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Una visión tecnócrata del desarrollo dicta que, para mejorar la calidad de vida de las personas, reducir la pobreza e incrementar las oportunidades en una sociedad, se debe avanzar en un uso más extendido de la tecnología. Colombia ha ido entendiendo esto de a pocos y, en las últimas décadas, se ha avanzado en conectividad fija y móvil a internet, en la modernización de empresas, en la digitalización de empresas del Estado y en la infraestructura que soporta todos estos desarrollos.
Pero el camino hacia la transformación digital en el país ha sido, cuanto menos, accidentado; las regiones, las mujeres y los más pobres han quedado atrás, de ahí las brechas que todavía persisten.
Para la muestra un botón: de acuerdo con información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el cuarto trimestre de 2022, la penetración de internet fijo en hogares para los municipios con clasificación de rural disperso fue de 6 %, de 11,6 % en rural, de 25,8 % en ciudades intermedias y de 68 % en centros y aglomeraciones. El promedio nacional es de 50,7 %. ¿Qué hacer entonces para conectar a esa otra mitad del país?
Podría pensarse entonces que a Colombia le ha faltado una apuesta más humanizada en esta materia, o mejor, una visión más inclusiva de la conectividad, el aprovechamiento de datos, la digitalización de procesos y, más recientemente, el aprovechamiento de datos y la inteligencia artificial.
Este miércoles, el Gobierno presentó lo que pretende ser la hoja de ruta que seguirá el país en materia de digitalización: la Estrategia Nacional Digital. Un plan para que, desde la articulación de esfuerzos de las entidades públicas, se avance hacia la transformación digital. Pero convertir al país en una sociedad digital, como es una de las máximas de la estrategia, es una meta ambiciosa y esta hoja de ruta deja varias dudas de forma y fondo.
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Aterrizar la transformación digital
Varios países han adoptado lo que se ha denominado una “estrategia nacional digital” para coordinar las políticas públicas alrededor de la transformación digital, y Colombia se subió al bus este miércoles 7 de febrero.
El Ministerio de las TIC y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentaron la Estrategia Nacional Digital 2023-2026 que, más que un documento, es el plan que seguirán las diferentes entidades del Estado para aprovechar el potencial de los datos y las tecnologías digitales.
Dicha estrategia engloba las apuestas que el MinTIC, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre otras entidades, están haciendo en ocho ejes: conectividad, aprovechamiento de datos, seguridad y confianza digital, habilidades digitales y talento digital, inteligencia artificial, transformación digital pública, economía digital y sociedad digital.
De ahí que esta estrategia junte, en un solo plan, apuestas como el despliegue de puntos WiFi en regiones, la migración del Sisbén al Registro Único de Ingresos, la cédula digital, la creación de un gran centro de ciberseguridad (conocido como SOC), el hub para el desarrollo de la inteligencia artificial, el aprovechamiento de datos básicos y la interoperabilidad de estos y el fomento de una industria digital, entre un largo etcétera de casi 100 iniciativas.
Se trata entonces de crear una política pública coherente con los retos, oportunidades y aproximaciones que significa hacer de Colombia una sociedad digital; un enfoque más “sistémico”, si se quiere, de una transformación que contempla oportunidades y peligros en lo económico, lo social y lo ambiental.
“Esta estrategia facilitará la conversación con los diferentes actores nacionales e internacionales, impulsando las apuestas estratégicas del país en materia de transformación digital, fortaleciendo un entorno digital inclusivo, equitativo, seguro, productivo y sostenible”, explicó Saúl Kattan, consejero de Transformación Digital de la Presidencia de la República.
La Estrategia Nacional Digital 2023-2026 define a la transformación digital como un “proceso parte de un fin”, que es aprovechar los datos y las tecnologías digitales para hacer frente a los retos que tienen diferentes agentes de la sociedad. “Para que esto ocurra, es esencial promover un conjunto de habilitadores, entre ellos, conectividad digital, infraestructura de datos, confianza y seguridad digital, y habilidades y talento digital”.
En su documento de presentación, publicado por el DNP, se señala que en el pasado otros gobiernos habían diseñado programas importantes relacionados con conectividad, pero este es el “primer instrumento de política pública que integra todas las iniciativas de ministerios y departamentos administrativos con respecto a las diferentes dimensiones de la transformación digital”.
¿Es esta estrategia, en su fondo, tan novedosa como se presenta? Para Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, la Estrategia Nacional Digital 2023-2026 peca de continuista: “La estrategia, como la presentan, no parece ser un gran cambio frente a lo que venía antes. Profundiza en la línea de que hay que crear un gobierno digital y hacer que los trámites funcionen, que debe haber conectividad (…). Pero los planes son planes. Esta visión no es algo detallado y citan políticas anteriores y otras que están en curso. Son muchas propuestas y declaraciones de intenciones, pero esto habrá que verlo en la práctica y saber cómo se terminan ordenando las diferentes instituciones”.
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Los vacíos de la estrategia
Las conversaciones en torno a la digitalización casi siempre se dan en clave de oportunidad. Por ello, entre los anuncios de inversiones, programas y articulaciones, las problemáticas suelen quedar en un segundo plano. Lo cierto es que una política pública que acelere el uso de tecnologías no puede desconocer los riesgos y daños potenciales que traen consigo disrupciones como la inteligencia artificial y, si bien la Estrategia Nacional Digital contempla algunos, no hace un diagnóstico completo de las brechas existentes.
“Al plan le hace falta una visión más crítica, que era lo que se esperaba; un énfasis mucho más grande en problemas de brecha, por ejemplo, de etnia, de capacidades y discapacidades, de género. ¿Cuál es la posibilidad real de cerrar brechas? La estrategia deja la pregunta”, añade Castañeda.
Durante la presentación de la Estrategia Nacional Digital, el ministro TIC, Mauricio Lizcano llegó a referirse sobre el debate que trae el uso de datos por parte de la inteligencia artificial. Un asunto que ha hecho que muchos países vean con recelo esta tecnología y aboguen por una regulación que todavía no llega.
Y es que, hablando de uso de datos, dentro de las acciones de la Estrategia Nacional Digital resalta la puesta en marcha del Programa de Datos Básicos del Estado. De acuerdo con el DNP, este programa permitirá al país “aumentar la disponibilidad y calidad de registros de información claves para el diseño y focalización para la formulación de política social en Colombia”
Dicho programa será la base de apuestas como el Registro Único de Hogares (RUU), el Catastro Multipropósito o el Registro Único de Ingresos (que reemplazará al Sisbén). Palabras más, palabras menos, estas apuestan implican que las entidades públicas recopilen, almacenen y dispongan de datos de millones de colombianos, revaluando los límites que regulaciones como el habeas data ya habían definido.
“La estrategia dice que se van a explotar datos, pero no cómo hacemos para que las personas se apropien de los datos, no solo las instituciones. ¿Cómo hacemos para que esa explotación de datos le sirva a la gente? Lo vemos en los problemas de tierras, por ejemplo, donde no tenemos claro cómo hacer que esa información sirva para demandas de justicia. O también, cómo hacemos para que la información económica -algo en lo que está avanzando el DNP con el Registro Único de Ingresos- sirva también para una justicia tributaria”, señala el codirector de la Fundación Karisma.
Para Castañeda, esta hoja de ruta que presentó el Gobierno tiene claras las ventajas de tecnificar las entidades del Estado, pero omite en cómo esa tecnificación del Estado puede tener un impacto social.
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La Estrategia Nacional Digital, al menos en el papel, es consciente de este “lado oscuro” de una digitalización acelerada. Desde el Gobierno insisten en que es una política pública que no es estática y se irá actualizando en función de las necesidades en el uso y apropiación de tecnologías.
En esta línea, el ministro TIC anunció que en las próximas semanas se presentará un proyecto de ley relacionado con la recopilación de datos desde las entidades públicas.
“(El proyecto) consiste en que los datos sean producción de riqueza. Los datos los hemos visto desde el hábeas data, desde la protección de datos, pero nosotros tenemos diferentes datos. Datos que sirven para tomar decisiones, unos datos que sirven para producir riqueza y datos de los ciudadanos que hay que proteger. Pero hay que dividir esas clasificaciones. Lo que queremos es presentar un proyecto de ley para que los ministerios, el Gobierno, se obligue a producir datos para la toma de decisiones”, explicó Lizcano este miércoles.
Alcanzar 71,4 millones de conexiones a internet fijo o móvil a lo largo del país, como lo pretende el Gobierno actual, es hacer que los colombianos incorporen la tecnología en su vida diaria: en sus hogares, en su relación con las entidades públicas y en la forma en que se ganan su sustento. De ahí que el verdadero desafío, más allá de entregar computadores, instalar puntos WiFi o extender redes de fibra óptica, pueda estar en avanzar hacia un desarrollo centrado en el ser humano. Algo que no deben pasar por alto los actores detrás de esas 95 acciones de política pública incluidas en la Estrategia Nacional Digital 2023-2026. De entenderlo, podrían reducirse las distancias que separan a Colombia de una sociedad digital.
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