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Una nueva tormenta política envuelve al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sumado a la suspensión por tres meses que la Procuraduría ordenó contra el canciller Álvaro Leyva —que aún no se hace efectiva, pues el funcionario sigue firmando actos administrativos y asistiendo a reuniones de primer nivel—, se revivió un decreto con el que la entidad autoriza la creación de nueve embajadas, 14 cargos de asesor, 10 de profesional especializado y 27 de auxiliar de misión diplomática, entre otros.
Aunque no es un documento nuevo, ya que el presidente, el canciller y hasta el Ministerio de Hacienda lo aprobaron el 7 de noviembre pasado, sí salió a relucir esta semana por cuenta de la decisión del Gobierno de entregarle una de esas nuevas embajadas, la que representará al país ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), al exsenador y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti.
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La polémica que rodea a este nombre —basta mencionar la financiación de la campaña Petro, caso por el cual Nicolás Petro hablará este miércoles ante la Comisión de Acusaciones— y la misma coyuntura de la Cancillería desataron las críticas de congresistas contra el decreto. Pero además, trajeron de vuelta el debate sobre el uso que este Gobierno le ha dado a los cargos del servicio diplomático.
“Siempre malgastando”, escribió en un trino la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. “El Gobierno gastando a sus anchas para que todos los amigos tengan puestos. Vamos mal”, dijo su copartidaria, la senadora Paloma Valencia. Por su parte, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, le pidió a la Cancillería justificar la creación de los cargos, los requisitos establecidos para ocuparlos y las funciones específicas que desempeñarán.
Así están los cargos diplomáticos en el Gobierno Petro
En campaña, el entonces candidato Petro prometió un “impulso de la carrera diplomática”, según dijo, con el fin de premiar el mérito y la experiencia. De hecho, habló de una fórmula que garantizara que el 50 % de los nombramientos fueran de funcionarios de carrera. Lo mismo aseguró el canciller Leyva en los primeros días de Gobierno, al descartar que dichos puestos fueran entregados a la “clase política”.
Sin embargo, según han denunciado los mismos sindicatos de la Cancillería, el compromiso se esfumó muy rápido. Con corte al 2023, de acuerdo con cifras de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), se habían realizado 55 nombramientos cuestionables, de personas sin los requisitos o “familiares de clanes políticos, candidatos quemados y representantes de los gremios más poderosos del país”. Por esta razón, ellos mismos denunciaron esos 55 casos.
A todo esto se suma que los sindicatos no han tenido una buena comunicación con el canciller Leyva, situación que no les ha permitido poner sobre la mesa este y otros problemas, como la falta de presupuesto en algunas oficinas consulares o la sobrecarga laboral de ciertos cargos.
En total, según Diplomacia Abierta, solo el 33,9 % de los embajadores jefes de misión han pasado por la carrera diplomática; es decir, 20 de los 59 que actualmente prestan sus servicios.
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La lista de nombramientos que han sido objeto de polémica, algunos por ser considerados cuota política, es larga. Solo en América Latina aparecen nombres como Álvaro Moisés Ninco Daza (México), Juan Manuel Corzo (Paraguay), Camilo Romero (Argentina) y León Fredy Muñoz (Nicaragua). El primero enfrenta una investigación por maltrato laboral en la Procuraduría y una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó tumbar su nombramiento por un error en el término de publicación de su hoja de vida. Ninco Daza apeló en segunda instancia.
Corzo es excongresista conservador y su nombramiento desempolvó algunas críticas que en el pasado le hicieron integrantes del Pacto Histórico. Romero y Muñoz, ambos de la Alianza Verde, son cuestionados por sus procesos en la Corte Suprema de Justicia. Este último, además, tuvo que explicar en la Cancillería por qué en una marcha en favor del régimen de Daniel Ortega.
Sectores de la oposición también han cuestionado el reencauche de otros funcionarios en embajadas, como es el caso de Roy Barreras (Reino Unido), Guillermo Reyes (Suecia) y Alfonso Prada (Francia). Por otra parte, a Ligia Margarita Quessep, la embajadora en Italia, la han criticado por su amistad con la primera dama, Verónica Alcocer.
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Un as bajo la mano en la pelea con el fiscal
Los nuevos cargos de la Cancillería llegan justo cuando el Gobierno enfrenta dos desafíos que el propio presidente Petro ha puesto en el primer orden de su agenda: la aprobación de las reformas en el Congreso y la puja por la elección de una nueva fiscal general, en medio de lo que el mandatario ha llamado una “ruptura institucional” para, según ha insistido, sacarlo de la Presidencia.
En primer lugar, los puestos le permitirían jugar con las demandas de algunos sectores políticos que reclaman participación en el Ejecutivo para acompañar las reformas, en particular las tres que empezarán a discutirse desde la próxima semana: laboral, pensional y de la salud.
Por otra parte, el decreto podría entenderse como una forma de fortalecer su estrategia de buscar apoyo internacional para enfrentar la confrontación con el saliente fiscal Francisco Barbosa, por la cual también ha pedido a sus simpatizantes salir a las calles, como ocurrirá este jueves, con la marcha convocada por el sindicato de maestros, Fecode.
Por ahora, queda claro que habrá nuevas embajadas en Rumania, República Checa, Etiopía y Senegal, además de la misión en la FAO, que a su vez comprueba que Benedetti, a pesar de los cuestionamientos, incluso de algunos funcionarios del Gobierno, sigue siendo valioso para Petro. En cuanto a la Cancillería, sus funcionarios aseguran que se mantiene la incertidumbre sobre el destino que se le dará a los nuevos cargos y, por supuesto, por el futuro de Álvaro Leyva en la entidad.
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