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Cuando el presidente Gustavo Petro salió el pasado 1° de mayo con un saco rojo para desenvainar la espada de Simón Bolívar –como un acto simbólico que motivara a sus bases para ponerse en pie de lucha electoral–, la Casa de Nariño ya venía tejiendo sigilosamente una fina estrategia para que el país entrara de lleno en un debate sobre si es el momento o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Ese día, con un verbo duro hacia todo aquel que se erija como su contradictor y rodeado de varios de sus funcionarios y familiares que portaban réplicas de la llamada “bandera de guerra a muerte de Bolívar” –que tiene un fondo rojo, un rombo blanco y en la mitad lleva un cuadro negro–, Petro les dijo a sus militantes reunidos en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que la reelección del progresismo aupada en la defensa de las reformas y otras iniciativas que han tenido polémica en el Congreso debe tener un altísimo componente de movilización.
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Si bien esa puesta en escena para el Día del Trabajo llevó a la oposición a recordar momentos y frases similares a las del fallecido Hugo Chávez, quien instauró el actual régimen autoritario de Venezuela, el oficialismo defendió todo lo sucedido aquel jueves al asegurar que el supuesto “bloqueo institucional” del que señalan a las ramas Legislativa y Judicial tenía que ser contrarrestado con una línea de defensa que comenzara con el constituyente primario. De ahí surge la expresión constante de “pueblo” que caracteriza al jefe de Estado y a su gabinete.
Exactamente 41 días después de ese plazoletazo, el propio presidente Petro publicó una foto en sus redes para anunciar que echaba a andar la consulta popular vía decreto para presionar el avance de la reforma laboral y notificar que estaba listo a dar la pelea por su cirugía al sistema de salud, que aún está pendiente de surtir tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. En la imagen divulgada por el mandatario también tenía un lugar específico de visibilidad la “bandera de guerra a muerte de Bolívar”.
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Ahora este viernes, luego de consolidar su propósito en torno a que las plenarias de Cámara y Senado avalaran la reforma laboral como la quería su Gobierno, dijo que cumpliría con su palabra de derogar el decretazo –que en todo caso suspendió previamente el Consejo de Estado– y, de paso, confirmó lo que tácitamente se planteó el día en que con guantes blancos desenfundó la espada de Bolívar: reformar a fondo la Constitución de 1991.
“Será entregada una papeleta para convocar la Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, aseguró en sus redes. Unos días antes ya había dicho que por ahora no le interesaba la reelección de la que cada tanto hablan sus bases, pero que no descartaba postularse como constituyente si el país daba el paso hacia un escenario de reconstrucción de la Carta Política.
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Todos estos movimientos no son aislados. Aunque dentro del mismo círculo palaciego se llegó a considerar poner en pausa por unos días cada paso debido al ataque sicarial que se perpetró el pasado 7 de junio, en Bogotá, contra el precandidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, hubo dos personas de su centro de poder que le insistieron en seguir.
En efecto, los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Eduardo Montealegre –los cerebros del decretazo y de la ruta política y jurídica que se quiere pavimentar para la constituyente–, han dedicado varias reuniones y consultas, tanto privadas como informales, para buscar cómo implementar el artículo 374 de la Constitución y promover en año electoral las modificaciones constitucionales vía urnas.
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Es una jugada a varias bandas que incluye la redacción de una pregunta que comenzará a ser socializada en cuestión de días y que se incluiría en lo que se bautizó como “octava papeleta”. Cuando esté lista, se procederá a consultar con autoridades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) si es viable llevarla a las urnas en un tarjetón que tendría que elaborar la Registraduría. La intención es que se entregue en los comicios del 8 de marzo, cuando se renueva el Congreso, o si es el caso en los del 31 de mayo, día en que se vota por el sucesor de Petro en el solio de Bolívar.
Cualquiera que sea el camino se termina presionando a dos entidades que deben ser garantes para las elecciones de 2026 y con las cuales la primera administración de izquierda tiene duros choques. Al registrador Hernán Penagos ya lo señalaron de supuesta “sedición” por no tramitar de forma inmediata el decreto de consulta popular y en su lugar pedir conceptos de las altas cortes por su viabilidad jurídica, y al CNE lo acusan de una presunta persecución al mandatario por investigar las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la campaña de 2022 del presidente Petro por aparente violación de topes electorales.
Movilización absoluta
Todo esto encaja con la línea de graduarlos de “enemigos del pueblo” que, como lo ha venido contando este diario en las dos más recientes ediciones dominicales, es el objetivo de defensa discursivo que se acordó ejecutar en las constantes reuniones de gabinete y con miembros de la bancada petrista del Congreso, que son citados al menos una vez a la semana a la Casa de Nariño.
Y por eso también es que llegó el polémico pastor Alfredo Saade a la jefatura de Despacho, pues es quien con más fuerza viene promoviendo que haya una constituyente y que incluso, además de la reelección inmediata de Petro, se cierre el Congreso y se unifiquen las cortes. El mandatario no se ha desmarcado explícitamente de estas propuestas, por lo que contradictores como la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) o la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) –y por supuesto varios precandidatos que aspiran a sucederlo– han calificado su llegada como una confirmación “del impulso dictatorial” del mandatario. Esto, por supuesto, es enfáticamente rechazado por el Ejecutivo.
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“La idea siempre ha estado sobre la mesa, porque el malestar que hay actualmente en el país no lo reconoce la Constitución de ahora”, le confirmó a El Espectador el ministro Benedetti sobre cómo se viene tejiendo la “octava papeleta” para una constituyente.
Y aunque estos pasos serán revestidos de una alta carga de movilización, en parte financiada y respaldada por la Casa de Nariño para garantizar masividad, como precisamente se vio este sábado en Medellín, lo cierto es que el camino jurídico no es sencillo. La razón es que la Constitución de 1991 estableció mecanismos muy claros tanto para reformar su contenido como para convocar a una constituyente y en ningún lado –ni siquiera en desarrollos normativos posteriores– se habla de “papeleta”. Por eso, la intención es muy simbólica y en el fondo electoral.
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Lo sucedido a finales de los años 80 y comienzos de los 90 con la “séptima papeleta” era distinto y tuvo su origen en la movilización social y estudiantil, y la Carta Política en ese entonces vigente, la de 1886, no tenía las salvaguardas que actualmente existen, Y además, si se diera el hipotético caso de que surtir todos los pasos –proyecto en el Congreso así nazca de la recolección de firmas, aval de la Corte Constitucional y llamado a urnas– se deberían conseguir más de 13 millones de votos para que sea vinculante.
“El presidente está acostumbrado a hacerles atajos a la Constitución y a las leyes, como con el decretazo exabrupto que suspendió el Consejo de Estado. La Constitución es clara y dice que tiene que pasar la convocatoria por el Congreso, de manera que no veo viable la posibilidad porque no se le puede hacer un atajo a la democracia y al Congreso”, aseguró ante este panorama el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien se ha convertido en uno de los más férreos opositores de la actual administración.
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La incógnita que queda y que es atravesada por cómo se desarrollen y exploten electoralmente estas nuevas vías constituyentes, que son un mensaje directo a las bases del petrismo para que mantengan la movilización callejera de cara a la disputa por el poder que se dará vía urnas en 2026, es cómo será el diálogo institucional en el corto y mediano plazo.
Lo que hace el jefe de Estado termina siendo una especie de salto y presión de las decisiones contrarias a sus intereses que se toman en las otras dos ramas del poder público, según el relato de la oposición, lo que dificulta que se tiendan puentes de entendimiento en medio de la polarización que permea el debate actual.
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Por ahora, como se lo confirmaron a este diario varias fuentes del entorno del mandatario, el país verá a un Petro cada vez más asentado en las calles y con un verbo mucho más fuerte de movilización. La apuesta, al menos, es no reducir las 47 curules que logró el Pacto Histórico en Senado y Cámara –para eso se trabaja en la unidad de la izquierda en una sola colectividad– , y capitalizar ese 30 % del electorado que en promedio (de acuerdo con las mediciones de Invamer) le es fiel al actual jefe de Estado; el reto está en encontrar heredero.
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