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Salvatore Mancuso Gómez regresó a una tierra donde su nombre solo significa una cosa: muerte. Luego de casi dos décadas, el exjefe paramilitar volvió al lugar que lo vio nacer, en Montería (Córdoba), donde creció como un ciudadano más y se crió en la ganadería, hasta hacerse profesional en ingeniería civil y administración agropecuaria. Su historia de vida data que las asfixiantes extorsiones del Ejército Popular de Liberación (EPL) lo llevaron a agrupar paramilitares, que luego fueron reclutados en la casa Castaño para engrosar las Autodefensas en los noventas. Desde allí, organizó la expansión de los paras por el norte y oriente del país. En su Córdoba natal, además, Mancuso era autoridad de facto, y su legado se mide en al menos 25 masacres, 2.485 asesinatos y 1.189 desaparecidos, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora, tras ser extraditado a Estados Unidos y pagar una condena de 18 años por narcotráfico, Mancuso regresó a su pueblo. El gobierno de Gustavo Petro lo invitó y, de hecho, lo hizo protagonista de, en sus cuentas, la “entrega de tierras más grande de la historia del país”.
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El calor es asfixiante. Tanto que las más de 3.000 personas en el Coliseo Miguel “Happy” Lora, de Montería, usan cualquier objeto al alcance para darse aire, distinguidos por los colores de las camisetas de sus respectivas organizaciones sociales. Vienen de pueblos cercanos y lejanos de la capital cordobesa, seducidos por la promesa gubernamental de una entrega masiva de tierras en el marco de la reforma Agraria y Rural, que busca darle a campesinos y víctimas de la guerra terrenos propios y para dotar de alimentos al país. Según informaron la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quienes se asociaron para la ocasión, este 3 de octubre se entregaron oficialmente 14 predios en 7.916 hectáreas, en un convenio que llegará a las 18.000 durante el mes. Ante semejante promesa y, por tanto, responsabilidad, los seguidores gritan “Petro, amigo, el pueblo está contigo”. El presidente, en respuesta, se comprometió a “continuar el proceso con los ex jefes paramilitares” que quedó mal hecho, dice, en el gobierno Álvaro Uribe.
Mancuso tuvo su intervención cuando caía la tarde. Bajo la mirada atenta de sus hombres de seguridad y de efectivos de la Policía Nacional, subió al atril ante las miradas curiosas de la comunidad. Unos rechiflan y otros, simplemente, lo putean. “Fui uno de los máximos comandantes de las Autodefensas, responsable de la tragedia humanitaria que padeció este departamento. Aquí estamos a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, del dolor y las heridas aun abiertas, convocados en un objetivo en común: la restitución de los derechos de las víctimas y para parar la guerra y lograr la paz. Asumo la responsabilidad que me corresponde. Con estas entregas se dignifica a las comunidades rurales, que tanto castigamos injustamente en el conflicto armado”, dijo el otrora jefe paramilitar. Casi la totalidad del coliseo lo aplaudió. Seguido de ello, él y el presidente Gustavo Petro se saludaron e intercambiaron tradicionales sombreros vueltiaos.
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Adriana* es una campesina que vive en Tierralta. Desea guardar su nombre, pues su compañero de vida fue asesinado por orden de Mancuso en el 2.000 y porque ella, como buena cordobesa de raíz, sabe detalles que solo el campesinado podría contar. Entre esos recuerdos, dice la fuente, cuando Mancuso caminaba casi de la mano con el exalcalde de Tierralta, José de los Santos Negrete, quien fue el único exonerado de responsabilidad penal, y de hecho indemnizado, tras ser acusado por pertenecer al Pacto de Ralito: aquel acuerdo entre paramilitares y políticos, firmado en 2001, para llevar las ideas de las Autodefensas al Congreso y, en sí, el punto de origen de la parapolítica. “Les causó un daño impresionante a mis hijos. Yo oro por él. Para mí es mejor perdonar y rencor no hay en mi corazón. Además, yo no estoy aquí por Mancuso, estoy aquí porque no tengo la casita”, dijo Adriana.
Las tierras que entregó el gobierno están ubicadas en los municipios de Buenavista y San José de Uré, y en el pasado pertenecieron a exjefes paramilitares como Ramiro “Cuco” Vanoy y Carlos Mario Jimenez, “Macaco”. Los bienes fueron despojados a personas, en su mayoría, tildadas de guerrilleras falsamente por los paramilitares y para labrar el terreno de las rutas del narcotráfico. Según le dijo Vanoy al sistema de Justicia y Paz, entre 1996 y 2004, Mancuso le procesó por lo menos 30 toneladas de base de coca. Esa carrera por la tierra la recuerda bien Arturo*, quien sigue arraigado a Valencia, Córdoba, contra todo y todos. “Yo recuerdo ver muertos tres veces al día. No dejamos ese pueblo solo por las tierras, resistimos, pero la mayoría de gente se salió. Para mí es muy bien que Mancuso esté al lado de reparar las víctimas, porque él fue autor material. Y que venga y se ponga al frente y venga a ver los bienes que le entregó a la justicia. Averigüen bien quién los tiene ahora, porque son unos bandidos. Solo eso le puedo decir”, dijo.
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De ese tipo de afirmaciones se desprenden denuncias públicas, como la del director de la ANT, Felipe Harman, quien esta semana explicó que, tras el proceso de recuperación de algunos de los terrenos a entregar, se dieron cuenta de una situación al menos llamativa: 5.000 hectáreas, de cinco fincas devueltas por Macaco a las víctimas, terminaron en manos del actual concejal del Partido de la U de Buenavista (Córdoba), David Jorge Márquez. Justamente, una campesina de ese municipio, cuyo nombre debe ser omitido, también por seguridad, pide que víctimas como ella sean quienes al final se queden con las tierras otorgadas por el gobierno. Ella lo logró y está acá, no para exigir, sino para celebrar. “Yo he sido víctima dos veces del conflicto armado, cuando asesinaron a mi padre y luego a mi hermano. He sido desplazada también. Mancuso lo que tiene que hacer es pedirnos perdón a las víctimas. No le doy mi nombre porque vivo en Buenavista”, señaló.
Como lo señala el Centro Nacional de Memoria, las historias antes contadas son, con todo lo que eso significa, responsabilidad de la persona que hoy tienen al frente. “Debido al contundente control militar de la población y el territorio en Córdoba que logró Mancuso entre 1995 y 2005, es posible atribuírsele mucha de la violencia letal del conflicto armado en ese departamento a la actuación de la Compañía Córdoba de las Autodefensas de Córdoba y Urabá y del Bloque Córdoba de las AUC”, señalan los registros de la institución. Y eso, sin contar su participación en las víctimas que el paramilitarismo dejó en todo el país, cuyo número asciende a 205.028. Pero, el presente de Mancuso, parece apuntar a ayudar cuanto más pueda a saldar sus pecados. Es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y fue nombrado por el presidente Petro como gestor de paz, lo que le permite colaborar con las autoridades de justicia para la búsqueda de cuerpos y el historial judicial de sus crímenes.
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Ahora, entre las dudas que quedan está si el Estado está en capacidad de garantizar la seguridad de los beneficiarios. En palabras de Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, “ya se articuló trabajo con Policía y Ejército”. Pero pobladores, que tienen información mucho más profunda que cualquier funcionario público, contrastan diciendo que esa es, hoy, tierra del Clan del Golfo, que fue controlada por las Autodefensas y que, al inicio de este conflicto por la pertenencia, fue objeto de codicia del EPL en los ochenta. Y aunque cambien los nombres de los grupos, siguen las mismas familias que han hecho de la guerra un negocio de padre a hijo, independientemente del membrete que carguen en los uniformes. Y esa familia es la Úsuga, del mismísimo alias Otoniel. En todo caso, a los beneficiarios y solicitantes, nadie puede quitarles el espíritu de obtener justicia y seguir teniendo fuerza para esperarla.
Asimismo, Salvatore Mancuso confirmó en entrevista a medios de comunicación que ese “terminar el proceso de paz” que no habría terminado Uribe Vélez se refiere a que, en realidad, los exjefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, serán gestores de paz. Según aseguró Mancuso, los diálogos están tan adelantados que, en cualquier momento, a partir de ahora, se podría anunciar oficialmente por el ejecutivo. A principio de año, alias Macaco fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato de líder sindical en Antioquia, en 2003. Jorge 40, por su parte, fue expulsado este año de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que fallara en su compromiso de aportar verdad. Mancuso, por su parte, se aferra a sus compromisos con el Ejecutivo y la Rama Judicial, y hoy le puso la cara a las víctimas de su tierra natal.
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