profesional en un tiempo máximo de cuatro años mediante la aplicación de cronogramas intensivos y continuos”. Córdoba asegura que no fue una decisión improvisada ni compromete recursos públicos. “Su objetivo es dar acceso a un segundo título académico mediante la homologación de materias y facilidades de descuento”. (Le recomendamos: Una auditoría para conjurar la desconfianza que genera la Registraduría)
Según el contralor Córdoba, “es importante rechazar categóricamente las suspicacias que han tejido algunas personas al afirmar que el mencionado convenio busca favorecer al contralor general con algún tipo de privilegio o irregularidad”. Sin embargo, al leer el convenio, que se presenta como el que “cuenta con la aprobación respectiva y se constituye en institución pionera en el uso de este sistema”, hay algunos cabos sueltos. El documento fue firmado por la gerente administrativa y financiera de la Contraloría y el representante legal del centro educativo. Pero, después no tuvo una plena ejecución.
Al consultar al Politécnico Grancolombiano sobre los resultados del convenio, Carlos Augusto García, decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, de la que hace parte la carrera de Derecho, resaltó que, aunque el convenio efectivamente se firmó, nunca tuvo eficacia y, por lo tanto, los estudiantes de la Contraloría no obtuvieron beneficios académicos, sino que cursaron sus programas como estudiantes regulares. “El primer convenio fue con el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios (ILAE) y generaron el puente con la Contraloría para que conocieran nuestros programas y estudiaran en el Politécnico, pero no se logró una condición”. (Puede leer: Pez basa: el otro “hipopótamo” en Colombia del que nadie quiere hablar)
Carlos Augusto García sostiene que, para que se formalizara el convenio, se tenía que cumplir el término de matrícula de al menos cincuenta estudiantes. “No se logró. El ILAE y nosotros hicimos una carta de intención que dice que, si no tenemos un mínimo de cincuenta estudiantes, las personas que se hayan interesado tendrán que entrar al Politécnico directamente por la institución como cualquier estudiante”. Por esa razón, 23 personas de la entidad pública, entre ellas el contralor Felipe Córdoba, ingresaron como estudiantes regulares. “El único beneficio que obtuvieron fue el de un 10 % de descuento en la matrícula”.
Según el decano de la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, el convenio 276-19 de cooperación académica al que alude el contralor se firmó después de que entrara su grupo. “Esos estudiantes que entraron primero no estaban cobijados bajo este convenio. Finalmente, nunca se ejecutó el acuerdo porque no llegaron más alumnos. Nunca se realizó, nunca se hizo un comité”. El contralor asegura que sí obtuvo los beneficios académicos gracias al convenio en mención. Además, recalcó que no fue el único beneficiario: “22 personas han ingresado al programa de Derecho y uno en Ingeniería de Software, de los cuales ocho ya obtuvieron su título en pregrado”.
Preocupación en la academia
Más allá de este nuevo dilema por la ejecución del convenio, algunos expertos en educación superior han formulado sus reparos respecto al corto tiempo en el que se le otorgó el título de abogado al contralor general Felipe Córdoba. En principio, se debe anotar que el artículo 268 de la Constitución Política establece catorce funciones a cumplir por parte del contralor general de la República, lo que ya evidencia la exigencia de tiempo para cumplirlas. Entre ellas hay tareas rigurosas, como la revisión de las cuentas de los responsables del erario, el registro de la deuda pública de la nación y la presentación de proyectos de ley sobre control fiscal. (Le puede interesar: Hablemos del aborto)
La explicación del contralor Felipe Córdoba es que para lograrlo y cursar al mismo tiempo sus estudios de doctorado y pregrado en Derecho, simplemente, organizó su tiempo. “En el caso del pregrado, durante dos años y medio, tomé clases en horas de la noche; es decir, por fuera del horario laboral habitual. El doctorado tuvo una dinámica distinta. El doctorado no exige clases presenciales. Le dediqué largas horas, quienes me conocen saben que duermo poco, y lo hice durante los fines de semana y los espacios que me permitían mi agenda semanal”.
Julián de Zubiría, investigador y educador, dice que “una carrera en tiempos tan breves no es posible garantizando altos niveles de calidad. Ese es el tiempo que demora hacer una buena tesis de grado que aporte ideas y conocimiento nuevo, fruto de la investigación. La buena educación es un proceso de reelaboración constante. Como la buena cocina: ambos tienen que hacerse a fuego lento. Esa es una variable esencial en la calidad”.
Ignacio Mantilla, matemático, académico y exrector de la Universidad Nacional, agrega que “normalmente las asignaturas en Colombia tienen cuatro créditos. Entonces, cursar más de veinte en un semestre ya es excesivo. En menos de ocho semestres cursar una carrera profesional de 160 créditos es difícil”. Y agrega que “cuando un estudiante cursa un pregrado, no se trata de ver todas las asignaturas cuanto antes, saltando incluso los prerrequisitos”. En este caso parece al revés. “Uno espera que sus estudiantes profesionalmente les vaya bien y lleguen a ocupar altos cargos, pero no que a profesionales con altos cargos uno los transforme en alumnos”. (Le recomendamos: Las nuevas herramientas para combatir el tráfico de fauna en Colombia)
Isabel Segovia, exviceministra de Educación, expresa que Felipe Córdoba hubiese tenido una homologación de algunas clases parece “un absurdo, porque el pénsum de Relaciones Internacionales y el de Derecho son completamente distintos”. Ella pone como ejemplo su caso. Estudió Historia y Relaciones Internacionales y hubo cantidad de materias que podía cruzar, como las de humanidades o electivas. “Aun así, cruzando esas materias, es muy poquito dentro de la carrera de Derecho, que normalmente no se toma cuatro años sino cinco”, añade.
Según Segovia, el Ministerio de Educación debería regular este tipo de convenios. Lo podría hacer a través de registros calificados, certificados a entregar a cada una de las carreras en las universidades. “Se puede mirar cuál es el registro calificado que se le da a Derecho en el Politécnico y cuál fue el pénsum aprobado. Luego, analizar efectivamente qué fue lo que tomó y no tomó el contralor”, anota. En caso de que la institución universitaria esté dando un título fraudulento y no cumpla con ese pénsum, “podría perder el registro calificado de esa carrera y, por consiguiente, no la pueden seguir ofreciendo”. (Puede leer: “Los Hijos del Tambor”: música y tradición en San Basilio de Palenque)
El plan de estudios de la carrera de Derecho en el Politécnico Grancolombiano establece que en quinto semestre se debe iniciar el Consultorio Jurídico I y completar otros tres consultorios (II, III y IV), en los tres semestres siguientes. Es decir, solo en los consultorios se requieren dos años de estudio consecutivo. Sobre esto, Córdoba asegura que realizó “cuatro módulos de consultorio jurídico, dos de contenidos teóricos y los dos restantes prácticos. Los de contenido práctico los realicé dos semestres académicos, los sábados de 8 a.m. a 12 m. en modalidad virtual, porque fue durante la pandemia”.
El 15 de octubre de 2021, el Politécnico le otorgó el título de abogado a Córdoba, quien con el diploma cumpliría un importante requisito para ser Fiscal General de la Nación. Ese mismo mes, se buscó eliminar en el Congreso una exigencia de la carta de 1991 para los altos cargos públicos: experiencia en el mundo jurídico. En su momento, la coincidencia llevó a pensar que el artículo 67 de la reforma tenía nombre y apellido: Felipe Córdoba. El funcionario lo desmintió diciendo: “No tengo ese interés y, con sinceridad, ese artículo no lo conocía y tampoco ha sido de mi interés”. Lo cierto es que en febrero de 2024, cuando termine Francisco Barbosa, se elegirá un nuevo fiscal y Felipe Córdoba ya puede aspirar.
Conoce más