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Las cárceles en Ecuador se convirtieron en cuarteles de bandas y organizaciones criminales que actúan con total impunidad. Así lo denuncia la prensa local, luego de que se confirmara que 100 presos murieron, seis de ellos decapitados, y 52 resultaron gravemente heridos en un salvaje motín en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
De acuerdo con el portal La Hora de Ecuador, las muertes de presos se han convertido en algo común para la ciudadanía y el gobierno, que el miércoles informaba con “relativa rapidez lo rápido que actuaron las autoridades”. Solo el 23 de febrero de 2021, amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles dejaron al menos 79 reclusos muertos.
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La situación es muy grave: hace dos semanas, otra cárcel fue atacada con drones con explosivos. Y en esta oportunidad, los agentes de policía denuncian que fueron recibidos con fusiles, armas largas y cortas. “Es algo lamentable lo que está pasando al interior de las cárceles”, señaló general Fausto Buenaño, comandante de la Policía en Guayaquil.
¿Qué está pasando? Analistas culpan del aumento de la violencia dentro de las prisiones al crimen organizado y al narcotráfico internacional. Expertos señalan que la tercera parte de los reclusos en Ecuador proviene de organizaciones de tráfico de drogas internacionales. Desde que comenzó este año se habla de una guerra entre bandas vinculadas a los carteles mexicanos del narcotráfico Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros ya ascienden a 20.000 según la policía, y cuyos ajustes de cuentas han dejado cerca de 120 presos fallecidos en todo el país.
En agosto, el diario El Universo de Guayaquil informaba que la Policía de Ecuador tenía informes confidenciales, nutridos por sus pares de Colombia y México, que daban cuenta de que el territorio ecuatoriano ya no era solo un lugar de tránsito para la droga, sino que la procesa y distribuye en la región, por lo que hoy es un lugar en disputa de los carteles mexicanos. Un agente le reveló a ese diario que “en las cárceles y en las calles es igual: tú sabes que si atrapas a uno de la banda los Choneros, ese está al servicio de Sinaloa, y si es uno de los Lagartos, esos trabajan para los de Nueva Generación”.
“Colombia hoy en día produce 1.800 toneladas anuales de droga. El 50 % sale por Venezuela, el 37,5 % por Ecuador y el resto por Brasil. Haciendo el cruce, sabemos que por nuestro territorio salen 600 toneladas, pero recién hemos capturado 120 toneladas el año pasado, lo que quiere decir que unas 480 toneladas siguen transitando libremente por Ecuador”, le dijo a ese diario el coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército.
Un análisis de Insight Crime, sitio especializado en investigar el crimen organizado, revela cómo en los últimos dos años Ecuador ha experimentado un aumento de la violencia entre pandillas y grupos criminales dentro de las prisiones, y lo comparaban con las cárceles de Brasil y Venezuela. El anterior gobierno “adelantó varias iniciativas para mitigar la violencia, pero estas solo empeoraron el problema”, explican.
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Fredy Rivera, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador, le explicó a este diario que el problema radica, entre otras cosas, en lo que él llamó una “interdependencia negativa y perversa con Colombia”. El experto sostiene que en la región hay rutas claves que son aprovechadas por el crimen organizado: “Ecuador tiene cuatro puertos modernos, ágiles, y tres de ellos de aguas profundas. Sin mencionar que, por ejemplo, hay una red vial conectada desde Nariño hasta el Puerto de Manta, uno de los principales sitios de exportación y almacenaje a lo largo de una cadena logística que viene desde Colombia”, dijo.
Agregó, sin embargo, que el tema en las cárceles de Ecuador no debe limitarse al crimen organizado. “El gobierno anterior destrozó la política penitenciaria. Lenín Moreno desapareció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenía una subsecretaría donde se manejaban los asuntos penitenciarios. Al eliminar estas dependencias ya no se tenían los recursos y el control institucional sobre lo que después pasó a llamarse Servicio Nacional de Atención Integral, que tampoco ha funcionado”, sostuvo Rivera.
En 2019, Lenín Moreno declaró la crisis carcelaria y movilizó a los militares para aplacar las guerras en los centros penitenciarios. “Con el fin de desmantelar estructuras jerárquicas de liderazgo de estos grupos, numerosos líderes y miembros de las pandillas fueron transferidos a otras instalaciones. Sin embargo, al parecer esto condujo a la conformación de subgrupos, que están poco vinculados a sus antiguas estructuras y se enfrentan en guerras de poder por todo el país”, señaló Insight Crime en un informe.
El 2020 estaba marcado en el calendario ecuatoriano como el más sangriento en las prisiones, con 103 muertos, pero 2021 lo supera: van 120. “Los miembros de los Choneros, una de las pandillas más antiguas de Ecuador, disputan el control de la economía criminal con otras bandas”, se lee en el informe.
Sobre las fallas institucionales, Jorge Núñez, investigador visitante del Instituto de Estudios Avanzados (IAS) en Princeton, dijo que la reforma carcelaria de 2014 tampoco fue la solución. “Esta reforma contempló la construcción de tres megacárceles con unos 9.000 internos en algunas de estas. Sin embargo, el sistema de datos no está funcionando, y en muchos casos a duras penas se sabe cuántas personas están recluidas. En la masacre de febrero, en la cárcel de El Turi de Cuenca, faltaban unos 70 internos después de los hechos de violencia. Es decir, sin un sistema de seguimiento de cada uno de los internos, y mientras más personas estén en las cárceles, menos control van a tener las autoridades”, explicó.
El actual mandatario, Guillermo Lasso, se comprometió a aumentar el número de cámaras y tecnología de vigilancia: el país ya tiene 4.300 sistemas en todo el país para identificar casos de narcotráfico, atracos y asesinatos en las calles, cuenta Insight Crime.
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El más reciente motín coincide con la salida de Fausto Cobo de la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), porque pasó a dirigir el Centro de Inteligencia Estratégica. Cobo asumió en julio la tarea de recuperar el control de las cárceles, y su diagnóstico fue contundente: “El sistema penitenciario nacional es un componente de la amenaza nacional en la que confluyen el crimen organizado y el narcotráfico internacional”. Pazmiño pintó un panorama preocupante: “Aquí están también las mafias italiana, albanesa, china, rusa y brasileña (…) En Ecuador, Sinaloa puso a su servicio a los Choneros, mientras que para Jalisco Nueva Generación operan los Lagartos y otros grupos”.
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