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Al tiempo que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia adelantaba otra sesión para la elección de la nueva fiscal general, este jueves 8 de febrero sobre las 9:00 a.m., unas 1.500 personas se concentraron frente al Palacio de Justicia para exigir una pronta selección, después de las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta “ruptura institucional” y la posible demora del proceso. Las protestas, que iniciaron de forma pacífica, se intensificaron aproximadamente a las 2:00 p.m. y el propio jefe de Estado tuvo que ordenar la intervención de la Policía para contener los disturbios, que obstruyeron la salida de funcionarios de la Corte y magistrados del edificio.
La expectativa de los sectores políticos y organizaciones sociales estuvo sobre la elección de una de las tres mujeres que componen la terna enviada por el presidente en octubre de 2023, conformada por Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo. Pasadas las 11:00 a.m., cuando se confirmó que ninguna de ellas alcanzó los 16 votos necesarios, los manifestantes en el centro de Bogotá intentaron forzar las puertas de la Corte Suprema, a la altura de la calle 12 con 8.ª, desencadenando fuertes disturbios que requirieron la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
El director del DAPRE, Carlos Ramón Gonzáles, tuvo que aclarar que “no hubo ninguna manifestación autorizada en contra de la Corte, y mucho menos para bloquear su actividad libre y su ejercicio independiente y soberano”. Por esta razón, Petro habría dialogado con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y otros sindicatos, un día antes, para dirigir sus protestas a otro lugar.
Efectivamente, las organizaciones sociales se congregaron desde las 8:00 a.m. frente al Búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para rechazar la inspección judicial realizada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema a la federación, el pasado 22 de enero, con relación a la investigación sobre la presunta donación de $500 millones de pesos destinados a la campaña y que ingresaron a las cuentas del partido Colombia Humana.
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Aun así, los actos disruptivos generados por un grupo de ciudadanos en el centro fueron interpretados entre diversos sectores como una presión directa al poder judicial y de desestabilización democrática. Incluso, Gonzáles se mantuvo en que los ciudadanos que causaron los disturbios serían “infiltrados que provocaron unos eventos que no son precisamente los deseos del Gobierno”. Esta misma opinión fue compartida por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien dijo que hubo “saboteadores” con la intención de crear “un supuesto intento de tomar la Corte (…). Querían hacer creer que se estaba reviviendo la historia de 1985, pero el M-19 ya no existe como organización insurgente”.
Después de que se asegurara la libre circulación de funcionarios y magistrados alrededor de las 6:00 p.m., Petro sostuvo una reunión con la cúpula militar para analizar la situación. El presidente indicó que “el general Salamanca, director de la Policía, ingresó sin contratiempos al Palacio de Justicia y escuchó de los magistrados que no deseaban desalojos violentos; todos ellos salieron en sus vehículos sin encontrar obstrucciones”. Sin embargo, a ojos de la oposición, los acontecimientos habrían sido provocados por el primer mandatario. La senadora Paloma Valencia instó a Petro a “llamar a la calma”. A pesar de que Petro sí convocó la movilización popular en su cuenta de X, este jueves la Casa de Nariño se desmarcó y pidieron “expresarse con decencia”.
Las manifestaciones dejaron una jornada tensa y hostil, el mismo día en el que el gobierno Petro recibió al Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por representantes de los miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido), para hablar sobre la implementación del Acuerdo de Paz y los desafíos de la política de “Paz Total”. Después de esa reunión también se emitió el decreto mediante el cual el Gobierno aceptó formalmente la suspensión del canciller Álvaro Leyva y nombró, de manera provisional, al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, como su reemplazo. Esta suspensión fue uno de los acontecimientos que fortaleció las marchas y el discurso de “desestabilización”.
Los pedidos de los afines a Petro
Oficialmente, las protestas convocadas por organizaciones sociales se concentraron a las afueras del Búnker de la Fiscalía, después de que a último momento, el miércoles, Fecode modificara el lugar de reunión. A esta convocatoria se unieron otros grupos, entre los que estuvo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras diez organizaciones, incluidos los partidos políticos que forman parte del Pacto Histórico, como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Unión Patriótica (UP). “¡Fuera Barbosa!” y “¡Fuerza Petro!” fueron las arengas.
“Para el magisterio y el movimiento sindical en su conjunto, es crucial que la Fiscalía comprenda la necesidad de cumplir con la ley y la Constitución. La población busca tranquilidad y no puede permitirse la politización de la justicia. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo”, le dijo a El Espectador el presidente de Fecode, Domingo Ayala. Respecto al supuesto ingreso de una donación de $500 millones a la campaña presidencial, afirmó que no tienen nada que ocultar y que la Fiscalía no “debía llevar a cabo esa exhibición. Si necesitaban información, podrían haberla solicitado. No había necesidad de realizar un allanamiento”.
Por su parte, el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, fue más enfático en el discurso del presidente Petro sobre el “golpe blando” y señaló a este diario que “el fiscal se ha dedicado a hacer oposición al gobierno y lo está investigando con atribuciones que no posee. Nosotros repudiamos esa intención de querer desestabilizar, al igual que lo hacen otras facciones de la extrema derecha”.
Además, Arias recalcó que la única entidad con competencias para investigar al presidente es la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, que efectivamente ya está llevando a cabo una investigación. Incluso, el 7 de enero, esta Comisión escuchó el testimonio de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, quien solicitó a dicho órgano que su testimonio no fuera considerado por la Fiscalía. Después de casi cuatro horas de declaración de Petro Burgos, la Comisión decidió citar nuevamente hasta que se resolviera la solicitud del hijo del jefe de Estado. Pese a su inoperancia, por su naturaleza política, la preocupación de las organizaciones radica en que esa célula “siempre ha estado del lado de la derecha. Puede pasar que ahora sí quiera ser acusadora y lo haga con un gobierno elegido democráticamente y obviamente, de izquierda”.
Así las cosas, insistieron en la posibilidad de un juicio político, aunque para eso aún falte trecho, ya que esa Comisión hasta ahora se encuentra en la fase de indagación y recopilación de pruebas, y ni siquiera ha iniciado una investigación formal.
De lo que el Congreso sí deberá ocuparse próximamente es de la discusión de las reformas sociales. El próximo 16 de febrero se reanudarán las sesiones ordinarias y la reforma al sistema de salud tendrá su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La presidenta de esa comisión, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, -quien estuvo presente en las huelgas- afirmó que “esto no es una reforma impulsada por Petro, necesitamos considerar las distintas propuestas” y anunció una “gran audiencia pública en Bogotá”.
Así pues, el Estado atraviesa una intensa tensión, que atraviesa a los tres poderes públicos e incluso se ha elevado al ámbito internacional. Este jueves, los representantes del Pacto Histórico, Alejandro Toro y Ocampo, se reunieron con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y presentaron denuncias y alertas sobre la supuesta desestabilización de la democracia en Colombia ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
En un comunicado, la OEA ya solicitó “el respeto al Estado de Derecho, como base fundamental para la paz y la estabilidad del país”, y destacó “la importancia crucial de designar un nuevo fiscal general”.
Ante la fallida sesión de la Corte, la vicefiscal Martha Mancera asumirá el cargo de forma interina, y se espera que el próximo 22 de febrero, es decir, 10 días después de la salida de Barbosa, la Corte se vuelva a reunir para tomar una decisión definitiva.
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Por Laura Duarte Sandoval
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