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Cientos de personas con camisetas blancas para indicar su pacifismo protestaron contra la minera china Zijin en la plaza de Buriticá el 9 de febrero de este año. Este municipio de 10.000 habitantes, situado en el departamento de Antioquia, ha vivido históricamente de la agricultura y de la minería informal. Ese día, como en ocasiones anteriores en los últimos dos años, sus habitantes mostraron su descontento con la empresa propietaria de una de las minas de oro más grandes y significativas de Colombia.
“No queremos que el Estado sea un papá que nos dé todo, queremos tener proyectos agrícolas y mineros”, dijo a El Espectador un minero informal que prefirió no decir su nombre, mientras estaba sentado, encadenado a una estatua de un indígena asesinado en la época colonial por negarse a revelarles a los españoles dónde estaba el oro. La estatua fue donada por los antiguos propietarios de la mina, la canadiense Continental Gold. Muchos residentes suelen utilizar los nombres de Zijin y Continental indistintamente para referirse a los propietarios de la mina.
Zijin compró el proyecto minero a Continental Gold a finales de 2019 por 3.6 billones de pesos (entre 900 y 1.000 millones de dólares en ese momento). Incluía una licencia para explotar oro en un área de 1.893,8 hectáreas durante 14 años. Bajo la dirección de Continental Gold, el proyecto se ganó los elogios por su alto nivel de compromiso con la comunidad y el apoyo prometido a los proyectos sociales locales.
Sin embargo, desde que comenzó la gestión de Zijin, se han producido tres protestas en el municipio. La primera fue en marzo de 2020, pocos días después de que comenzaran los cierres por Covid-19 en Colombia. La segunda fue en octubre de 2021, que terminó con la intervención del Esmad, los antidisturbios. La de febrero fue la tercera. Las diversas demandas en el municipio han entrado en tensión con las labores de la empresa china.
Acusaciones contra Zijin
El oro parece estar por todas partes en estos lugares. Según el Ministerio de Minas y Energía, el 77,45% de las 47,6 toneladas de oro producidas en el país provienen de Antioquia, principalmente de los municipios de Buriticá, Caucasia y El Bagre.
Un minero que trabajaba para Zijin dice que el primer paro se dio porque mientras todo el país entraba en confinamiento “y todo el mundo estaba encerrado, ellos [Zijin] estaban trabajando como si nada”. Esta protesta fue para exigir que respetaran la cuarentena”. También se queja de que no le renovaron el contrato por participar en las protestas. “Están metiendo más personal de China y no tienen en cuenta a la gente de la zona”, añadió el entrevistado, que pidió permanecer en el anonimato.
Otro minero informal entrevistado por El Espectador señaló que otro motivo de los paros es la falta de garantías de empleo y de apoyo de la multinacional a los proyectos en el municipio. En 2021, la tasa de desempleo en Buriticá era del 5,23% en comparación con el promedio nacional del 14,7%. Sin embargo, la tasa de informalidad del municipio, rico en oro, era del 79,6%.
En respuesta a estas acusaciones, Zijin dijo a El Espectador que mantuvieron su trabajo durante la pandemia “porque la actividad minera se enmarcó dentro de las excepciones decretadas en su momento por el gobierno nacional” y se aprobó un protocolo de bioseguridad que presentaron a las autoridades competentes. Permisos similares que posibilitaron la continuidad de las operaciones mineras fueron otorgados a empresas de países latinoamericanos como Perú y Ecuador durante los cierres de Covid-19.
En cuanto a los puestos de trabajo, la empresa señala que emplea a 3.885 trabajadores directos y contratistas. “El 63,7% del personal operativo y los aprendices son del municipio de Buriticá y del área de influencia de la mina”, afirmó Sergio Petro, jefe de asuntos públicos y director de sostenibilidad de Zijin en Colombia. Añadió que no hubo despidos por participar en las protestas y que sólo el 4,8% del personal de la empresa es de nacionalidad china, que “vino a Colombia a realizar tareas bien definidas que requieren experiencia específica”.
Para Carolina Urrego, especialista en relaciones internacionales entre Colombia y Asia que ha seguido el caso Zijin, “es muy común demonizar a las empresas por las actividades que realizan”, pero se pregunta: “¿realmente los gobiernos están estableciendo las reglas de juego en las que se les obliga a cumplir con estándares sociales y ambientales que respeten los derechos humanos? […] Cuidar de los ciudadanos es responsabilidad del Estado”.
Otro de los aspectos que más genera discordia, según los mineros entrevistados por El Espectador, algo que además contribuyó a los últimos paros, es que Zijin estaría comenzando a explorar las reservas de oro en el corregimiento de Guarco, al norte del pueblo de Buriticá. Allí se encuentra la reserva hídrica del municipio.
Al respecto, la empresa afirmó que sus actividades de exploración corresponden a uno de los títulos mineros otorgados por el Estado y que éstas “se realizan fuera de las áreas de importancia ambiental de este pueblo”. (Lea: Minería ilegal en el Amazonas: otro fenómeno que agudizó la pandemia)
David Berrío, concejal de Buriticá, dijo en entrevista para El Espectador que el problema es que el municipio tiene un plan de ordenamiento territorial muy antiguo, y que Guarco no está considerado dentro de la zona de reserva ambiental. Por esta razón, “pueden realizar exploraciones sin ningún problema”. Para evitar futuros daños, la alcaldía está haciendo gestiones para que Corantioquia (la Corporación Regional para el Desarrollo Sostenible de Antioquia) establezca la zona como área protegida.
¿Uso de la fuerza para acabar la minería informal?
Las entradas a las minas ilegales suelen estar cubiertas y camufladas para evitar ser vistas por el ejército o la policía. Lo que ocurre dentro es una esclavitud moderna. Decenas de personas trabajan de 8 a 12 horas al día, cargando sobre sus espaldas sacos más pesados que sus propios cuerpos. El trabajo está organizado por un capataz que obedece a grupos ilegales que pagan por el espacio y la mano de obra. Para combatir estas prácticas, el uso de la fuerza para reprimir la ilegalidad e informalidad ha sido muy común en Buriticá.
(Video: Ernst Udo Drawert / Diálogo Chino)
La minería ilegal y la informal se diferencian porque la primera está al margen de la ley (por ejemplo, la realizada por grupos armados ilegales), mientras que la minería informal es aquella que puede formalizarse mediante un marco legal. A menudo, un minero informal acaba trabajando para estructuras ilegales que se pelean entre sí por el negocio.
El concejal Berrío trabajó con la anterior administración del municipio (2016-19) y fue uno de los coordinadores de Creta, una operación militar destinada a acabar con la minería ilegal. Esta fue financiada por Continental Gold, que, según Berrío, invirtió alrededor de 20 millones de dólares entre 2016 y 2019, e involucró a unos 1.300 policías y más de 300 soldados. Se cerraron unas 300 minas. Pero el foco se ha desplazado otra vez a la minería informal. “Estimo que puede haber 150 o 200 minas”, puntualizó el concejal. “La informalidad y la ilegalidad no han desaparecido. Después de esta experiencia, uno se da cuenta de que la forma de atacar la minería informal es con voluntad, no con fuerza”. (Lea: Tras las huellas de gigantes: el rastro de Wallace)
Berrío agregó que mientras el Estado da garantías a las multinacionales para explotar las reservas, “no quiere reconocer a los mineros informales y los ataca y estigmatiza”. Dijo que cuando el Estado no tiene suficiente presencia, como en Buriticá, “todos los grupos armados organizados entran a dirimir asuntos que realmente deberían ser resueltos por el Estado”, confirmando el relato de uno de los mineros.
“Lo que hicieron [en la financiación de Creta] fue hacer viable el negocio para venderlo a los chinos”, sentenció Berrío.
A la espera de promesas
Otro de los motivos de las persistentes protestas es que del 4% del total de los beneficios de Zijin que paga en concepto de canon (regalías), sólo el 1% va a parar al municipio. En 2021, la empresa pagó más de 43.000 millones de pesos (unos 11 millones de dólares). Sin embargo, poco más de 430 millones de pesos (más de 100 mil dólares) fueron para Buriticá. Algunos buritiqueños, entre ellos el alcalde Luis Hernando Zapata, creen que esta cuota no corresponde a la cantidad de oro que se extrae en la tierra.
Otra manzana de la discordia es la promesa pendiente de apoyar al municipio con diferentes proyectos mineros. El alcalde Zapata añadió en entrevista que: “Continental Gold trajo una estrategia de inversión social, donde había información motivadora para el territorio, donde la expectativa del municipio era el empleo, los encadenamientos productivos, las iniciativas empresariales y la capacitación”. Sin embargo, según el alcalde, hasta ahora Zijin sólo ha apoyado proyectos de construcción de carreteras y reparaciones de infraestructura, como el techo de una iglesia. Además dijo que de nueve proyectos de formalización minera, sólo dos han sido exitosos.
Sergio Petro afirmó que Zijin ha pagado más de 33.000 millones de pesos (más de 8 millones de dólares) y ha invertido “más de 4.600 millones (casi 2 millones de dólares) en infraestructuras comunitarias”. Aseguró que la empresa tiene un programa de “formalización consolidada”. (Lea: El primer mapa de las vías más riesgosas para los animales en Colombia)
Para el Ministerio de Minas y Energía “[Colombia] ha definido como prioridad acelerar la diversificación de la producción de minerales para satisfacer las necesidades mundiales”. Para 2022, se espera que la producción de oro aumente “entre un 5% y un 10% con respecto al año anterior”, siguiendo una tendencia reciente.
Durante años, las empresas chinas han adaptado sus políticas sociales y medioambientales a las condiciones de los países de acogida. Sin embargo, puede haber indicios de que esto está cambiando. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), una estrategia global de desarrollo de infraestructuras lanzada por China en 2013, ha empezado a impulsar a las multinacionales chinas a aplicar controles medioambientales más estrictos a sus inversiones en el extranjero.
(Video: Ernst Udo Drawert / Diálogo Chino)
Zhang Jingjing, abogada ambientalista y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland (Estados Unidos), donde dirige el Proyecto de Responsabilidad Ambiental Transnacional, señaló a El Espectador que Zijin es una empresa minera con experiencia en inversiones en 12 países extranjeros. A pesar de ello, dijo, en Colombia “no ha sido capaz de manejar completamente la relación con la comunidad circundante”, y aunque puede tener autorización legal para emprender el proyecto, su “licencia social” está menos que asegurada.
*Los nombres de algunos entrevistados se han mantenido en el anonimato para proteger su identidad.
*Este informe se ha elaborado gracias a una colaboración entre Diálogo Chino y El Espectador.
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