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Mientras en Bogotá se vive la tensión por la elección de la nueva fiscal general, en Cartagena los 32 gobernadores electos el pasado 29 octubre se reunieron por primera vez para definir una ruta común en su relación con el Gobierno. Según ellos mismos, aunque este primer mes de administración se les fue en la configuración de sus equipos, la búsqueda de recursos y la atención de los problemas locales, ya era hora de sentarse a discutir varios temas que estaban sobre la mesa.
Lo primero que resolvieron fue la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos, en la que quedó designado por un año Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Aunque la decisión no tuvo mayor problema, algunos como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, votaron en blanco porque, como lo señaló él, “no había una mejor opción”. La posición que ocupará Amaya es importante porque desde ésta tendrá que representar a los gobernadores ante el presidente y las diferentes instancias del Estado.
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Aunque aún no se ha confirmado si el presidente Gustavo Petro asistirá al cierre de la cumbre, que se hará mañana viernes, este jueves los gobernadores plantearon sus objetivos y acordaron presentarle una propuesta clara y contundente al mandatario. Según el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, la primera puja será la del aumento a las transferencias que se hacen los departamentos, a través de una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
“Ese es el principal reto que tenemos, aumentar los recursos, tenemos que pasar de la discusión vacía de la descentralización a una solución real de recursos. Tenemos que recuperar progresivamente la participación de los ingresos corrientes de la Nación en los giros a los departamentos”, dijo Carlos Amaya.
Varios gobernadores señalaron que la negociación arrancará con la propuesta de volver al 47 % de participación de la Nación en las transferencias. Sin embargo, según explicaron, la idea es ir más allá, pues los departamentos no quieren depender más de recursos provenientes de los licores, el tabaco y los juegos de azar.
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En medio de este reclamo, los gobernadores recibieron el respaldo de dos figuras claves que en los últimos meses han chocado con el gobierno Petro: el presidente del Senado, Iván Name, y la procuradora general, Margarita Cabello. De hecho, Name ya avanza por su cuenta en un proyecto de reformas autonómicas y manifestó su apoyo a otras iniciativas que promuevan la descentralización.
Por su parte, la procuradora les dijo que cuentan con ella para “defender la autonomía de los territorios” en beneficio de las comunidades. A ellos se suman los gobernadores Eduardo Verano (Atlántico) y Andrés Julián Rendón (Antioquia), éste último con una postura más crítica del Gobierno desde que le quitaron a su departamento la autonomía minera.
Algunos gobernadores prefirieron hacer una salvedad y señalar que al pedir más recursos y autonomía no buscan saltarse al Gobierno ni desatender las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
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Desde el Gobierno, los encargados de responder a este primer envión fueron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz; y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. Aunque todos se mostraron dispuestos a conversar y a impulsar el debate, varios gobernadores comentaron en voz baja que la última palabra la tiene Petro, por lo que estarán muy atentos de su llegada a Cartagena.
Desde la Casa de Nariño no han confirmado si el presidente tiene pensado viajar. A principios de semana algunas fuentes aseguraron que era poco probable teniendo en cuenta que está enfocado en el tema de las marchas y las reuniones con delegación internacional de alto nivel, todo esto en el marco de su reclamo por el cambio de dirección en la Fiscalía.
Versiones opuestas sobre la “paz total”
Los diálogos del Gobierno con grupos armados siguen generando opiniones encontradas entre los gobernadores. Aunque ellos mismos descartan que se trate de un tema que los divida o los desvíe de su propósito de conseguir más recursos, reconocen que hay un grupo que “no le jala” a la apuesta de paz del presidente.
En cabeza de este sector se mantienen los gobernadores Andrés Julián Rendón y Juvenal Díaz, quien le dijo a El Espectador que el Gobierno falló una vez más al extender un cese al fuego con el ELN, cuando, según él —Díaz es general en retiro del Ejército— lo conveniente sería decretar un cese de hostilidades que no limite las capacidades de la fuerza pública.
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Sin embargo, en la otra esquina hay un grupo de gobernadores de departamentos con alta presencia de grupos armados que comparten plenamente la apuesta de la “paz total”; de hecho, algunos de ellos aseguran que ya están avanzando en los diálogos regionales con los actores armados que han expresado su intención de dejar las armas.
Dos de los más activos en este sentido son Luis Alfonso Escobar (Nariño) y Jorge Octavio Guzmán (Cauca), quienes le dijeron a este diario que, además de su respaldo a los diálogos, le pedirán al presidente traducir sus intenciones de paz en inversiones y programas que impacten positivamente sus regiones.
A pesar de los desencuentros en este tema, los gobernadores consultados por este diario coinciden en que esta primera cumbre, en el fondo, busca dejarle claro al Gobierno que están unidos en pro del desarrollo regional. Algunos confían en que la cercanía entre Amaya y varios funcionarios de la Casa de Nariño pavimente el camino y les permita, por lo menos el primer año, tener un canal directo con el presidente.
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