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Este 7 de febrero, cuando se conmemoran 21 años de uno de los peores atentados ejecutados por la desaparecida guerrilla de las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer que llamará a rendir cuentas a la cúpula del extinto grupo ilegal para que responda ante la justicia por uno de los crímenes de guerra más emblemáticos del conflicto armado. Se trata del atentado contra el Club El Nogal, perpetrado en el norte de Bogotá y que dejó 33 muertos y más de 200 heridos, en 2003. La JEP comunicó que el próximo 12 y 13 de agosto, los ahora líderes del Partido Comunes tendrán que rendir versión voluntaria de aporte a la verdad sobre este grave hecho criminal que hoy aún tiene episodios por aclarar.
Este diario conoció que la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la JEP citará a su despacho en Bogotá, curiosamente 15 cuadras al sur del atentado, a integrantes del antiguo secretariado de las FARC, entre otros: Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko), Joaquin Gómez, Fabián Ramírez Cabrera y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), quien a propósito coordinaba la red urbana de la guerrilla en la capital del país. El caso de El Nogal en la JEP es parte del macrocaso 10, el penúltimo abierto por esta justicia nacida del Acuerdo de Paz y que tiene como propósito investigar homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y violencia sexual cometidos por las FARC como patrón de control social y territorial.
Hasta el momento, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha recibido 23 solicitudes de acreditación de víctimas, en los que hay socios y trabajadores del club, que pretenden tener acceso a las audiencias y hacer valer sus peticiones ante los estrados de esta justicia transicional. Además, para sacar adelante este expediente, la Fiscalía se basó en los informes entregados por la Fiscalía a esa jurisdicción, así como otro elaborado por las propias víctimas del bombazo llamado “Los que quedamos debemos ayudar a trascender”. Este mismo grupo de afectados también ha tenido que abrirse paso en la jurisdicción para que procesen a los jefes de las FARC por este grave hecho que todavía enluta al país por su magnitud.
Las víctimas de El Nogal recurrieron a mecanismos judiciales, entre ellos una tutela radicada en 2022, para pedirle a la JEP que incluyera el atentado en un macrocaso. La acción judicial, que fue fallada a su favor en 2022, señalaba que “en el presente caso es posible apreciar una clara omisión por parte de la autoridad accionada (la JEP), en los términos de la norma inmediatamente anterior, toda vez que esta ha omitido su deber de dar pronta respuesta de fondo a la petición elevada, configurando así una abierta vulneración al derecho de petición y al debido proceso”. Es decir, básicamente, en agosto de ese año la JEP abrió a regañadientes el macrocaso 10 tras el fallo judicial, tal como lo admitió la JEP públicamente.
De acuerdo con el documento que ordenó citar al secretariado de las FARC, “la versión voluntaria se realizará en una jornada colectiva con la cual se espera que en el primer día todos los comparecientes convocados puedan aportar la información concerniente a la planeación y ejecución del atentado contra el Club El Nogal (…) la Subsala espera puedan abordar ampliamente todas las circunstancias y elementos de relevancia para esclarecer la responsabilidad de las FARC-EP en este hecho (…) y al día siguiente las víctimas y demás intervinientes puedan realizar las preguntas de seguimiento correspondientes. En todo caso, las fechas señaladas podrán modificarse por las magistradas, si hay circunstancias que lo ameriten”.
El gran ausente entre los citados es Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, cabeza de la columna móvil Teófilo Forero, estructura élite que ejecutó el atentado y que se presume muerto desde diciembre de 2021. Fuentes de inteligencia militar han dicho que el líder criminal fue asesinado en territorio venezolano en medio de una vendetta mafiosa de las disidencias de las FARC. En 2019, el Paisa, junto con otros antiguos líderes de las FARC como Iván Márquez, Romaña y Jesús Santrich, retomaron las armas y traicionaron el compromiso de paz que habían adquirido con el Estado colombiano. Ante la ausencia del Paisa fueron citados dos de sus subordinados: José Edwin Aldana y Jaime Tapiro García, tercero al mando de la Teófilo Forero.
Un atentado sin precedentes
El 7 de febrero de 2003, siendo las 8:15 p.m., guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero y del bloque Oriental de las FARC detonaron una bomba en el parqueadero del reconocido club de la capital. Se trató, en su momento, del mayor atentado con explosivos atribuido a un grupo armado, de acuerdo con la Comisión de la Verdad. La magnitud humana del atentado ha perdurado en el tiempo gracias al trabajo de liderazgos como el de Bertha Lucía Fríes, quien ha buscado dejar viva la memoria de los 27 muertos y las más de 200 personas heridas.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, justamente 2003 fue el año con más muertes de civiles en la historia de Colombia, después de 1989, considerado el de mayor terror por parte del cartel de Medellín. De acuerdo con lo que ha escudriñado la justicia, las motivaciones de las FARC, en este tipo de atentados con explosivos, estaban basadas en la idea de que se podía afectar a personas consideradas aliadas de grupos paramilitares. Buscaban castigar a los supuestos colaboradores de sus adversarios y, al tiempo, mandar mensajes al resto de la población civil sobre lo que les esperaba.
“Algunas de las víctimas y los propios excombatientes de las FARC-EP han justificado el atentado con el argumento, sin pruebas hasta el momento en el que se produce este informe, de que algunos funcionarios del Gobierno se reunían allí con los jefes paramilitares. Sin embargo, aunque esto fuera cierto, no justifica una acción terrorista indiscriminada de esta magnitud y, de hecho, resulta ofensivo con las víctimas, que rechazan esta versión”, señaló la Comisión de la Verdad en su libro “Hasta la guerra tiene límites, de 2022.
En un fallo de 2018, el Consejo de Estado condenó a la nación, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, al extinto DAS y a los ministerios de Defensa, Interior y de Justicia por las muertes y lesiones en El Nogal. La alta corte consideró que las entidades expusieron a la población civil, dado que utilizaban las instalaciones del club con fines institucionales. Asimismo, dado el Estado de conmoción decretado y la difícil situación de orden público, se esperaba de estas autoridades que extremaran las medidas para garantizar la seguridad y protección de los civiles.
¿Qué viene en el caso?
Mientras el calendario marca la tercera semana de agosto, la JEP señaló que, desde ya, la Secretaría Ejecutiva de la JEP y los despachos relatores del Caso No. 10 adelantarán todas las gestiones necesarias para priorizar el proceso de acreditación de víctimas del atentado al Club El Nogal. “Así mismo, es importante precisar que la convocatoria a estas versiones voluntarias se realiza con suficiente antelación, de tal manera que se puedan garantizar la acreditación y posterior participación de las víctimas en la diligencia de versiones voluntarias”, dice la Sala de Reconocimiento. Además, no cerró la puerta a que más miembros de las FARC sean llamados a declarar y que entreguen detalles sobre este atroz crimen ordenado por la cúpula guerrillera.
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