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Así de simple: Nariño es una de las regiones más biodiversas de Colombia, que a su vez es uno de los países más biodiversos del mundo. Un departamento en el que vienen a confluir las regiones andina, pacífica y amazónica, cuya población está repartida entre afros, indígenas y mestizos, con un fuerte intercambio cultural con Ecuador, país con el que limita por el sur. Tiene lagunas, playas, nevados, volcanes y selvas, pero también muchos problemas. Por ello urge una acción estatal para salir del histórico atraso en el que vive, de la crisis económica —agravada por el bloqueo en la vía Panamericana— y, cómo no, del asedio de los grupos armados ilegales.
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En palabras de Jhon Rojas, gobernador del departamento, la acción violenta de los ilegales que luchan por el control territorial para acceder a los recursos generados por los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal hacen necesaria la acción estatal.
En cuanto a las afectaciones socioeconómicas derivadas del bloqueo en Rosas, Cauca, reconoce que es el cuarto de una seguidilla de golpes que tienen al departamento en aprietos: primero vino la pandemia (2020), luego el estallido social, después el invierno y ahora los daños en la vía Panamericana, que dejan más de $2 billones en pérdidas a la región.
Rojas sabe que esa cifra se queda corta debido al alto subregistro. La canasta familiar está por las nubes y sigue habiendo problemas con fletes y otros costos de operación para el gremio transportador, muy importante en la zona. La ocupación hotelera en Semana Santa apenas llegó al 20 %, otro contundente reflejo de la crisis.
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¿Y cómo andan los principales indicadores económicos? Mal. La economía de la zona es informal, hay muy poco empleo de calidad y los proyectos públicos y privados de infraestructura sufrieron retrasos o suspensiones por los bloqueos de la vía, con lo cual volvieron a crecer el desempleo y la desaceleración de la economía.
Pasados ya ocho meses desde la posesión del presidente Gustavo Petro, en Pasto (y el resto de Nariño) le reconocen la voluntad de ayudar a la región, pero el gobernador Rojas enfatiza en que la gente reclama soluciones inmediatas e integrales para resolver la crisis. “Tenemos la confianza en que se dé inicio a proyectos que históricamente el departamento anhela y en los que insistimos porque representan oportunidades para la región”, le dijo a El Espectador.
Se refiere a iniciativas que, en realidad, no son nuevas y están contempladas en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que el Congreso está estudiando: desarrollo integral del puerto de Tumaco, acelerar la construcción de la variante San Francisco-Mocoa para tener otra opción de conexión con el centro del país, agro industrialización del campo, sustitución de cultivos de uso ilícito a través de inversión estratégica en la región, mejoramiento de la red vial terciaria del departamento (vital para la competitividad agrícola y turística) y consolidar la paz desde las regiones. En temas de conectividad, la doble calzada Pasto-Popayán es quizás el proyecto más importante para Nariño y el suroccidente del país, que lo necesitan hace mucho tiempo.
Dado que todas estas necesidades concretas toman su tiempo, el gobernador Rojas plantea que “es urgente que a través de la declaratoria de emergencia social y económica se dé alivio a la región con medidas inmediatas”. Está convencido de que por esta vía se logrará la reactivación económica y se podrán generar alivios tributarios, subsidios a la nómina y compras públicas, entre otras cosas.
Y es que resulta por lo menos contradictorio que las potencialidades de Nariño no puedan ser aprovechadas por pura y física desconexión con el resto del país. O porque los ilegales sí llegaron a la zona y están haciendo de las suyas, gracias al poder de las armas y el dinero de las economías criminales. Otro ejemplo: Nariño tiene tres patrimonios inmateriales de la humanidad declarados por la Unesco, pero hace falta infraestructura para recibir visitantes y formación profesional en turismo, incluido el bilingüismo.
La violencia, un problema que no termina
En Nariño hay 13 estructuras armadas ilegales. En 2022 hubo 417 homicidios, fueron asesinados 32 líderes sociales y se registraron 38 desplazamientos masivos, que afectaron a más de 23.000 personas. ¿Cómo resolver el problema? “Requerimos la intervención del Gobierno Nacional para garantizar el control de algunos territorios, hoy, en manos de estructuras armadas asociadas a economías ilegales como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal. Y necesitamos inversiones importantes para recuperar el tejido social, especialmente en el litoral pacífico y la subregión de la cordillera”, ratificó Rojas, quien recordó que, “dolorosamente, las mujeres, los menores de edad y la población étnica resultan ser los más violentados. Tal es el caso del pueblo indígena awa, hoy en riesgo de supervivencia”.
Nariño sigue expectante por el desarrollo del proceso de paz total promovido por el gobierno Petro. Para un territorio que ha sufrido como ningún otro las afectaciones derivadas del conflicto armado y las economías ilegales, son sumamente importante los avances en el logro de la paz. En 2023, los combates entre las estructuras armadas ilegales han disminuido y, en el caso concreto del ELN, lo que ha habido es más bien hostigamientos a la población civil, consistente incluso en instalación de banderas alusivas a este grupo guerrillero en algunas zonas rurales y urbanas, situación que genera zozobra en las comunidades.
Los grupos armados de origen paramilitar y las estructuras de disidencias de las FARC son los que han generado las mayores afectaciones por hechos victimizantes y alteraciones del orden público en el departamento. Son los que por esta época se disputan a sangre y fuego los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
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Por Élber Gutiérrez Roa
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