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“Esta mesa técnica se convirtió en una mesa de juzgamiento”. Eso le dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a tres magistrados de la Corte Constitucional que lo citaron este lunes 13 de abril a una sesión técnica. En ella se discutió, dentro de otras cosas, qué tanto ha cumplido el jefe de la cartera con las órdenes impartidas por el alto tribunal sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dinero que el Estado entrega anualmente para la atención de cada afiliado al sistema de salud. El alto funcionario apuntó a que el tema en la Corte en su contra es más político que técnico, pero defendió su gestión.
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Por su parte, la Fiscalía y Procuraduría apuntaron a que la crisis es mucho más antigua que esta administración, mientras que los pacientes y gremios explicaron su urgencia por ajustar los pagos. Desde las ocho en punto de la mañana Jaramillo estuvo en la sala de audiencias respondiendo a los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo y Carlos Camargo las preguntas que tenían sobre cómo el gobierno está calculando actualmente la UPC y si está siguiendo los parámetros y criterios fijados por el alto tribunal. O si por el contrario seguía basándose solamente en fórmulas internas o en la inflación, que es como han hecho las cuentas en los últimos años.
La sesión era tan clave que fueron citados 28 intervinientes incluyendo a altos funcionarios del gobierno, autoridades del sector salud y entes de control. Al inicio de la sesión, Jaramillo habló por primera vez y dejó clara su perspectiva: el cálculo está bien hecho y el dinero es suficiente. Según le dijo el jefe de la cartera a la Corte, el problema por el que, según él, pareciera que el dinero no alcanza es por lo que él llama un mal manejo de recursos por parte de actores del sistema. “Aquí lo que falta es eficiencia por parte de los aseguradores. Queda claro que hemos cumplido todos los mandatos de la Corte”, señaló. Jaramillo aprovechó ese primer momento para asegurar que hay una confabulación entre los gremios para exigir que se aumentara notablemente la UPC año tras año sin que haya una necesidad real.
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Dentro de los intervinientes en la audiencia estaba el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, quien apoyó el trabajo que viene haciendo su compañero de gabinete para calcular la UPC, a pesar de que el sistema de salud afronta deudas que no puede pagar todavía. De pasó, aprovechó para decir que la emergencia económica declarada por el gobierno nacional en diciembre pasado hubiera ayudado a mejorar las cuentas. “El fin de la emergencia económica era justamente acceder a recursos para atender esta necesidad que la Corte Constitucional nos estaba estableciendo y que tiene un costo de COP 3,4 billones”, dijo el ministro Ávila.
A su turno, la Procuraduría, representada por la procuradora Mónica Andrea Ulloa, sostuvo que “el sistema enfrenta hoy, pero también desde atrás, problemáticas que comprometen la sostenibilidad del flujo de recursos y la confianza entre sus actores. Esta problemática responde, entre otras, a deficiencias estructurales que han impedido contar con una estimación técnica, confiable y suficiente para la UPC”. Para el Ministerio Público, sigue sin haber respuestas y datos claros, que “inciden de manera directa en la adecuada información de los costos reales del sistema”. Según la procuradora, el ente de control ha encontrado en las EPS “no solo problemas de índole administrativo, sino también jurídico y financiero”.
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Por esa misma línea que apuntó a la falta de datos y transparencia estuvo la Fiscalía. Según expuso el fiscal Jairo Alberto Giraldo, el ente investigador tiene desde hace 10 años un grupo especializado para hacer seguimiento a posibles delitos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud. En la última década, explicó, “se ha podido evidenciar la defraudación al sistema a través de los recursos parafiscales que son otorgados a cada una de las empresas promotoras de salud” y agregó que “las EPS no han realizado el reporte de sus afiliados que han fallecido, lo que les ha permitido recibir más recursos de la parafiscalidad”. Además, aseguró que “se ha podido evidenciar una alteración de la información de sus usuarios para obtener mayores recursos”.
Para el ente investigador, se han identificado conductas “que han generado una apropiación o una desviación o un uso irregular de la UPC” por parte de las EPS. Además, que con esas acciones ilegales “se puede afirmar, sin temor a duda, que impactan ostensiblemente en la disponibilidad real de los recursos que son destinados a la prestación de servicio de salud”. Sin embargo, dijo, “no se puede afirmar que ese impacto real pueda entenderse como una insuficiencia de la UPC. En efecto, no hay controles o no se han ejercido esos controles de vigilancia e inspección con respecto a cada uno de los actores del sistema general de seguridad social y salud”. Sin embargo, otros intervinientes consideraron que las fallas sí vienen por el trabajo del ministro.
Por ejemplo, el director del observatorio Así Vamos en Salud, Augusto Galán, exministro de Salud, señaló que las medidas adoptadas para el cumplimiento de las órdenes de la Corte no han sido suficientes para recuperar la falla estructural. Aseguró que el Ejecutivo no está teniendo en cuenta ni siquiera la información de las EPS que tiene intervenidas, pues de las nueve que cuentan con esa medida actualmente, solo se tuvo en cuenta la información de dos de ellas. Por su parte, Jorge Gutiérrez, líder de Gestarsalud, gremio que reúne a tres EPS del régimen subsidiado, dijo que “durante el periodo 2021 a 2025, los reconocimientos por concepto de UPC liquidados a favor de las EPS del régimen subsidiado han resultado insuficientes frente a las necesidades reales de financiación”.
Para él, “esto se explica por los ajustes de la prima realizados mediante extrapolaciones del régimen contributivo, los cuales no incorporan adecuadamente la información ni el comportamiento de la siniestralidad propio del régimen subsidiado”. Al final de la jornada, Jaramillo volvió a ser cuestionado por los magistrados, pero el alto funcionario aprovechó para manifestar su inconformidad con la convocatoria, pues, para él “los gremios construyeron esta historia en décadas y hoy me quieren hacer responder a mí por una situación que no me corresponde. Utilizamos los mecanismos que nos han dado durante todos estos 20 años, y cuando los utilizamos entonces estamos incumpliendo ante la Corte. Yo no puedo entender eso”.
El ministro hizo énfasis en que los entes de control, “como la Fiscalía y la Procuraduría expusieron que no se han identificado conductas de uso irregular de la UPC. Esto no puede tomarse como una insuficiencia de la UPC, lo dice la Fiscalía. En cambio, los otros actuarios han permitido un fraude permanente a la UPC”. Sin embargo, la última palabra sobre si el alto funcionario ha cumplido o no con las órdenes y sobre si los cálculos de la UPC están bien hechos o deben aplicarse otras fórmulas la tiene la Sala de Revisión. El magistrado Camargo ahora tendrá que evaluar todo lo expuesto en la sesión de este 13 abril y así definir, con el visto bueno de los magistrados Polo y Fernández, si levanta el desacato contra Jaramillo o lo sanciona con medidas que, incluso, podrían incluir días de cárcel.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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