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Las elecciones presidenciales de 1970 y de 1990 fueron muy peligrosas pero por razones distintas. Y recordar esos momentos críticos es útil para comprender la gravedad de la actual coyuntura.
En 1970, el gobierno Lleras se parcializó a favor del candidato Pastrana y por ello fue regañado por el entonces procurador Aramburo, en épocas en que los procuradores no eran descabellados sino independientes. Esta parcialidad gubernamental fue tan grave que aún existen sospechas fundadas de fraude, lo cual alimentó la violencia política en la siguiente década. Al fin y al cabo, el M-19 nació por esa percepción extendida de que hubo fraude en esa disputada elección. Pero al menos en 1970 la violencia era aún baja y no hubo amenazas creíbles de atentados.
Las elecciones de 1990 fueron riesgosas por la intensidad de la violencia de esos años y los terribles magnicidios, que cegaron la vida de tres candidatos presidenciales (Galán, Jaramillo y Pizarro), a lo cual habría que sumar el exterminio en marcha de la Unión Patriótica, las masacres en el campo y los atentados dinamiteros en las ciudades. Pero al menos en 1990 el gobierno Barco se abstuvo de intervenir en política y no mostró parcialidad hacia ningún candidato.
Estas elecciones de 2022 parecen combinar los peores rasgos de esas dos peligrosas elecciones pues tenemos un gobierno parcializado, como en 1970, en un contexto de violencia creciente, como en 1990.
De un lado, la violencia se ha agravado considerablemente, como lo muestran muchos indicadores: incremento de los homicidios y de la capacidad de violencia de los actores armados, centenares de líderes sociales y excombatientes asesinados y muy graves amenazas contra Gustavo Petro. Aunque afortunadamente no estamos en los niveles de 1990, la situación se le empieza a parecer pues la violencia es cada vez más grave, al punto de que un atentado no está excluido.
De otro lado, nunca, desde 1970, un gobierno había mostrado tal parcialidad en contra del candidato de la oposición como lo han hecho Duque y sus aliados. Cuatro ejemplos: i) la burda suspensión de la ley de garantías para usar la contratación pública para favorecer ciertos candidatos; ii) la evidente intervención electoral del presidente y varios de sus ministros, por sus declaraciones reiteradas contra las propuestas del Pacto Histórico; iii) el beneplácito del presidente frente a la obvia intervención en política del comandante del Ejército; y iv) el alineamiento de la Fiscalía y los organismos de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría) con el gobierno, por lo cual ninguna de esas instituciones ofrece garantías a la oposición.
Esta combinación es ya gravísima. Pero la situación es aún peor pues debemos sumarle dos cosas más: i) la incompetencia del registrador, cuyos errores monumentales y falta de transparencia han alimentado narrativas de fraude; ii) y la aguda polarización entre el candidato de los afectos gubernamentales (Gutiérrez) y el líder de la oposición (Petro).
Por todo lo anterior, y sin afán tremendista, creo que estas elecciones presidenciales son las más peligrosas de nuestras últimas seis décadas. Si no queremos que terminen en tragedia o en una ruptura democrática, que parecía impensable en Colombia, es necesario que en estos días y semanas ciertos actores influyentes, como los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las iglesias, la comunidad internacional o los sindicatos, expresen inequívocamente su compromiso democrático y que harán respetar el resultado electoral, sea éste el que sea. Y que exijamos de los candidatos y del gobierno declaraciones inequívocas que respetarán esos resultados. De eso depende en parte el futuro de nuestra democracia.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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