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En el despacho de Óscar Eduardo Vera Peláez, brigadier general del Ejército, quien encabeza el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, reposa un documento secreto de cinco páginas en el que uno de sus subordinados denuncia que altos oficiales activos de esa institución militar tendrían vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado en el sur del país.
Los señalamientos del mayor denunciante, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por motivos de seguridad, se pueden resumir así: existe una campaña de desprestigio en su contra por ser una de las personas que coordinó el desmantelamiento de la Cordillera Sur en Nariño, el grupo criminal al servicio del Clan del Golfo comandado por alias Matamba y que hoy tiene respondiendo ante los estrados judiciales al general (r) Leonardo Barrero y al coronel (r) Róbinson González del Río.
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El jefe de la Cordillera Sur, alias Matamba, fue noticia nacional recientemente. En marzo de 2022, se fugó de La Picota de Bogotá con la ayuda de guardias del Inpec y hoy su paradero es incierto. Sin embargo, su abogada dice que no hay evidencia de que efectivamente haya salido y denuncia que lo pudieron haber desaparecido dentro del penal, versión que respaldó en una carta el guardia del Inpec que fue judicializado por la fuga. Fuentes cercanas a ese líder criminal señalan que, si salió del penal, lo más probable es que ahora esté muerto, pues “tenía mucha información de militares”.
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En efecto, el mayor denunciante afirma tener información de otros militares activos relacionados con Matamba. En el documento que redactó dice estar listo para presentar en la oficina del general Vera Peláez informes de inteligencia y contrainteligencia, que también darían cuenta de las represalias que oficiales estarían desarrollando en su contra desde febrero de 2022, cuando la Fiscalía capturó al coronel (r) González del Río junto a otros militares que se aliaron con Matamba. “Estaré dispuesto a exponerlos de manera personal si usted lo ordena”, aseguró el mayor de inteligencia.
“Se conoce que aún siguen vinculados oficiales de rangos superiores activos, fieles a esa estructura, que no quieren que se siga auscultando para que salgan a la luz pública. Personajes que conocieron en la judicialización (de González del Río y otros militares) datos personales del suscrito y del trabajo investigativo adelantado en su contra. Oficiales que descubrimos su corrupción y quieren tomar represalias y aislarnos”, dice el mayor en su misiva del pasado 22 de abril de 2022.
En pocas palabras, el mayor dice que publicaciones periodísticas han intentado manchar su nombre y la de otros uniformados que lograron desarticular a la Cordillera Sur y que miembros de su unidad están siendo trasladados y aislados con el fin de silenciarlos. También le informó al general Vera Peláez que ha rendido pruebas en polígrafo que darían cuenta de que nunca se alió con la gente de Matamba y que, incluso, “he sido informado por la Fiscalía de manera informal sobre el riesgo que corría antes de la judicialización y desarticulación de la organización”.
La investigación junto a la Fiscalía
Para darle credibilidad a su denuncia, el mayor adjuntó un derecho de petición que respondió la fiscal que participó en las capturas de los militares y quien, a su vez, hace un listado de las acciones del denunciante y su equipo de inteligencia para desarticular a la Cordillera Sur. Por ejemplo, el documento de la funcionaria judicial, con fecha 6 de abril de 2022, dice que gracias a la unidad coordinada por el mayor se logró establecer la relación del coronel (r) González del Río con el grupo narcotraficante, que se obtuvieron fotografías de militares que colaboraban con esa estructura ilegal y se logró capturar al menos a once hombres de Matamba, incluyendo a dos de sus alfiles.
La fiscal agregó que certificaba, “además de los resultados operacionales que permitieron afectar de manera directa y contundente dicha estructura, se entregó información relevante por parte suya que permitió la interceptación de más de cuarenta abonados telefónicos de integrantes [de la Cordillera Sur], que permitían a las instituciones tener conocimiento en tiempo real del actuar, la zona de injerencia y eventos delictivos desarrollados por la Cordillera Sur en los municipios de Rosario, Leiva, Policarpa y Cumbitara. Además, se pudo tener noción clara de la estructura jerárquica de dicha organización, toda vez que ninguna agencia de inteligencia contaba con dicha información”.
Esta investigación judicial, que arrancó en septiembre de 2019, reveló que Matamba les pagaba a militares activos y retirados para que permitieran la salida de toneladas de cocaína por el Pacífico nariñense. Entre las interceptaciones se escuchaba al coronel (r) Róbinson González del Río hablando de su “padrino”, un hombre muy poderoso en las Fuerzas Militares y que, para la Fiscalía, es el general (r) Leonardo Barrero, quien ha negado cualquier relación con el grupo criminal. En este contexto también apareció mencionado el mayor general Wilson Neyhid Cháwez Mahecha, jefe de Operaciones Conjuntas, hoy quinto al mando en la jerarquía de las Fuerzas Militares. El alto oficial no se ha pronunciado sobre este caso.
La fiscal también aseguró que el mayor le entregó informes que daban cuenta de los vínculos por parte de militares activos del Batallón Batalla de Boyacá con la Cordillera que fueron claves para solicitar la captura de esos uniformados. La fiscal del caso, asimismo, desmintió que el hermano del mayor fuera el abogado de miembros de la Cordillera, pues, según el oficial denunciante, “personal de Contrainteligencia, luego de escudriñar mi historial laboral, quieren hacer creer que mi hermano es abogado de Matamba y sus hombres”, dice la denuncia del mayor de la inteligencia militar.
¿Qué dice el Ejército?
Sobre la seguridad del mayor denunciante, la Oficina de Prensa del Ejército le dijo a este diario que, de manera permanente, la institución realiza estudios de seguridad a su personal con el fin de identificar riesgos, especialmente para quienes se desempeñan en esta especialidad: inteligencia y desmantelamiento de grupos criminales. “El pasado mes de marzo se le realizó al mayor un estudio de seguridad personal, donde no informó de algún riesgo o sospecha de amenaza contra su integridad física ni la de su familia; tampoco allegó pruebas que permitieran iniciar la valoración del riesgo por parte de la institución o ponerla en conocimiento de la autoridad competente”, señaló el Ejército. Este diario solicitó esos estudios de riesgo del mayor, pero nunca fueron aportados.
En cuanto a los traslados que denuncia el mayor, la institución militar dice que lo que relata el uniformado no es verdad. “El oficial, luego de estar durante dos años en Nariño, fue trasladado en diciembre de 2020 con destino a una ciudad principal, siendo este un proceso normal en la fuerza en la administración del talento humano. Cumplido su ciclo en esa ciudad, es trasladado a inicios de 2022 a un departamento donde actualmente labora. En ninguna de esas tres unidades hizo referencia a que existiera algún riesgo para su seguridad o la de su familia”, señaló el Ejército en respuesta a El Espectador.
Por otra parte, señalaron que el Ejército ha estado en permanente coordinación con la Fiscalía, y una muestra, dice la institución militar, es que la operación que permitió la captura de integrantes de la red que hacían parte de la estructura de Matamba ha contado con su apoyo. “Prueba de ello es que los integrantes activos y retirados de la fuerza, judicializados, fueron capturados con el apoyo directo del Ejército, lo cual ha sido ampliamente corroborado de manera directa por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas”.
Y agregaron que la denuncia del mayor no señala de manera directa nombres de los supuestos oficiales que aún no han sido tocados por las autoridades y fueron aliados de Matamba. “Es importante resaltar que la institución continuará actuando con celeridad y en colaboración armónica con las autoridades competentes (Policía y Fiscalía) para coadyuvar en el proceso investigativo y en todos los requerimientos necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, puntualizó el Ejército en un comunicado.
Por David Escobar Moreno
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