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Lo que en 2015 eran alojamientos ubicados entre casas fiscales y la iglesia del Cantón Norte del Ejército, en el norte de Bogotá, hoy en día es un centro comercial de dos pisos que, según una denuncia que reposa en la Fiscalía, la institución castrense aún está debiendo. Las pruebas dan cuenta que su construcción, pese a que ya había una infraestructura inicial, con materiales y mano de obra incluida, valió $435 millones. Esa es una cuenta que no parece estar en el radar del Ejército, pero que sí le está pasando factura, y no precisamente económica, a cuatro oficiales entre activos y en retiro: están denunciados ante la justicia por el delito de estafa.
Se trata del general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, entonces comandante de la Brigada 13; los coroneles William Tapias y Manuel Arias, y el mayor (r) Nixon Pavón. El meollo del asunto empezó cuando el Ejército tuvo la intención de adecuar unos alojamientos para un sector comercial. Esa iniciativa quedó materializada, según la denuncia, por la intervención de Fabiola Rodríguez, dueña y representante legal de la ferretería Ferroeléctricos FRM, quien suministró los materiales y el dinero para la mano de obra. Rodríguez, quien en diálogo con este diario dijo haberse echado al hombro esa responsabilidad, ha contratado con el Ejército hace 14 años.
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En 2016, Rodríguez y el Ejército celebraron el contrato 337 que tenía como fin suministrar materiales de construcción para al menos 28 unidades militares y su valor ascendió a los $544 millones. En el documento, nada se dijo de la famosa adecuación para el sector comercial. Aunque, según Rodríguez se habló de una adición a ese contrato, nunca se firmó. Sin embargo, a la dueña de la ferretería se le autorizó empezar a suministrar los materiales sin siquiera tener un anticipo de por medio. Al Cantón Norte llegaban encomiendas desde tornillos, pisos de cerámica, cemento, tubos y arena hasta medidores de luz. Ella, confiando en sus 14 años de negocios y con la palabra de los uniformados, no le vio mayor problema.
Lo que reposa en la denuncia es que los materiales, así como algún dinero en efectivo para pagar la mano de obra, era recibido por el mayor (r) Pavón. De hecho, la mayoría de las remisiones y facturas que tiene como prueba Rodríguez y, ahora la Fiscalía, tienen la firma de recibido del oficial. Sin sospecha de que el Ejército le iba a incumplir, Rodríguez avanzó con la obra. Se endeudó con bancos y personas cercanas. El monto que alcanzó a pagar para cumplirle a la institución llegó a superar los $22 millones mensuales. La obra finalmente culminó, pero el dinero de la ferretera nunca apareció. Duró dándoles chance para que le pagaran durante casi seis años.
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Presentó más de tres derechos de petición en donde solicitó el pago de su trabajo. Le escribió a altos mandos militares tratando de buscar una solución a lo que, a su juicio, le agobiaba y le afectaba su empresa, su familia y su salud mental y física. En una comunicación dirigida al general (r) Carlos Iván Moreno Ojeda, quien asumió el mando del Ejército una vez el también general (r) Eduardo Zapateiro dejó su cargo en junio del año pasado, le explicaba que no era “justo” que la Brigada 13 se lucrara del patrimonio de su familia que le costó conseguir con bastante esfuerzo, pues, además, le exponía que es madre cabeza de hogar.
Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma: que el contrato sobre el que estaba reclamando ya se había liquidado sin novedad. Incluso, en más de una ocasión, visitó el Cantón Norte y, según su versión, habló con varios oficiales que conocían el caso. Muchos le decían que “les diera espera” porque pronto le girarían si quiera parte del dinero. El tiempo para poner una demanda administrativa pasó y, sin mucho qué perder, decidió llegar a instancias judiciales.
El documento, que hoy en día se encuentra en poder de un fiscal en etapa de indagación, resalta que a Rodríguez nunca se le pagó por el dinero que suministró para pagar la mano de obra de los maestros, tampoco el material que sacó de su ferretería, ni mucho menos las facturas que desde otros establecimientos comerciales se pagaron con dinero de la mujer. Reitera que, además de que no se firmó una adición del contrato inicial, nunca la llamaron para liquidar el primer negocio que tenía por objeto otra finalidad diferente a la de la adecuación del sector comercial en el Cantón.
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Rodríguez se está jugando el todo por el todo ante la justicia. Resalta que el dinero que ahora le debe el Ejército supera los $1.500 millones. Dice que ella tiene cómo soportar que su versión es la verdadera y que su “plata está enterrada” en el centro comercial que el Ejército se ha negado a reconocer a través de los derechos de petición que ella presentó años atrás. El Espectador, a través del mismo medio, le pidió a la institución castrense información sobre el contrato de obra, la convocatoria de la licitación, la liquidación del contrato y hasta imágenes del antes y del después de la reconstrucción de los alojamientos.
En una escueta respuesta de dos páginas, el Ejército explicó que la construcción ya existía (lo que es cierto, pues ahí funcionaban unos alojamientos). Sobre las adecuaciones que se hicieron en el sector comercial, el Ejército contestó que las realizaron los establecimientos comerciales que existen en la actualidad y del cual pagan un arriendo. Tanto la postura de Rodríguez como la del Ejército ya están en poder del fiscal del caso quien debe entrar a indagar si los oficiales activos y en retiro estuvieron inmersos en una situación irregular.
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El expediente que está en poder de un fiscal desde el pasado 29 de abril de 2022 promete moverse durante este semestre. Además de analizar las pruebas que son extensas, debe revisar la competencia para investigar al general retirado que fue cuestionado cuando obtuvo ascenso a general porque, bajo su mando del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, entre 2005 y 2006, ocurrieron ejecuciones extrajudiciales en los municipios de Agustín Codazzi y Manaure Balcón del Cesar, en el Cesar, y en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira. En 2021, trascendió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo llamó a rendir versión voluntaria.
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