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“El cargo que para entonces ostentaba el condenado, sin duda alguna corresponde al más alto en la estructura departamental, por lo que puede afirmarse sin equívoco que ocupaba un lugar privilegiado en la sociedad y en esa medida un reconocimiento social, además de demandarle una mayor exigencia en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como administrador y ordenador del gasto, así como el acatamiento de la Constitución y las normas de contratación estatal, lo cual explica que los delitos cometidos se consideren graves”. Este es uno de los argumentos con los que la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años de cárcel a uno de los políticos más importantes del sur occidente colombiano.
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Se trata de Juan Carlos Abadía, el exgobernador del Valle del Cauca, quien hace 15 años se ungía como el heredero del poder político de su padre, el excongresista Carlos Herney Abadía, condenado por el escándalo del proceso 8.000. Abadía, quien fue capturado en la mañana de este miércoles, termina siendo encarcelado por ser la cabeza de una asociación ilícita, conformada por algunos de sus subordinados durante su paso por la gobernación, entre 2008 y 2010. De acuerdo con la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, Abadía suscribió de manera irregular un contrato por más de $1.000 millones para dotar a más de 40 bibliotecas del departamento.
Para la Corte, Abadía, se pasó por delante las reglas de contratación pública colombiana: además de entregar el millonario convenio a dedo, “no se elaboraron estudios previos serios y completos porque no se identificaron las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendían satisfacer con la suscripción del convenio y, el valor estimado del mismo no estuvo soportado en un verdadero estudio de precios del mercado, lo que generó sobrecostos”. Abadía no es el primer condenado por estos hechos, ya que otro juzgado ya condenó a su secretario de gobierno y a los tres contratistas que se beneficiaron del espurio contrato con dineros de los contribuyentes.
La Corte le atribuyó a Abadía una coparticipación criminal “que también se demostró, ya que en la celebración del convenio participó el secretario de educación departamental, Eiber Gustavo Navarro Piedrahíta y como intervinientes los representantes legales de la Fundación Calimío, Ediciones Alfa & Omega y La Clave del Saber, Luz Delly Martínez Collazos, Luz Piedad Hurtado Cardona y José Antonio Rodríguez Molina, condenados por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali por estos hechos”. Para la Sala de Primera Instancia, los agravantes de las andanzas del exgobernador tuvieron mucho más peso a la hora de calcular su pena, que el hecho de que su carpeta de antecedentes penales estaba en blanco.
Las razones que esgrimió el magistrado Ariel Torres, ponente del caso, es que tienen mayor peso los delitos por los que se le condenan, sobre todo, porque privó de tener acceso a la educación a la comunidad estudiantil de zonas rurales y urbanas de los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Riofrio, Trujillo, Bolívar, San Pedro, Yotoco, Vijes, La Victoria y Toro. “Abadía atentó contra el Estado que representaba y causó así un grave perjuicio a la comunidad, especialmente en este caso, a los alumnos y profesores que lógicamente se vieron privados de esos recursos, los que, de haber sido administrados conforme a los principios constitucionales, podrían haber garantizado el acceso a la educación”, señaló el alto tribunal.
La Sala fue más allá y aseguró que Abadía era plenamente consciente de que estaba cometiendo delitos y que iba a obtener provecho de sus acciones. “Es evidente que su comportamiento resulta reprochable porque actuó con conciencia de su ilegalidad. Se probó que Abadía es una persona adulta, con formación académica y que para la época de los hechos reportaba algo más de dos años al frente de la Gobernación del Valle, por lo que se infiere sin dificultad que podía comprender la ilegalidad del comportamiento que estaba llevando a cabo (…) Optó de manera voluntaria por apartarse y contrariar la ley colombiana mediante la apropiación de recursos públicos”, señala el fallo de 178 páginas.
Deuda pendiente con la justicia
Este expediente en el que salió condenado Abadía, dice la Fiscalía, fue el que quiso frenar también de manera corrupta, a través de una estructura criminal en la cúpula de la justicia conocida como el cartel de la toga. El ente investigador tiene la hipótesis de que el exgobernador entregó $400 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para que frenara el proceso por el que ahora salió condenado. En esta investigación judicial, en la que también es procesado el exmagistrado Francisco Ricaurte por su papel de intermediario con el despacho del magistrado Gustavo Malo, la Fiscalía tiene en juicio al hoy condenado Abadía. Así las cosas, al exgobernador le espera otro tiempo entre los pasillos del alto tribunal.
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