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Después de que las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la conciliación, a la reforma laboral solo le falta la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley. Esta es una victoria para el Gobierno y su partido (Pacto Histórico), que impulsaron la iniciativa, a pesar de un accidentado trámite en el Congreso que por poco la hunde.
La denominada reforma laboral 1.0 fue radicada en agosto de 2023, con la firma de Gloria Inés Ramírez, la entonces ministra de Trabajo. El proyecto incluía 93 artículos, entre los que se destacaban un extenso capítulo sobre derechos sindicales y otro sobre la regulación de la huelga.
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Desde el inicio, la propuesta generó fuertes críticas, especialmente de sectores empresariales, que advirtieron que no fueron tenidos en cuenta durante su construcción del articulado, a pesar de la existencia de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, donde tienen representación. También hubo voces en el Congreso que alertaron sobre el posible impacto negativo de la reforma, argumentando que, lejos de impulsar el empleo formal, podría generar la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y aumentar los niveles de informalidad.
El principal argumento en contra fue el aumento en los costos de contratación, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas. En su momento, señalaron que medidas como la ampliación de la jornada nocturna y el recargo del 100 % en los días de descanso podrían obligar a muchas compañías a reducir su personal o a operar por fuera de la legalidad. Este temor se cimentó en un análisis publicado desde el Banco de la República, el cual estimó que la reforma podría traducirse en la destrucción de unos 400.000 empleos.
Finalmente, el proyecto de ley no logró consenso y naufragó en el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Para entonces, la falta de quorum fue una constante en las discusiones. Representantes del Pacto Histórico lo calificaron como “jugaditas” para hundir la reforma laboral.
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El Gobierno no se dio por vencido. La ministra Ramírez volvió a radicar el proyecto, en lo que se conoció como la reforma laboral 2.0, aunque técnicamente se trató más de una versión 1.1, dado que el texto era prácticamente el mismo.
Esta vez, el debate avanzó con mayor éxito. A diferencia del primer intento, el partido de Gobierno —con María Fernanda Carrascal como una de sus principales voceras en la Cámara— logró construir consensos con sectores de la oposición. Una de las figuras clave en ese acercamiento fue el representante Andrés Forero, del Centro Democrático. Fruto de estos acuerdos se eliminó buena parte del capítulo sindical y del apartado sobre la huelga.
Aceitada la discusión, la reforma pasó sus dos primeros debates, recibiendo así el visto bueno de la Cámara de Representantes. Con el mencionado recorte, el texto pasó a tener 80 artículos.
En ese punto, a la iniciativa le faltaban dos debates en el Senado. La Comisión Séptima la recibió casi con un portazo en la cara: ocho senadores radicaron una ponencia negativa, lo que la dejaba virtualmente hundida. Efectivamente, en la primera discusión, la reforma se cayó.
Con el Gobierno perdiendo el partido 2-0, su apuesta se volcó hacia la consulta popular —una iniciativa que también se hundió en el Congreso, y que llevó al presidente Gustavo Petro a buscarla vía decreto, encendiendo así un intenso debate constitucional—. Según el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, esa advertencia fue el “seguro de vida de la reforma”, dado que el Congreso, sintiéndose presionado, optó por revivir el proyecto aprobando la apelación a su hundimiento, con la expectativa de que su eventual aprobación disuadiera al Ejecutivo de insistir en la consulta.
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Para dar garantías, se decidió que la reforma estaría en manos de la Comisión Cuarta del Senado, presidida por Angélica Lozano (Alianza Verde). Con el tiempo en contra, el tercer debate fue casi que exprés: en un día se aprobó un bloque de 14 artículos, se discutieron los dos más polémicos (recargo en días de descanso y jornada nocturna) y el resto pasó con las proposiciones como constancia.
El cuarto y último debate se dio en la plenaria del Senado, presidida por Efraín Cepeda (Partido Conservador). Una vez más, la discusión arrancó con la evacuación de un considerable bloque de artículos, sobre los que no se presentaron proposiciones. Para los más complejos se conformó una subcomisión, que se reunió durante varios días con la intención de allanar las diferencias y llegar a acuerdos. Al final, los que menos reunían consensos fueron aprobados a “voto limpio”. Siete se eliminaron, quedando ahora con 70 artículos (de los 77 que traía la ponencia), entre estos los que abordaban temas como la estabilidad laboral reforzada, la prima por crecimiento económico y el trabajo a tiempo parcial.
Con la aprobación del Senado, el texto pasó a conciliación. Los designados para esta tarea fueron María Fernanda Carrascal y Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), por la Cámara de Representantes; así como Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Samy Merheg (Partido Conservador).
En la conciliación se acogió el texto que aprobó el Senado. Con esa decisión, se hundieron temas que había aprobado la Cámara, como el artículo agropecuario, con el que se buscaban contratos que se adaptaran mejor a las particularidades que tienen estos trabajadores en el país; la extensión de la licencia de paternidad, que la aumentaba al doble y era vista como una oportunidad para mitigar las brechas de género presentes en el mercado laboral y las medidas para formalizar a los transportadores de carga y pasajeros.
En el marco del paro camionero desarrollado en septiembre del año pasado, el Gobierno había asumido el compromiso con los transportadores de buscar mecanismos para mejorar sus condiciones laborales. El senador Juan Felipe Lemos (Partido de la U) explicó que el Senado consideró más coherente que este pacto lo cumpla el Ejecutivo a través de la estructuración y radicación de un proyecto de ley enfocado en atender sus problemáticas.
La nueva ley introduce importantes cambios para los trabajadores, entre ellos se destacan el inicio de la jornada nocturna desde las siete de la noche; el recargo del 100 % por trabajar en días de descanso; la creación de un contrato laboral para los aprendices del SENA, que les garantiza acceso a seguridad social y prestaciones como vacaciones, cesantías y prima; la formalización de los repartidores de plataformas digitales y el establecimiento del contrato a término indefinido como regla general en el país.
El grueso de la reforma laboral comenzará a regir en Colombia cuando el presidente Petro sancione la ley. Hay algunos puntos que llegarán más adelante, como los recargos nocturnos, que tienen un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia, y el recargo por trabajar en días de descanso que, por su gradualidad, llegará al 100 % en 2027.
La reforma es vista por múltiples expertos como un primer paso —necesario pero insuficiente— para atacar los problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Aunque no los resuelve por completo, sienta un precedente político y técnico que abre la puerta a nuevas reformas. El país apenas comienza a reescribir las reglas del trabajo.
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